Trump intensifica su batalla con el poder judicial por el veto migratorio
El presidente ataca la autonomía de los jueces y les acusa de poner en peligro el país mientras los inmigrantes aprovechan el parón
Pablo Ximénez de Sandoval
Corresponsal en California
Los Ángeles, El País
Las críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra el juez de Seattle que paralizó la aplicación de su veto migratorio alcanzaron este domingo el nivel de guerra abierta contra el poder judicial, a los 17 días de comenzar su Presidencia. “No me puedo creer que un juez ponga a nuestro país en semejante peligro. Si pasa algo, la culpa es suya y del sistema judicial. La gente está entrando. ¡Malo!”. Así está escrito en Twitter por el presidente de Estados Unidos desde Florida. Donald Trump piensa echar la culpa a los jueces de cualquier cosa que haga un ciudadano de esos siete países en Estados Unidos, por no dejarle vetarles la entrada. Después, dijo que ha ordenado al Departamento de Seguridad Nacional (Interior) que examine a la gente que entra “con mucho cuidado”.
Las puertas de Estados Unidos seguían abiertas el domingo para los inmigrantes de países de mayoría musulmana a los que intenta vetar el presidente. La Corte de Apelaciones que supervisa los estados del oeste del país rechazó a primera hora de la mañana del domingo el recurso del Gobierno que pretendía dejar sin efecto la suspensión temporal de la orden ejecutiva, dictada por un juez federal de Seattle el viernes.
La orden ejecutiva de Trump fue dictada por sorpresa el viernes 27 de enero. Los estados de Washington y Minesota denunciaron la orden por inconstitucional el lunes siguiente. El viernes 3, después de una semana de caos en los aeropuertos, el juez federal James Robart, de Seattle, aceptó las medidas cautelares pedidas por los demandantes y ordenó que deje de aplicar la orden hasta que se resuelva la denuncia. El Gobierno recurrió el sábado la decisión ante la Corte de Apelaciones, que rechazó revertir la decisión de Robart.
Ni el juez federal James Robart ni la Corte de Apelaciones se han pronunciado sobre la legalidad de la orden ejecutiva del presidente. El fondo no es lo que está en discusión. Las medidas cautelares se refieren a la aplicación de la orden mientras está siendo discutida en los juzgados. Los jueces entienden que el daño es mayor si se aplica y luego resulta que es ilegal, que al revés. Básicamente, no hay circunstancias nuevas que justifiquen revertir los permisos ya aprobados para esas personas, ni urgencia en aplicar nuevas normas migratorias.
El Gobierno no ha podido hasta ahora citar ningún acto de terrorismo cometido en suelo norteamericano por ningún ciudadano de los siete países afectados. Los argumentos del recurso eran que la orden cautelar del juez “contraviene la separación de poderes constitucional” y “cuestiona el criterio del presidente en seguridad nacional”.
Son horas de tensión en una batalla judicial a cara de perro, aderezada con ofensas sin precedentes del presidente en Twitter contra el juez Robart. “Vamos a actuar muy deprisa”, dijo el vicepresidente, Mike Pence, en televisión el domingo. “Vamos a ganar el caso porque vamos a dar los pasos necesarios para proteger el país, algo que el presidente tiene autoridad para hacer”.
En esta batalla están en juego proyectos de vida, reencuentros familiares, historias reales de inmigrantes y refugiados que ya habían pasado por todo el proceso burocrático de investigación para obtener sus visados y tenían hechas las maletas hacia Estados Unidos. Inmigrantes o visitantes de Irán, Irak, Sudán, Siria, Yemen, Somalia y Libia que tenían visados aprobados, o incluso tarjetas de residencia permanente en el país, se han visto detenidos durante una semana en los aeropuertos por la amplia interpretación que la policía de aduanas hizo de la orden ejecutiva del presidente. Al menos 60.000 personas se vieron afectadas, según cifras de la propia Administración.
Desde el viernes, los viajeros estaban aprovechando para volver a sacar sus billetes y entrar en el país mientras se pueda. Escenas de emoción de familias separadas durante una semana se repetían por los aeropuertos de todo el país.
La situación puede cambiar en cualquier momento para estas personas. La Corte de Apelaciones ha pedido a las partes que presenten sus argumentos este lunes para empezar a estudiar el caso. Sea cual sea el resultado, la batalla de los estados de Washington y Minesota contra la Casa Blanca se encamina hacia el Tribunal Supremo. Hay 16 fiscales generales de otros tantos Estados que han firmado una carta con argumentos en contra del veto migratorio.
En el Supremo, ahora mismo hay cuatro jueces considerados progresistas, cuatro considerados conservadores y una vacante. Para esa vacante, los republicanos bloquearon al candidato progresista nombrado por Barack Obama y ahora amenazan con cambiar las normas del Senado para que los demócratas no puedan bloquear al candidato conservador nombrado por Donald Trump.
Corresponsal en California
Los Ángeles, El País
Las críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra el juez de Seattle que paralizó la aplicación de su veto migratorio alcanzaron este domingo el nivel de guerra abierta contra el poder judicial, a los 17 días de comenzar su Presidencia. “No me puedo creer que un juez ponga a nuestro país en semejante peligro. Si pasa algo, la culpa es suya y del sistema judicial. La gente está entrando. ¡Malo!”. Así está escrito en Twitter por el presidente de Estados Unidos desde Florida. Donald Trump piensa echar la culpa a los jueces de cualquier cosa que haga un ciudadano de esos siete países en Estados Unidos, por no dejarle vetarles la entrada. Después, dijo que ha ordenado al Departamento de Seguridad Nacional (Interior) que examine a la gente que entra “con mucho cuidado”.
Las puertas de Estados Unidos seguían abiertas el domingo para los inmigrantes de países de mayoría musulmana a los que intenta vetar el presidente. La Corte de Apelaciones que supervisa los estados del oeste del país rechazó a primera hora de la mañana del domingo el recurso del Gobierno que pretendía dejar sin efecto la suspensión temporal de la orden ejecutiva, dictada por un juez federal de Seattle el viernes.
La orden ejecutiva de Trump fue dictada por sorpresa el viernes 27 de enero. Los estados de Washington y Minesota denunciaron la orden por inconstitucional el lunes siguiente. El viernes 3, después de una semana de caos en los aeropuertos, el juez federal James Robart, de Seattle, aceptó las medidas cautelares pedidas por los demandantes y ordenó que deje de aplicar la orden hasta que se resuelva la denuncia. El Gobierno recurrió el sábado la decisión ante la Corte de Apelaciones, que rechazó revertir la decisión de Robart.
Ni el juez federal James Robart ni la Corte de Apelaciones se han pronunciado sobre la legalidad de la orden ejecutiva del presidente. El fondo no es lo que está en discusión. Las medidas cautelares se refieren a la aplicación de la orden mientras está siendo discutida en los juzgados. Los jueces entienden que el daño es mayor si se aplica y luego resulta que es ilegal, que al revés. Básicamente, no hay circunstancias nuevas que justifiquen revertir los permisos ya aprobados para esas personas, ni urgencia en aplicar nuevas normas migratorias.
El Gobierno no ha podido hasta ahora citar ningún acto de terrorismo cometido en suelo norteamericano por ningún ciudadano de los siete países afectados. Los argumentos del recurso eran que la orden cautelar del juez “contraviene la separación de poderes constitucional” y “cuestiona el criterio del presidente en seguridad nacional”.
Son horas de tensión en una batalla judicial a cara de perro, aderezada con ofensas sin precedentes del presidente en Twitter contra el juez Robart. “Vamos a actuar muy deprisa”, dijo el vicepresidente, Mike Pence, en televisión el domingo. “Vamos a ganar el caso porque vamos a dar los pasos necesarios para proteger el país, algo que el presidente tiene autoridad para hacer”.
En esta batalla están en juego proyectos de vida, reencuentros familiares, historias reales de inmigrantes y refugiados que ya habían pasado por todo el proceso burocrático de investigación para obtener sus visados y tenían hechas las maletas hacia Estados Unidos. Inmigrantes o visitantes de Irán, Irak, Sudán, Siria, Yemen, Somalia y Libia que tenían visados aprobados, o incluso tarjetas de residencia permanente en el país, se han visto detenidos durante una semana en los aeropuertos por la amplia interpretación que la policía de aduanas hizo de la orden ejecutiva del presidente. Al menos 60.000 personas se vieron afectadas, según cifras de la propia Administración.
Desde el viernes, los viajeros estaban aprovechando para volver a sacar sus billetes y entrar en el país mientras se pueda. Escenas de emoción de familias separadas durante una semana se repetían por los aeropuertos de todo el país.
La situación puede cambiar en cualquier momento para estas personas. La Corte de Apelaciones ha pedido a las partes que presenten sus argumentos este lunes para empezar a estudiar el caso. Sea cual sea el resultado, la batalla de los estados de Washington y Minesota contra la Casa Blanca se encamina hacia el Tribunal Supremo. Hay 16 fiscales generales de otros tantos Estados que han firmado una carta con argumentos en contra del veto migratorio.
En el Supremo, ahora mismo hay cuatro jueces considerados progresistas, cuatro considerados conservadores y una vacante. Para esa vacante, los republicanos bloquearon al candidato progresista nombrado por Barack Obama y ahora amenazan con cambiar las normas del Senado para que los demócratas no puedan bloquear al candidato conservador nombrado por Donald Trump.
