México carece de una estrategia de largo plazo en materia de seguridad
México no tiene policías confiables ni ha podido regular la actuación del Ejército tras diez años de lucha contra el narcotráfico
Luis Pablo Beauregard
México, El País
2017 inicia con un incógnita en el horizonte. ¿Podrá el Gobierno de Enrique Peña Nieto ver aprobada la ley que regule la actuación del Ejército en la lucha contra el narcotráfico? En uno de sus últimos actos públicos de 2016, el presidente mexicano urgió al Congreso a discutir la Ley de seguridad interior, que ya ha sido reclamada de forma inusual por las cúpulas militares. Aunque los legisladores han prometido discutirla en el nuevo periodo de sesiones, la norma corre el riesgo de otras iniciativas que el Estado ha tratado de sacar adelante en esta década de lucha contra el narcotráfico: el fracaso atribuible a las luchas partidistas.
¿Puede ser Calderón el único responsable de la epidemia de violencia de México? La guerra de Calderón, como fue bautizada en el sexenio pasado, tuvo el respaldo de varios políticos de partidos distintos del mandatario del PAN. El sociólogo Luis Astorga, de la UNAM, recuerda en “¿Qué querían que hiciera?” (2015) que los gobernadores del izquierdista PRD de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel; y de Guerrero, Zeferino Torreblanca, aplaudieron la ofensiva del presidente iniciada en diciembre de 2006. “La responsabilidad no es solo del presidente de la República, ni de uno u otro gobernador, o presidente municipal; la responsabilidad es de todos”, dijo Torreblanca ante banqueros a finales de enero de 2007.
El título del libro de Astorga, un experto en la documentación de la violencia reciente en México, hace referencia a una frase que Calderón utilizó en febrero de 2012, hacia el final de su mandato. Entonces su estrategia había fracasado y muchos de los actores políticos que lo habían apoyado pedían ante la sangría un cambio de rumbo en materia de seguridad. “¿Qué querían que hiciera? ¿Que los invitara a pasar [a los criminales]? ¿Que los saludara? ¿Que les ofreciera un cafecito, o qué?”, reprochó el mandatario a sus críticos.
La frase del presidente encierra una falacia. No se le criticaba el haberse enfrentado a la delincuencia organizada, sino cómo lo hizo, echando mano del Ejército, de policías corruptas y haciendo un uso político del sistema de justicia. Algunos de sus defensores consideran que era mejor haber emprendido la batalla con las herramientas que se tenían a la mano que haber hecho nada. “Decir ‘primero debimos prepararnos’ es decir de forma indirecta que ‘no debimos actuar’”, escribió en 2012 Joaquín Villalobos, consultor para la resolución de conflictos internacionales.
Calderón tomó la decisión de enviar a Michoacán, el 11 de diciembre de 2006, a 4.260 soldados, 1.054 marinos, 1.420 policías federales y 50 agentes del Ministerio Público. Una década después sabemos que ese operativo marcó el inicio de la estrategia central de su Gobierno. Ese día nació la guerra del Estado contra la delincuencia organizada.
El presidente Calderón intervino su estado natal porque este había registrado en 2006 una alta cifra de homicidios dolosos. Sin embargo, el contexto del país era muy diferente. México vivía el momento más pacífico de su vida moderna. Hasta principios del siglo XXI, la nación había logrado reducir la tasa media de homicidios de forma constante desde la época de la Revolución y de la guerra de los Cristeros. En 2007, México registró 8.867 asesinatos, la cifra más baja en décadas.
Hoy, la ola de violencia ha engullido más de 130.000 vidas si se toman en cuenta los muertos y los desaparecidos. A la espera de los resultados definitivos de 2016, el país seguramente rebasará los 20.000 homicidios dolosos anuales por séptimo año consecutivo. “La tasa anual de asesinatos en el país nuevamente rebasa el umbral de epidemia de violencia definido por la Organización Mundial de la Salud en más del doble”, consideraba Andreas Schedler, académico del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) en su libro En la niebla de la guerra (2015).
Aunque Peña Nieto heredó el conflicto, su Gobierno también ha fracasado en su propuesta para resolver el problema. A cuatro años del mandato de la Administración del PRI, todo está por hacerse. México no tiene policías confiables, ni se ha acotado el papel del Ejército, que ha reconocido no estar preparado para llevar a cabo las tareas de seguridad y sobre el que recaen no pocos señalamientos de violaciones de derechos humanos. Lo que se ha presumido es la detención o muerte de 105 de los 122 criminales más peligrosos del país.
Los esfuerzos de ambos Gobiernos, del PAN y el PRI, en esta última década demuestran la falta de una visión de largo plazo en materia de seguridad. México carece de una propuesta transexenal que esté blindada de las luchas partidistas. El debate sobre el mando único puede servir de ejemplo. En 2010, durante el XXVIII Consejo Nacional de Seguridad Pública, el presidente y los 32 gobernadores del país se comprometieron a adoptar un nuevo modelo que eliminaría miles de policías municipales para crear una sola policía por Estado. El sexenio de Calderón terminó sin que los gobiernos locales cumplieran su palabra. Peña Nieto hizo suya la propuesta a raíz de los hechos de Ayotzinapa. El Senado enterró la iniciativa presidencial en junio de este año. Los legisladores decidieron en su lugar invertir en mejores salarios y capacitación para las policías municipales, algo que se ha prometido desde 2009.
Peña Nieto encara la responsabilidad de liderar una nueva estrategia. Pero como dijo el gobernador Torreblanca, de Guerrero, hace ya diez años. La responsabilidad es de todos los políticos de todos los partidos.
México, El País
2017 inicia con un incógnita en el horizonte. ¿Podrá el Gobierno de Enrique Peña Nieto ver aprobada la ley que regule la actuación del Ejército en la lucha contra el narcotráfico? En uno de sus últimos actos públicos de 2016, el presidente mexicano urgió al Congreso a discutir la Ley de seguridad interior, que ya ha sido reclamada de forma inusual por las cúpulas militares. Aunque los legisladores han prometido discutirla en el nuevo periodo de sesiones, la norma corre el riesgo de otras iniciativas que el Estado ha tratado de sacar adelante en esta década de lucha contra el narcotráfico: el fracaso atribuible a las luchas partidistas.
¿Puede ser Calderón el único responsable de la epidemia de violencia de México? La guerra de Calderón, como fue bautizada en el sexenio pasado, tuvo el respaldo de varios políticos de partidos distintos del mandatario del PAN. El sociólogo Luis Astorga, de la UNAM, recuerda en “¿Qué querían que hiciera?” (2015) que los gobernadores del izquierdista PRD de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel; y de Guerrero, Zeferino Torreblanca, aplaudieron la ofensiva del presidente iniciada en diciembre de 2006. “La responsabilidad no es solo del presidente de la República, ni de uno u otro gobernador, o presidente municipal; la responsabilidad es de todos”, dijo Torreblanca ante banqueros a finales de enero de 2007.
El título del libro de Astorga, un experto en la documentación de la violencia reciente en México, hace referencia a una frase que Calderón utilizó en febrero de 2012, hacia el final de su mandato. Entonces su estrategia había fracasado y muchos de los actores políticos que lo habían apoyado pedían ante la sangría un cambio de rumbo en materia de seguridad. “¿Qué querían que hiciera? ¿Que los invitara a pasar [a los criminales]? ¿Que los saludara? ¿Que les ofreciera un cafecito, o qué?”, reprochó el mandatario a sus críticos.
La frase del presidente encierra una falacia. No se le criticaba el haberse enfrentado a la delincuencia organizada, sino cómo lo hizo, echando mano del Ejército, de policías corruptas y haciendo un uso político del sistema de justicia. Algunos de sus defensores consideran que era mejor haber emprendido la batalla con las herramientas que se tenían a la mano que haber hecho nada. “Decir ‘primero debimos prepararnos’ es decir de forma indirecta que ‘no debimos actuar’”, escribió en 2012 Joaquín Villalobos, consultor para la resolución de conflictos internacionales.
Calderón tomó la decisión de enviar a Michoacán, el 11 de diciembre de 2006, a 4.260 soldados, 1.054 marinos, 1.420 policías federales y 50 agentes del Ministerio Público. Una década después sabemos que ese operativo marcó el inicio de la estrategia central de su Gobierno. Ese día nació la guerra del Estado contra la delincuencia organizada.
El presidente Calderón intervino su estado natal porque este había registrado en 2006 una alta cifra de homicidios dolosos. Sin embargo, el contexto del país era muy diferente. México vivía el momento más pacífico de su vida moderna. Hasta principios del siglo XXI, la nación había logrado reducir la tasa media de homicidios de forma constante desde la época de la Revolución y de la guerra de los Cristeros. En 2007, México registró 8.867 asesinatos, la cifra más baja en décadas.
Hoy, la ola de violencia ha engullido más de 130.000 vidas si se toman en cuenta los muertos y los desaparecidos. A la espera de los resultados definitivos de 2016, el país seguramente rebasará los 20.000 homicidios dolosos anuales por séptimo año consecutivo. “La tasa anual de asesinatos en el país nuevamente rebasa el umbral de epidemia de violencia definido por la Organización Mundial de la Salud en más del doble”, consideraba Andreas Schedler, académico del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) en su libro En la niebla de la guerra (2015).
Aunque Peña Nieto heredó el conflicto, su Gobierno también ha fracasado en su propuesta para resolver el problema. A cuatro años del mandato de la Administración del PRI, todo está por hacerse. México no tiene policías confiables, ni se ha acotado el papel del Ejército, que ha reconocido no estar preparado para llevar a cabo las tareas de seguridad y sobre el que recaen no pocos señalamientos de violaciones de derechos humanos. Lo que se ha presumido es la detención o muerte de 105 de los 122 criminales más peligrosos del país.
Los esfuerzos de ambos Gobiernos, del PAN y el PRI, en esta última década demuestran la falta de una visión de largo plazo en materia de seguridad. México carece de una propuesta transexenal que esté blindada de las luchas partidistas. El debate sobre el mando único puede servir de ejemplo. En 2010, durante el XXVIII Consejo Nacional de Seguridad Pública, el presidente y los 32 gobernadores del país se comprometieron a adoptar un nuevo modelo que eliminaría miles de policías municipales para crear una sola policía por Estado. El sexenio de Calderón terminó sin que los gobiernos locales cumplieran su palabra. Peña Nieto hizo suya la propuesta a raíz de los hechos de Ayotzinapa. El Senado enterró la iniciativa presidencial en junio de este año. Los legisladores decidieron en su lugar invertir en mejores salarios y capacitación para las policías municipales, algo que se ha prometido desde 2009.
Peña Nieto encara la responsabilidad de liderar una nueva estrategia. Pero como dijo el gobernador Torreblanca, de Guerrero, hace ya diez años. La responsabilidad es de todos los políticos de todos los partidos.
