El bono edil para discapacitados es fruto de ultimátum de la ONU
El Gobierno tiene hasta septiembre para cumplir recomendaciones que ese organismo mundial le dio a raíz de un conflicto que tuvo con ese sector social.
Virgilia Mamani / El Alto
En septiembre de 2016, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dio un plazo fatal de un año al gobierno del presidente Evo Morales para que atienda las necesidades y demandas de las personas con discapacidad. Un mes después, el Primer Mandatario remitía un proyecto de ley a la Asamblea Plurinacional que plantea el pago mensual de 250 bolivianos a personas con discapacidad grave y muy grave .
Ese proyecto de ley (PL N° 296/2016) señala que el "Bono municipal para personas con discapacidad” lo financian los municipios con recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).
El 13 de octubre de 2016, Morales remitió el proyecto de ley al presidente de la Asamblea Legislativa , Álvaro García Linera, quien lo derivó el 17 de octubre a la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño.
El 21 de marzo de 2016, los discapacitados iniciaron una marcha desde Cochabamba y en La Paz protagonizaron vigilias y protestas durante más de tres meses para exigir un bono de 500 bolivianos al Gobierno. Sin embargo, sólo recibieron agresiones y represiones policiales.
Esos hechos fueron denunciados ante la ONU y ésta recomendó al Estado que tome medidas para garantizar un nivel de vida adecuado para las personas con discapacidad y sus familias, particularmente a aquellas que "viven en condiciones de pobreza o que están desempleadas”.
La propuesta gubernamental en su segunda disposición final establece que el pago del bono no demandará recursos adicionales al Tesoro General de la Nación.
Es decir, en caso de aprobarse la norma las alcaldías tendrán que hacer ajustes en su presupuesto. El pago se realizará a las personas que tengan un carnet que respalde su condición.
"En un ampliado nacional que tuvimos en Cochabamba, se nos demostró que en los municipios hay el presupuesto para el pago del bono”, dijo ayer a Página Siete el vicepresidente de la Federación Regional de Personas con Discapacidad de la ciudad de El Alto, Rolando Alcázar.
El documento debe ser presentado de nuevo, según Legislativo
Página Siete / La Paz
El proyecto de ley N° 296-16 que establece la creación del bono municipal de 250 bolivianos a favor de los discapacitados debe volver a presentarse otra vez este año por algún diputado o senador de la Asamblea Legislativa, debido a los cambios de autoridades en las comisiones.
Página Siete accedió la semana pasada a este proyecto de ley, en el que no se observan los nombres de los proyectistas y simplemente figuraba "Palacio Quemado” y "Presidencia del Estado Plurinacional”.
Para conocer el estado actual de este documento, que tiene tres artículos, se averiguó en secretaría general de la Cámara de Diputados. En esa oficina los funcionarios indicaron que este proyecto de ley fue derivado el año pasado a la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades.
Sin embargo, la nueva gestión legislativa trajo consigo cambios en las 12 comisiones y los 37 comités. Esto demoró un poco más de lo esperado. No hubo problemas en la Cámara de Senadores, estos conflictos sí se registraron en la Cámara Baja y la distribución de cargos duró al menos un mes.
Una vez en predios de la oficina de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades se preguntó quiénes eran responsables de la comisión y los funcionarios señalaron que dicha comisión es encabezada por la diputada del MAS Sonia Brito, junto a Mireya Montaño, las dos del Movimiento Al Socialismo (MAS), y la diputada de Unidad Demócrata (UD) Fernanda San Martín.
Asimismo, se consultó el paradero del proyecto de ley y ellos señalaron que como todos eran nuevos los miembros de la anterior comisión iban a entregar hoy todos los documentos.
Esta comisión se divide en dos comités: la de Derechos Humanos y la de Igualdad de Oportunidades. Según los datos de los funcionarios, el proyecto de ley está en el primer comité y para que vuelvan a tratarlo algún legislador debe volver a presentarlo ante el pleno porque es un proyecto de 2016. "Lo tienen que volver a presentar, sino no se tratará”, dijo uno de ellos.
En septiembre de 2016, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dio un plazo fatal de un año al gobierno del presidente Evo Morales para que atienda las necesidades y demandas de las personas con discapacidad. Un mes después, el Primer Mandatario remitía un proyecto de ley a la Asamblea Plurinacional que plantea el pago mensual de 250 bolivianos a personas con discapacidad grave y muy grave .
Ese proyecto de ley (PL N° 296/2016) señala que el "Bono municipal para personas con discapacidad” lo financian los municipios con recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).
El 13 de octubre de 2016, Morales remitió el proyecto de ley al presidente de la Asamblea Legislativa , Álvaro García Linera, quien lo derivó el 17 de octubre a la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño.
El 21 de marzo de 2016, los discapacitados iniciaron una marcha desde Cochabamba y en La Paz protagonizaron vigilias y protestas durante más de tres meses para exigir un bono de 500 bolivianos al Gobierno. Sin embargo, sólo recibieron agresiones y represiones policiales.
Esos hechos fueron denunciados ante la ONU y ésta recomendó al Estado que tome medidas para garantizar un nivel de vida adecuado para las personas con discapacidad y sus familias, particularmente a aquellas que "viven en condiciones de pobreza o que están desempleadas”.
La propuesta gubernamental en su segunda disposición final establece que el pago del bono no demandará recursos adicionales al Tesoro General de la Nación.
Es decir, en caso de aprobarse la norma las alcaldías tendrán que hacer ajustes en su presupuesto. El pago se realizará a las personas que tengan un carnet que respalde su condición.
"En un ampliado nacional que tuvimos en Cochabamba, se nos demostró que en los municipios hay el presupuesto para el pago del bono”, dijo ayer a Página Siete el vicepresidente de la Federación Regional de Personas con Discapacidad de la ciudad de El Alto, Rolando Alcázar.
El documento debe ser presentado de nuevo, según Legislativo
Página Siete / La Paz
El proyecto de ley N° 296-16 que establece la creación del bono municipal de 250 bolivianos a favor de los discapacitados debe volver a presentarse otra vez este año por algún diputado o senador de la Asamblea Legislativa, debido a los cambios de autoridades en las comisiones.
Página Siete accedió la semana pasada a este proyecto de ley, en el que no se observan los nombres de los proyectistas y simplemente figuraba "Palacio Quemado” y "Presidencia del Estado Plurinacional”.
Para conocer el estado actual de este documento, que tiene tres artículos, se averiguó en secretaría general de la Cámara de Diputados. En esa oficina los funcionarios indicaron que este proyecto de ley fue derivado el año pasado a la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades.
Sin embargo, la nueva gestión legislativa trajo consigo cambios en las 12 comisiones y los 37 comités. Esto demoró un poco más de lo esperado. No hubo problemas en la Cámara de Senadores, estos conflictos sí se registraron en la Cámara Baja y la distribución de cargos duró al menos un mes.
Una vez en predios de la oficina de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades se preguntó quiénes eran responsables de la comisión y los funcionarios señalaron que dicha comisión es encabezada por la diputada del MAS Sonia Brito, junto a Mireya Montaño, las dos del Movimiento Al Socialismo (MAS), y la diputada de Unidad Demócrata (UD) Fernanda San Martín.
Asimismo, se consultó el paradero del proyecto de ley y ellos señalaron que como todos eran nuevos los miembros de la anterior comisión iban a entregar hoy todos los documentos.
Esta comisión se divide en dos comités: la de Derechos Humanos y la de Igualdad de Oportunidades. Según los datos de los funcionarios, el proyecto de ley está en el primer comité y para que vuelvan a tratarlo algún legislador debe volver a presentarlo ante el pleno porque es un proyecto de 2016. "Lo tienen que volver a presentar, sino no se tratará”, dijo uno de ellos.
