Encubrieron asesinato de una niña de niña por dinero
La Paz, Erbol
El fiscal Leopoldo Chui denunció que autoridades indígenas de la comunidad de Humanata, en la provincia Camacho de La Paz, accedieron a encubrir el asesinato y violación de una niña de seis años a cambio de dinero.
En fotografías, se puede observar que el cuerpo de la niña quedó con varios hematomas y manchas de sangre.
Chui explicó que en este caso se procedió a la captura de siete personas, quienes conformarían una asociación delictuosa implicada en la violación y muerte de la menor, además del posterior encubrimiento del crimen.
Indicó que de los siete aprehendidos, cuatro son miembros de una familia -padre, madre y dos hijos mayores de edad- con quien estaba la niña, aunque no era familiar suyo.
Otros dos aprehendidos son autoridades indígenas que mediante un documento avalaron el pago de dinero como reparación por el delito.
El fiscal precisó que estas autoridades originarias habrían recibido 2 mil bolivianos de los sindicados del crimen. Según sus declaraciones, este dinero se habría repartido entre las “bases”.
La última detenida es la madre de la menor ultrajada, quien también sería cómplice del encubrimiento debido a que habría recibido 12 mil bolivianos como pago de parte de los acusados.
El fiscal Chui manifestó que este caso debe sentar un precedente para toda autoridad indígena, para que los crímenes contras la libertad sexual y la vida sean denunciados a la justicia ordinaria.
El fiscal Leopoldo Chui denunció que autoridades indígenas de la comunidad de Humanata, en la provincia Camacho de La Paz, accedieron a encubrir el asesinato y violación de una niña de seis años a cambio de dinero.
En fotografías, se puede observar que el cuerpo de la niña quedó con varios hematomas y manchas de sangre.
Chui explicó que en este caso se procedió a la captura de siete personas, quienes conformarían una asociación delictuosa implicada en la violación y muerte de la menor, además del posterior encubrimiento del crimen.
Indicó que de los siete aprehendidos, cuatro son miembros de una familia -padre, madre y dos hijos mayores de edad- con quien estaba la niña, aunque no era familiar suyo.
Otros dos aprehendidos son autoridades indígenas que mediante un documento avalaron el pago de dinero como reparación por el delito.
El fiscal precisó que estas autoridades originarias habrían recibido 2 mil bolivianos de los sindicados del crimen. Según sus declaraciones, este dinero se habría repartido entre las “bases”.
La última detenida es la madre de la menor ultrajada, quien también sería cómplice del encubrimiento debido a que habría recibido 12 mil bolivianos como pago de parte de los acusados.
El fiscal Chui manifestó que este caso debe sentar un precedente para toda autoridad indígena, para que los crímenes contras la libertad sexual y la vida sean denunciados a la justicia ordinaria.