Trump revoca una norma que permitía a los estudiantes transexuales elegir baño

La Administración republicana retira las protecciones federales a los estudiantes transexuales

Cristina F. Pereda
Corresponsal en Estados Unidos
Washington, El País
La Administración de Donald Trump ha eliminado las protecciones impuestas por su predecesor, Barack Obama, para acabar con la discriminación de estudiantes transexuales en las escuelas de Estados Unidos. La Casa Blanca ha anunciado este miércoles que retira la política del demócrata que exigía a los colegios públicos que garantizaran el acceso a baños y vestuarios que coincidan con la identidad de género elegida por cada estudiante.


En un duro golpe a los avances recientes de la comunidad LGBT, Trump ha revocado la norma que estableció el Departamento de Educación en 2016 y que reconocía que los alumnos transexuales tienen derecho a acceder a baños y vestuarios del género con el que se identifican, no el que se les asignó al nacer. El texto afirma además que se trata de un asunto que deben resolver los Estados y los distritos escolares, no el Gobierno federal.

La Administración republicana también comunicó este miércoles al Tribunal Supremo que retira su apoyo al adolescente de Virginia que se ha querellado contra el Departamento de Educación estatal por no dejarle acceder al baño de su elección. Su caso, que será estudiado por la Corte en las próximas semanas, simbolizó el apoyo del gobierno de Obama a la causa de la comunidad transexual y ahora acaba de ser abandonado por el de Trump.

La carta firmada por los Departamentos de Justicia y Educación afirma que, a pesar de retirar las garantías anteriores, “esto no disminuye las protecciones de los alumnos en casos de agresiones y acoso”. Los colegios, según la misiva, “deben asegurarse de que los estudiantes transexuales, como todos los demás, pueden aprender en un entorno seguro”.

El texto argumenta que la ley que prohíbe la discriminación entre estudiantes por razón de sexo no incluye la garantía de acceder al baño o vestuario del género con el que se identifica el estudiante. La Administración Trump se apoya en una sentencia judicial que asegura que la palabra “sexo” en esa ley federal “se refiere de modo inequívoco al sexo biológico”, por lo que un estudiante identificado como niña al nacer pero que posteriormente se identifique con el género masculino, deberá seguir utilizando los baños y vestuarios femeninos.

Si el Gobierno de Obama consideró que la igualdad de los jóvenes transexuales está protegida bajo la ley federal que prohíbe la discriminación en las escuelas, el de Trump ha dado un giro de 180 grados al defender que obligar a las escuelas a conceder el acceso a los baños del género con el que se identifican supone una intromisión federal en un asunto que deben regular los Estados. Hace unas semanas, el presidente republicano ya mostró indicios de su cambio de política al retirar la defensa de los derechos de los alumnos trasngénero en los tribunales.

La decisión supone además la confirmación de la opinión del presidente con respecto a los derechos de los transexuales, ya que durante la campaña se mostró dubitativo. Primero defendió que Caitlyn Jenner, el rostro más conocido de la comunidad transgénero en EE UU, podría usar el baño que quisiera al visitar la Torre Trump en Nueva York. Pero después rechazó la política de Obama por considerar que se estaba entrometiendo en un asunto que, según él, es competencia estatal.

Una vez reconocido el matrimonio igualitario, la Administración Obama se volcó en los avances de la comunidad transexual, la última frontera en la lucha por los derechos civiles en EE UU. La llegada de Trump a la Casa Blanca así como el nombramiento de Jeff Sessions como fiscal general, auguraban un cambio de política. A la falta de compromiso de Trump se unió el historial de Sessions, que en su etapa de senador votó en repetidas ocasiones en contra de medidas para aumentar la protección de los derechos de los homosexuales ante prácticas discriminatorias.

La decisión de la Administración Trump tendrá pocas consecuencias prácticas, ya que la justicia había paralizado su entrada en vigor por una demanda pendiente, pero sí afectará a los estudiantes que se habían querellado contra distintas escuelas del país y que ya no cuentan con el apoyo del gobierno.

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