Denuncian a Argentina ante la CIDH por nueva ley migratoria
Bolivia protestó en contra de esta norma que endurecía el control migratorio.
AFP / Washington
Diversas entidades de la sociedad civil denunciaron este lunes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que la nueva legislación migratoria adoptada en Argentina fomenta la xenofobia, la intolerancia y el "racismo institucional".
Entidades ligadas a la colectividad de inmigrantes argentinas afirmaron que la nueva normativa, en vigencia desde enero de este año, es una tentativa de establecer una relación entre el fenómeno migratorio y el aumento de casos de violencia urbana.
"Nos utilizan para resolver el problema de la inseguridad. Somos el 4,5% de la población del país; es ofensivo y humillante que nos atribuyan responsabilidad por la delincuencia", dijo Marta Guerreño, de la Unión de Colectividades de Inmigrantes de Córdoba (UCIC).
En la visión de Guerreño, argentina de origen paraguayo, "exponernos al brote xenófobo es indigno".
Por su parte, Nengumbi Sukama, del Instituto Argentino para la Igualdad, la Diversidad y la Integración (IARPIDI), apuntó que la nueva legislación para inmigrantes termina por impulsar inclusive el racismo contra personas llegadas desde países africanos.
"Argentina está ahora haciendo lo contrario de lo sugerido por entidades como las Naciones Unidas: en vez de combatir el racismo, lo está promoviendo", afirmó Sukama, argentino de origen congolés.
En respuesta, el secretario argentino de Derechos Humanos, Claudio Avruj, dijo en la audiencia que Argentina es "un país de puertas abiertas, y el inmigrante que llega y respeta a las normas, lejos de ser un problema, nos fortalece".
"No se trata de perseguir migrantes. La nacionalidad de quien delinque no es parte del debate. Controlar el ingreso y residencia de los inmigrantes es también parte de los derechos humanos", dijo el funcionario.
En tanto, el director nacional de Migraciones, Horacio García, afirmó en la audiencia que Argentina tendría condiciones de recibir a "40 millones de inmigrantes".
La CIDH, que realiza en Washington su 161º período de audiencias públicas, había convocado de oficio esta reunión ante la "preocupación" por las modificaciones introducidas por decreto en una normativa que consideraba "modelo" para el continente.
El Ejecutivo del presidente Mauricio Macri aceleró los procesos de expulsión en caso de delitos y de ingreso clandestino de extranjeros, según un decreto publicado a finales de enero, que generó evidente malestar en los gobiernos de Paraguay y Bolivia.
Sindicalistas perseguidos
Otra audiencia de la CIDH este lunes discutió denuncias de criminalización de la protesta social en la provincia argentina de Jujuy, en el noroeste del país. Para Horacio Verbitsky, del Centro de Estudio Legales y Sociales (CELS), existe en esa provincia una "intolerable situación de persecución" de sindicalistas y organizaciones sociales que realizan protestas.
En tanto, el fiscal de la provincia, Mariano Miranda, alegó que las autoridades apenas hacen uso del código de Contravenciones vigente, un instrumento que, según los gremios, precisamente es usado como forma de represalia contra la protesta social. "Nunca se ha hostigado a referentes sociales", dijo Miranda.
El caso de la activista Milagro Sala, arrestada en Jujuy desde enero de 2016, fue mencionado apenas tangencialmente, ya que la propia CIDH analiza un pedido de medida cautelar para su caso. La CIDH debe realizar en mayo una visita a Argentina y especialmente a la provincia de Jujuy para analizar personalmente el caso de Sala.
Diversas entidades de la sociedad civil denunciaron este lunes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que la nueva legislación migratoria adoptada en Argentina fomenta la xenofobia, la intolerancia y el "racismo institucional".
Entidades ligadas a la colectividad de inmigrantes argentinas afirmaron que la nueva normativa, en vigencia desde enero de este año, es una tentativa de establecer una relación entre el fenómeno migratorio y el aumento de casos de violencia urbana.
"Nos utilizan para resolver el problema de la inseguridad. Somos el 4,5% de la población del país; es ofensivo y humillante que nos atribuyan responsabilidad por la delincuencia", dijo Marta Guerreño, de la Unión de Colectividades de Inmigrantes de Córdoba (UCIC).
En la visión de Guerreño, argentina de origen paraguayo, "exponernos al brote xenófobo es indigno".
Por su parte, Nengumbi Sukama, del Instituto Argentino para la Igualdad, la Diversidad y la Integración (IARPIDI), apuntó que la nueva legislación para inmigrantes termina por impulsar inclusive el racismo contra personas llegadas desde países africanos.
"Argentina está ahora haciendo lo contrario de lo sugerido por entidades como las Naciones Unidas: en vez de combatir el racismo, lo está promoviendo", afirmó Sukama, argentino de origen congolés.
En respuesta, el secretario argentino de Derechos Humanos, Claudio Avruj, dijo en la audiencia que Argentina es "un país de puertas abiertas, y el inmigrante que llega y respeta a las normas, lejos de ser un problema, nos fortalece".
"No se trata de perseguir migrantes. La nacionalidad de quien delinque no es parte del debate. Controlar el ingreso y residencia de los inmigrantes es también parte de los derechos humanos", dijo el funcionario.
En tanto, el director nacional de Migraciones, Horacio García, afirmó en la audiencia que Argentina tendría condiciones de recibir a "40 millones de inmigrantes".
La CIDH, que realiza en Washington su 161º período de audiencias públicas, había convocado de oficio esta reunión ante la "preocupación" por las modificaciones introducidas por decreto en una normativa que consideraba "modelo" para el continente.
El Ejecutivo del presidente Mauricio Macri aceleró los procesos de expulsión en caso de delitos y de ingreso clandestino de extranjeros, según un decreto publicado a finales de enero, que generó evidente malestar en los gobiernos de Paraguay y Bolivia.
Sindicalistas perseguidos
Otra audiencia de la CIDH este lunes discutió denuncias de criminalización de la protesta social en la provincia argentina de Jujuy, en el noroeste del país. Para Horacio Verbitsky, del Centro de Estudio Legales y Sociales (CELS), existe en esa provincia una "intolerable situación de persecución" de sindicalistas y organizaciones sociales que realizan protestas.
En tanto, el fiscal de la provincia, Mariano Miranda, alegó que las autoridades apenas hacen uso del código de Contravenciones vigente, un instrumento que, según los gremios, precisamente es usado como forma de represalia contra la protesta social. "Nunca se ha hostigado a referentes sociales", dijo Miranda.
El caso de la activista Milagro Sala, arrestada en Jujuy desde enero de 2016, fue mencionado apenas tangencialmente, ya que la propia CIDH analiza un pedido de medida cautelar para su caso. La CIDH debe realizar en mayo una visita a Argentina y especialmente a la provincia de Jujuy para analizar personalmente el caso de Sala.
