El fiscal general de EEUU redobla la amenaza a las ‘ciudades santuario’
El ultraconservador Sessions abre hostilidades contra quienes se resisten a las deportaciones masivas
J.M.AHRENS
Washington, El País
La batalla por la inmigración ha empezado en Estados Unidos. El fiscal general, el ultraconservador Jeff Sessions, ha amenazado a las ciudades santuario con un recorte de 4.000 millones de dólares en fondos federales por proteger a los sin papeles y negarse a colaborar con la Administración Trump. En un país con 11 millones de irregulares, la mitad mexicanos, la advertencia supone la apertura de hostilidades contra quienes, como los alcaldes de Los Ángeles, Chicago, Nueva York o Washington, rechazan sumarse a la campaña de miedo en la que se ha embarcado el presidente.
"Cuando las ciudades y los Estados se niegan a ayudarnos a cumplir nuestras leyes, nuestro país es menos seguro. Esas políticas no pueden continuar. No deportar a los inmigrantes que han sido condenados por crímenes pone a todas nuestras comunidades en riesgo”, afirmó Sessions.
Sus palabras, hechas pública desde la Casa Blanca, suponen una escalada en un conflicto de profundas raíces ideológicas. Empujado por su xenofobia, basada en la identificación entre crimen e inmigración, el Gobierno de Trump ha endurecido hasta límites insospechados la presión contra los indocumentados.
En febrero pasado amplió el espectro de la persecución a casi todos los sin papeles. En unas polémicas directrices al departamento de Seguridad Nacional establecía la contratación de 15.000 nuevos agentes, aumentaba las competencias de los funcionarios y extendía la posibilidad de aplicar las expulsiones inmediatas a la mayor parte de los irregulares. “Todos aquellos que violen las leyes de inmigración pueden ser sujetos de los nuevos procedimientos, incluyendo la expulsión de Estados Unidos”, señalaba la orden.
Desde entonces, los golpes (y el pánico de los afectados) han ido en aumento. La semana pasada, la policía de inmigración publicó un informe en el que daba cuenta de todas las peticiones de entrega de indocumentados a las que se habían negado las autoridades locales. A esta lista negra, la Fiscalía General añadió un comunicado que calificaba la conducta de las ciudades santuario de “amenaza para la seguridad pública”. “Es inaceptable que algunas jurisdicciones se nieguen a cooperar con la policía federal y liberen a extranjeros criminales de vuelta en nuestras comunidades cuando la ley exige que sean deportados. Utilizaremos toda la autoridad legal (…) para exigir responsabilidades a las jurisdicciones que conscientemente violan la ley federal”.
Ahora, el fiscal general ha dado un nuevo paso. Ha cifrado en 118 las localidades disidentes y ha dado el nombre de los primeros díscolos que serán castigados, como Boston, Cambridge, Somerville, Northampton y Amherst. Es el inicio de la ofensiva. Una batalla que él mismo, un conocido halcón, liderará en cumplimiento de las promesas electorales de Trump.
Washington, El País
La batalla por la inmigración ha empezado en Estados Unidos. El fiscal general, el ultraconservador Jeff Sessions, ha amenazado a las ciudades santuario con un recorte de 4.000 millones de dólares en fondos federales por proteger a los sin papeles y negarse a colaborar con la Administración Trump. En un país con 11 millones de irregulares, la mitad mexicanos, la advertencia supone la apertura de hostilidades contra quienes, como los alcaldes de Los Ángeles, Chicago, Nueva York o Washington, rechazan sumarse a la campaña de miedo en la que se ha embarcado el presidente.
"Cuando las ciudades y los Estados se niegan a ayudarnos a cumplir nuestras leyes, nuestro país es menos seguro. Esas políticas no pueden continuar. No deportar a los inmigrantes que han sido condenados por crímenes pone a todas nuestras comunidades en riesgo”, afirmó Sessions.
Sus palabras, hechas pública desde la Casa Blanca, suponen una escalada en un conflicto de profundas raíces ideológicas. Empujado por su xenofobia, basada en la identificación entre crimen e inmigración, el Gobierno de Trump ha endurecido hasta límites insospechados la presión contra los indocumentados.
En febrero pasado amplió el espectro de la persecución a casi todos los sin papeles. En unas polémicas directrices al departamento de Seguridad Nacional establecía la contratación de 15.000 nuevos agentes, aumentaba las competencias de los funcionarios y extendía la posibilidad de aplicar las expulsiones inmediatas a la mayor parte de los irregulares. “Todos aquellos que violen las leyes de inmigración pueden ser sujetos de los nuevos procedimientos, incluyendo la expulsión de Estados Unidos”, señalaba la orden.
Desde entonces, los golpes (y el pánico de los afectados) han ido en aumento. La semana pasada, la policía de inmigración publicó un informe en el que daba cuenta de todas las peticiones de entrega de indocumentados a las que se habían negado las autoridades locales. A esta lista negra, la Fiscalía General añadió un comunicado que calificaba la conducta de las ciudades santuario de “amenaza para la seguridad pública”. “Es inaceptable que algunas jurisdicciones se nieguen a cooperar con la policía federal y liberen a extranjeros criminales de vuelta en nuestras comunidades cuando la ley exige que sean deportados. Utilizaremos toda la autoridad legal (…) para exigir responsabilidades a las jurisdicciones que conscientemente violan la ley federal”.
Ahora, el fiscal general ha dado un nuevo paso. Ha cifrado en 118 las localidades disidentes y ha dado el nombre de los primeros díscolos que serán castigados, como Boston, Cambridge, Somerville, Northampton y Amherst. Es el inicio de la ofensiva. Una batalla que él mismo, un conocido halcón, liderará en cumplimiento de las promesas electorales de Trump.
