La anulación del Parlamento abre fisuras en el chavismo
La fiscal general de Venezuela denuncia la “ruptura del orden constitucional”
Alfredo Meza
Caracas, El País
Dos días después del autogolpe perpetrado por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela se abre una pequeña grieta en la coalición oficial. La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, ha confirmado este viernes los rumores que daban cuenta de sus amplias diferencias con la clase gobernante para dar un salto hacia el vacío. La sentencia del Supremo que deja sin poder al Parlamento, de mayoría opositora, ha sido rechazada por la fiscal porque constituye, asegura, "una ruptura del orden constitucional". Las fuerzas de seguridad han reprimido mientras tanto las protestas callejeras que reclamaban elecciones.
Las palabras de Ortega Díaz provocaron la sorpresa en muchos sectores que aún la consideraban una estrecha aliada del chavismo, pero no causaron ningún asombro en muchos otros. Su declaración fue la confirmación de que disolver el Parlamento y liquidar la inmunidad parlamentaria ha sido el empujón definitivo para que el chavismo descontento con la deriva dictatorial de Maduro confirme en público lo que desde hace varios meses murmura en privado. La fiscal general quiso realzar el valor de sus declaraciones al calificarlas como "un deber histórico ineludible".
La fiscal fue electa por primera vez en diciembre de 2007 cuando el chavismo controlaba el Parlamento, y fue ratificada en su cargo siete años después, poco antes de que el régimen perdiera el control de la Asamblea a manos de la oposición. Con sus decisiones, Ortega Díaz dio soporte al Gobierno de Hugo Chávez para avanzar en la consolidación de un poder que no enfrentó contrapeso alguno. Pero desde hace un año comenzó a cuestionar las versiones del Ejecutivo. Entonces, durante la masacre de Tumeremo, un poblado de vocación minera en el sureste de Venezuela, su despacho desmontó la versión oficial que descartaba la ejecución extrajudicial de 16 mineros. Ese soterrado conflicto se ha plasmado también en la flagrante desobediencia de la policía, dependiente del Ejecutivo, cuando se ha negado a liberar a varios detenidos que contaban con una orden fiscal favorable.
El anuncio coloca a la fiscalía en una inédita posición independiente que no tenía desde que Hugo Chávez llegó al poder en 1999. Todavía está por verse la reacción del régimen, que, salvo excepciones, se ha mantenido a la expectativa y aún cuenta con el apoyo tácito del Poder Electoral, de la Defensoría del Pueblo y de la Contraloría General de la República, restantes integrantes del Poder Ciudadano. Este es uno de los poderes que conforma el Poder Público Nacional junto al Legislativo, el Ejecutivo, el Judicial y el Poder Electoral de los ciudadanos.
Han sido contadas las declaraciones oficiales desde que el Supremo asumió las competencias del Legislativo y la mayoría han corrido por cuenta de la canciller, Delcy Rodríguez. En un comunicado difundido el jueves, el Ministerio de Relaciones Exteriores condenó "la arremetida de los Gobiernos de la derecha intolerante y proimperialista de la región, dirigidos por el Departamento de Estado y los centros de poder estadounidenses".
Presión internacional
El régimen, sometido a una brutal presión internacional para que rectifique, intenta unificar las posiciones del cuerpo diplomático y del Tribunal Supremo de Justicia para dar a conocer los detalles de la sentencia. La cita, pautada para el mediodía de ayer en Venezuela, fue pospuesta hasta nuevo aviso, afirmaron a EL PAÍS fuentes cercanas a los embajadores convocados. El chavismo intenta transmitir la idea de que la usurpación de funciones del Parlamento se mantendrá mientras persista el desacato del Parlamento a las decisiones del máximo tribunal de la República.
Las Fuerzas Armadas, mientras tanto, se mantienen a la expectativa. La Guardia Nacional Bolivariana (cuerpo de policía militarizada) ha reprimido las pequeñas y espontáneas concentraciones que reclaman la restitución del Parlamento y una salida electoral a la crisis de Venezuela. Es la palabra que todo el mundo espera. Lo espera el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, que a través de Periscope apuntó: "La posición de la fiscal debe ser respaldada por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Es así como se quiebran las dictaduras, es así cuando caen los Gobiernos dictatoriales". Del pronunciamiento de los oficiales dependerá la consolidación de un régimen sin Parlamento o el comienzo de una nueva era.
Caracas, El País
Dos días después del autogolpe perpetrado por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela se abre una pequeña grieta en la coalición oficial. La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, ha confirmado este viernes los rumores que daban cuenta de sus amplias diferencias con la clase gobernante para dar un salto hacia el vacío. La sentencia del Supremo que deja sin poder al Parlamento, de mayoría opositora, ha sido rechazada por la fiscal porque constituye, asegura, "una ruptura del orden constitucional". Las fuerzas de seguridad han reprimido mientras tanto las protestas callejeras que reclamaban elecciones.
Las palabras de Ortega Díaz provocaron la sorpresa en muchos sectores que aún la consideraban una estrecha aliada del chavismo, pero no causaron ningún asombro en muchos otros. Su declaración fue la confirmación de que disolver el Parlamento y liquidar la inmunidad parlamentaria ha sido el empujón definitivo para que el chavismo descontento con la deriva dictatorial de Maduro confirme en público lo que desde hace varios meses murmura en privado. La fiscal general quiso realzar el valor de sus declaraciones al calificarlas como "un deber histórico ineludible".
La fiscal fue electa por primera vez en diciembre de 2007 cuando el chavismo controlaba el Parlamento, y fue ratificada en su cargo siete años después, poco antes de que el régimen perdiera el control de la Asamblea a manos de la oposición. Con sus decisiones, Ortega Díaz dio soporte al Gobierno de Hugo Chávez para avanzar en la consolidación de un poder que no enfrentó contrapeso alguno. Pero desde hace un año comenzó a cuestionar las versiones del Ejecutivo. Entonces, durante la masacre de Tumeremo, un poblado de vocación minera en el sureste de Venezuela, su despacho desmontó la versión oficial que descartaba la ejecución extrajudicial de 16 mineros. Ese soterrado conflicto se ha plasmado también en la flagrante desobediencia de la policía, dependiente del Ejecutivo, cuando se ha negado a liberar a varios detenidos que contaban con una orden fiscal favorable.
El anuncio coloca a la fiscalía en una inédita posición independiente que no tenía desde que Hugo Chávez llegó al poder en 1999. Todavía está por verse la reacción del régimen, que, salvo excepciones, se ha mantenido a la expectativa y aún cuenta con el apoyo tácito del Poder Electoral, de la Defensoría del Pueblo y de la Contraloría General de la República, restantes integrantes del Poder Ciudadano. Este es uno de los poderes que conforma el Poder Público Nacional junto al Legislativo, el Ejecutivo, el Judicial y el Poder Electoral de los ciudadanos.
Han sido contadas las declaraciones oficiales desde que el Supremo asumió las competencias del Legislativo y la mayoría han corrido por cuenta de la canciller, Delcy Rodríguez. En un comunicado difundido el jueves, el Ministerio de Relaciones Exteriores condenó "la arremetida de los Gobiernos de la derecha intolerante y proimperialista de la región, dirigidos por el Departamento de Estado y los centros de poder estadounidenses".
Presión internacional
El régimen, sometido a una brutal presión internacional para que rectifique, intenta unificar las posiciones del cuerpo diplomático y del Tribunal Supremo de Justicia para dar a conocer los detalles de la sentencia. La cita, pautada para el mediodía de ayer en Venezuela, fue pospuesta hasta nuevo aviso, afirmaron a EL PAÍS fuentes cercanas a los embajadores convocados. El chavismo intenta transmitir la idea de que la usurpación de funciones del Parlamento se mantendrá mientras persista el desacato del Parlamento a las decisiones del máximo tribunal de la República.
Las Fuerzas Armadas, mientras tanto, se mantienen a la expectativa. La Guardia Nacional Bolivariana (cuerpo de policía militarizada) ha reprimido las pequeñas y espontáneas concentraciones que reclaman la restitución del Parlamento y una salida electoral a la crisis de Venezuela. Es la palabra que todo el mundo espera. Lo espera el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, que a través de Periscope apuntó: "La posición de la fiscal debe ser respaldada por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Es así como se quiebran las dictaduras, es así cuando caen los Gobiernos dictatoriales". Del pronunciamiento de los oficiales dependerá la consolidación de un régimen sin Parlamento o el comienzo de una nueva era.
