La Justicia avanza contra Cristina Kirchner por la denuncia de Nisman
La expresidenta argentina es acusada de encubrir a los iraníes procesados por un atentado contra intereses judíos
Mar Centenera
Buenos Aires, El País
La Justicia argentina no da tregua a Cristina Fernández de Kirchner. En el primer día de actividad judicial tras el receso de verano, un magistrado ordenó medio centenar de medidas de prueba contra la expresidenta en la causa que la investiga por presunto encubrimiento de los iraníes acusados de perpetrar el atentado contra la mutual judía AMIA. La causa se basa en la denuncia presentada por el fiscal Alberto Nisman contra Fernández en enero de 2015, cuatro días antes de ser hallado muerto de un tiro en la sien en su apartamento, en circunstancias aún sin aclarar. Nisman denunció que el Gobierno kirchnerista firmó un memorándum con Irán en 2013 que preveía tomar declaración a los procesados en la causa AMIA a cambio de la retirada de las órdenes de captura de Interpol y de la firma de convenios comerciales bilaterales. El juez Daniel Rafecas rechazó dos veces la acusación por "inexistencia de delito" al argumentar que ni el memorándum, ni los acuerdos comerciales ni la petición a Interpol se concretaron. Pero el pasado diciembre, la Cámara Federal de Casación Penal ordenó apartar al juez y reabrir la causa, que ahora avanza a gran velocidad.
El nuevo magistrado, Ariel Lijo, delegó la investigación en el fiscal Gerardo Pollicita, al frente de la investigación desde sus inicios, hace dos años. En su fallo, Lijo le pidió instrumentar las medidas de pruebas que había solicitado en ese momento para averiguar si existió "un plan delictivo destinado a encubrir y dotar de impunidad" a los presuntos autores del atentado contra la AMIA, que causó 85 muertos en 1994. Entre las futuras acciones del fiscal se esperan allanamientos, citación de testigos y cruce de llamadas entre los acusados. Además de la expresidenta argentina está el entonces canciller, Héctor Timerman, legisladores y militantes kirchneristas.
Fernández siempre ha negado cualquier posibilidad de encubrimiento. Su argumento es que una decisión de Estado, como puede ser un acuerdo bilateral entre gobiernos, no es materia de análisis penal. Mucho menos que se considere a los ministros como parte de una banda destinada a ocultar pruebas. Pero Nisman llevaba 11 años al frente de la causa AMIA y su muerte confusa puso todas las miradas en la última denuncia que el fiscal presentó ante la Justicia.
El atentado contra la AMIA fue el segundo contra intereses judíos en Argentina durante la década de los 90, después del perpetrado contra la Embajada israelí dos años antes. Ambos ataques terroristas permanecen impunes dos décadas después y las investigaciones para esclarecer lo sucedido están plagadas de irregularidades. El presidente argentino en ese momento, Carlos Menem (1989-1999), está siendo juzgado por presuntamente haber intentado desviar la investigación.
La Justicia tampoco ha podido esclarecer cómo murió Nisman. Más de dos años después, aún no se sabe si se suicidó o si fue asesinado, aunque esta última hipótesis -defendida desde un primer momento por la familia- ha cobrado fuerza desde que la causa pasó a manos de un juez federal. La investigación sobre su muerte nunca ha podido despegarse de la dimensión política del caso. Macri ordenó desclasificar todos los documentos relacionados con el caso y liberó a los espías argentinos de guardar secreto. Pero el expediente acumula ya 14.000 páginas y aún así, está lleno de incógnitas por resolver.
Las principales causas judiciales contra la exmandataria
Desde que dejó el poder, Cristina Fernández de Kirchner ha visto cómo la Justicia argentina ponía entre rejas a exaltos cargos de su Gobierno y empresarios afines. Los argentinos se preguntan si ella correrá la misma suerte, dada la velocidad a la que avanzan las causas abiertas en su contra.
La ruta del dinero K. Fernández de Kirchner terminó 2016 procesada por presunta asociación ilícita y defraudación al Estado en la causa donde se investiga una "matriz de corrupción en la obra pública" para desviar fondos públicos hacia la empresa constructora de Lázaro Báez, hoy encarcelado. El magistrado espera que este año la causa sea elevada a juicio oral este año.
Dólar futuro. El juez federal Claudio Bonadio procesó el pasado mayo a la exmandataria por presuntamente haber perjudicado al Estado en una operación de venta de dólares poco antes de que terminara su mandato. Está previsto que sea la primera causa que siente a la exjefa de Estado argentino en el banquillo de los acusados.
Hotesur. En fase de investigación. La Justicia busca esclarecer si esta gestora de los Kirchner realizó maniobras de lavado de dinero a través del alquiler ficticio de habitaciones en los hoteles de la familia presidencial.
Los Sauces. En fase de investigación. En esta causa por presunta corrupción contra la expresidenta argentina se analizan las supuestas maniobras de blanqueo que se realizaron a través de operaciones inmobiliarias entre Los Sauces S.A., de Kirchner, y Austral Construcciones, de Báez.
Buenos Aires, El País
La Justicia argentina no da tregua a Cristina Fernández de Kirchner. En el primer día de actividad judicial tras el receso de verano, un magistrado ordenó medio centenar de medidas de prueba contra la expresidenta en la causa que la investiga por presunto encubrimiento de los iraníes acusados de perpetrar el atentado contra la mutual judía AMIA. La causa se basa en la denuncia presentada por el fiscal Alberto Nisman contra Fernández en enero de 2015, cuatro días antes de ser hallado muerto de un tiro en la sien en su apartamento, en circunstancias aún sin aclarar. Nisman denunció que el Gobierno kirchnerista firmó un memorándum con Irán en 2013 que preveía tomar declaración a los procesados en la causa AMIA a cambio de la retirada de las órdenes de captura de Interpol y de la firma de convenios comerciales bilaterales. El juez Daniel Rafecas rechazó dos veces la acusación por "inexistencia de delito" al argumentar que ni el memorándum, ni los acuerdos comerciales ni la petición a Interpol se concretaron. Pero el pasado diciembre, la Cámara Federal de Casación Penal ordenó apartar al juez y reabrir la causa, que ahora avanza a gran velocidad.
El nuevo magistrado, Ariel Lijo, delegó la investigación en el fiscal Gerardo Pollicita, al frente de la investigación desde sus inicios, hace dos años. En su fallo, Lijo le pidió instrumentar las medidas de pruebas que había solicitado en ese momento para averiguar si existió "un plan delictivo destinado a encubrir y dotar de impunidad" a los presuntos autores del atentado contra la AMIA, que causó 85 muertos en 1994. Entre las futuras acciones del fiscal se esperan allanamientos, citación de testigos y cruce de llamadas entre los acusados. Además de la expresidenta argentina está el entonces canciller, Héctor Timerman, legisladores y militantes kirchneristas.
Fernández siempre ha negado cualquier posibilidad de encubrimiento. Su argumento es que una decisión de Estado, como puede ser un acuerdo bilateral entre gobiernos, no es materia de análisis penal. Mucho menos que se considere a los ministros como parte de una banda destinada a ocultar pruebas. Pero Nisman llevaba 11 años al frente de la causa AMIA y su muerte confusa puso todas las miradas en la última denuncia que el fiscal presentó ante la Justicia.
El atentado contra la AMIA fue el segundo contra intereses judíos en Argentina durante la década de los 90, después del perpetrado contra la Embajada israelí dos años antes. Ambos ataques terroristas permanecen impunes dos décadas después y las investigaciones para esclarecer lo sucedido están plagadas de irregularidades. El presidente argentino en ese momento, Carlos Menem (1989-1999), está siendo juzgado por presuntamente haber intentado desviar la investigación.
La Justicia tampoco ha podido esclarecer cómo murió Nisman. Más de dos años después, aún no se sabe si se suicidó o si fue asesinado, aunque esta última hipótesis -defendida desde un primer momento por la familia- ha cobrado fuerza desde que la causa pasó a manos de un juez federal. La investigación sobre su muerte nunca ha podido despegarse de la dimensión política del caso. Macri ordenó desclasificar todos los documentos relacionados con el caso y liberó a los espías argentinos de guardar secreto. Pero el expediente acumula ya 14.000 páginas y aún así, está lleno de incógnitas por resolver.
Las principales causas judiciales contra la exmandataria
Desde que dejó el poder, Cristina Fernández de Kirchner ha visto cómo la Justicia argentina ponía entre rejas a exaltos cargos de su Gobierno y empresarios afines. Los argentinos se preguntan si ella correrá la misma suerte, dada la velocidad a la que avanzan las causas abiertas en su contra.
La ruta del dinero K. Fernández de Kirchner terminó 2016 procesada por presunta asociación ilícita y defraudación al Estado en la causa donde se investiga una "matriz de corrupción en la obra pública" para desviar fondos públicos hacia la empresa constructora de Lázaro Báez, hoy encarcelado. El magistrado espera que este año la causa sea elevada a juicio oral este año.
Dólar futuro. El juez federal Claudio Bonadio procesó el pasado mayo a la exmandataria por presuntamente haber perjudicado al Estado en una operación de venta de dólares poco antes de que terminara su mandato. Está previsto que sea la primera causa que siente a la exjefa de Estado argentino en el banquillo de los acusados.
Hotesur. En fase de investigación. La Justicia busca esclarecer si esta gestora de los Kirchner realizó maniobras de lavado de dinero a través del alquiler ficticio de habitaciones en los hoteles de la familia presidencial.
Los Sauces. En fase de investigación. En esta causa por presunta corrupción contra la expresidenta argentina se analizan las supuestas maniobras de blanqueo que se realizaron a través de operaciones inmobiliarias entre Los Sauces S.A., de Kirchner, y Austral Construcciones, de Báez.
