La DIN documentó las pruebas del asesinato de Espinal, En 1980 hubo al menos 12 informes al respecto
En marzo de 1980 se practicó la autopsia de ley al cadáver del sacerdote jesuita, que evidenció la tortura de la que fue objeto. Familiares de víctimas de las dictaduras y miembros de la Compañía de Jesús coincidieron en que esas son pruebas contundentes.
La Razón Digital / Elisa Medrano Cruz
Tras el secuestro, tortura y asesinato del padre Luis Espinal Camps, el 22 de marzo de 1980, su cuerpo fue sometido a una autopsia de ley y luego se realizaron exámenes de laboratorio a las balas que se le extrajeron, así como a su sangre, contenido gástrico y prendas de vestir, entre otros. Todo ello fue documentado por la División de Homicidios de la extinta Dirección de Investigación Nacional (DIN). Existen al menos 12 informes que documentan la tortura y el asesinato. ¿Esos documentos no son prueba suficiente que acredite la forma en que murió el sacerdote?
El padre Osvaldo Chirveches, Superior Oficial de la Compañía de Jesús en Bolivia, orden a la que pertenecía el clérigo, y representantes de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional y Social (Asofamd) consideran que esa información sí respalda la certeza del crimen que se cometió contra Espinal, por lo que a casi 37 años de su muerte no se justifica la exhumación de sus restos para hacer otros análisis.
Versión. Contraria es la posición de la parte acusadora, esto es del coronel Roberto Melean, excomandante segundo del Regimiento Topáter de Oruro, sentenciado por la desaparición de Renato Ticona, cuyo abogado es Frank Campero, quien también es defensor del exdictador Luis García Meza (1980-1981).
Si bien este jurista reconoció como legales los informes emitidos en esa época, no los consideró válidos para la investigación actual, porque no fueron certificados por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), ni los especialistas fueron reconocidos por esa institución.
La autopsia de ley practicada al cadáver de Espinal fue realizada en el Hospital del Tórax el 22 de marzo de 1980 y de ese acto procesal participaron 21 personas, entre ellas los médicos forenses Rolando Costa Arduz y Félix Romano Ramírez, el comandante general de la Policía, coronel Julio Lara Salazar, Ives Ortiz Suñiga, subsecretario de Justicia, (más datos al respecto en la página 10).
Se determinó como causa de la muerte “hemorragia aguda por múltiples lesiones esquelético viscerales, provocadas por paso de proyectil de arma de fuego”. Y añadió que se identificaron “signos de violencia traumáticas contusas (golpes) de significación, como por ejemplo la fractura del hueso esternal (parte frontal del cuerpo), lesiones que obedecen a traumas provocados en vida”.
La autopsia, además, determinó la existencia de 16 orificios en las partes ventral (vientre) y dorsal (espalda) y la extracción de dos proyectiles y un casquillo, que luego, a través del examen del Laboratorio Criminalístico Nacional, se estableció eran de arma automática calibre nueve milímetros.
Se precisó que, por ejemplo, las balas hicieron estallar costillas, el pulmón derecho, el lóbulo derecho del hígado y el diafragma. En cuanto a las extremidades se dio cuenta de una fractura en la pierna derecha.
El periódico Hoy publicó en su edición del 23 de marzo los detalles de la autopsia y, tomando como fuente la versión de uno de los representantes de la Compañía de Jesús, informó sobre “fuertes golpes de arma contundente” en la humanidad de Espinal “que le dejaron un profundo hematoma en forma de cruz, precisamente en el pecho”.
“¿Para qué van a exhumar?, no entendemos esa parte, ¿para qué?, no hay motivos, están las pruebas fehacientes en estos documentos”, enfatizó Edith Montecinos, secretaria ejecutiva de Asofamd, quien relató que aquel 22 de marzo de 1980 vio el cadáver del reverendo, pues ella y un grupo de estudiantes fueron a cuidar que no desaparezca. “He visto el cuerpo desnudo, tapadito”, afirmó.
En su portada del 23 de marzo, Hoy publicó la foto del cadáver de Espinal, desnudo, cubierto con una sábana de la cintura para abajo. En la foto se observa orificios en el lado derecho del cuerpo, a la altura del abdomen. La nota titula: “Fue asesinado director del Semanario ‘Aquí’; Luis Espinal fue torturado antes de ser acribillado a balazos”.
“Sí hay aquí (copias de los exámenes), hay un original y estamos dispuestos a mostrar la documentación”, aseveró la presidenta de Asofamd, Ruth Llanos.
Entre los archivos de esa organización no solo está una copia del protocolo de autopsia, sino la lista de las 21 personas que participaron en ese acto, así como el comunicado que fue emitido tras ese análisis. Así también están las solicitudes de los exámenes de laboratorio de las muestras de sangre y contenido gástrico, de las prendas de vestir y también el pedido de evaluación de los dos proyectiles y un casquillo, así como los resultados emitidos por el Laboratorio Criminalístico Nacional.
DOCUMENTOS. Todos esos legajos y otros fueron en su momento parte de la investigación iniciada por la muerte de Espinal, pero también fueron adjuntados como pruebas en el juicio contra García Meza y Luis Arce Gómez.
El padre Chirveches consideró que las evidencias existen, pero además que su certificación puede ser solicitada a las personas que estuvieron presentes en la autopsia. “Todas las pruebas necesarias para confirmar la muerte del padre Espinal ya existen, por eso consideramos que no es necesaria la exhumación”, dijo.
¿Por qué hacerlo a casi 37 años del hecho?
En criterio de Campero es indispensable tener pruebas y un certificado médico forense que avale la muerte del padre en el marco del proceso iniciado por Melean. Este exoficial denunció ante el Ministerio Público, en 2015, a seis militares de la época como los autores de la muerte del reverendo, por lo cual el fiscal Genaro Quenta abrió una causa que está en investigación. “Ni nosotros ni el fiscal Quenta tenemos certeza de la muerte, es decir, no hay un certificado médico forense que avale y dé la legalidad”, insistió el jurista.
Y detalló que es necesario llevar adelante un estudio pericial criminalístico, de laboratorio, de hematología, química, biología, genética, residuos, disparo, toxicología, estudios periciales médicos legales, de informática y auditoría “para fundamentar una posible sentencia de asesinato como delito de lesa humanidad (...) Con qué documentación sentenciaríamos a 30 años sin derecho a indulto a una persona si no tenemos un certificado médico forense que legalice la muerte de ésta”.
Argumentó que el protocolo de autopsia practicado en 1980 no es válido porque no equivale a un certificado médico forense. “Se hace una autopsia normal común y corriente, pero tiene que estar legalizada a través de un médico forense”, aunque al mismo tiempo reconoció que “es un documento legal”.
¿Y los dos médicos forenses que intervinieron no avalan el mismo? se le preguntó a Campero; respondiendo éste: “No, porque los médicos que ahí se ponen como forenses no han sido reconocidos por el IDIF, ésa es la traba que se tiene, por qué no se lo hizo con la legalidad correspondiente (...) Hemos solicitado al IDIF inclusive (si) estas personas tenían la posibilidad de dar esa categoría, pero no están registradas como corresponde”, afirmó Campero.
¿Cómo podían esos profesionales estar registrados en el IDIF en 1980, si éste recién fue creado en el marco de la Ley 1970, Nuevo Código de Procedimiento Penal, en 1999?
Campero insistió en que se realice un examen antropológico forense porque esa será la prueba para sancionar al principal responsable de la muerte de Espinal que, según el coronel Melean, es Jaime N. G. Q. Por ello, según él, el protocolo de autopsia, los exámenes de laboratorio y otros documentos practicados tras la muerte del sacerdote jesuita “simplemente llegarían a ser indicios” en esta indagación porque, además, las normas del país cambiaron a lo largo de 36 años. “Hoy estamos con otras normas en las cuales nos dicen que todo tiene que ser mediante prueba idónea obtenida mediante el IDIF”.
INVESTIGACIÓN. Dado que el interés de su cliente es esclarecer la muerte del reverendo, Campero dice no entender por qué de la oposición de los jesuitas. “Lamento que estos señores estén contra una investigación que quiere dar con la verdad histórica”.
El padre Chirveches, de la Compañía de Jesús, aseguró que no hay oposición a una investigación. Reconoció que tras el asesinato del sacerdote Espinal, esta orden decidió no impulsar una indagación, “no por cobardía, sino porque se decidió esperar un juicio mayor”, posición que cambió. No obstante, explicó que la investigación debe dar continuidad a la que fue iniciada hace años y no abrirse una nueva causa, como la actual, porque en ésta no se quiere dilucidar la muerte del clérigo. “Eso sí nos interesaría, por eso es que con este proceso en el que se busca la exhumación no estamos de acuerdo, porque es una demanda paralela cuya preocupación principal no es lo que pasó con él (Luis Espinal)”.
Y la pregunta que ronda entre los jesuitas, entre los familiares de las víctimas de dictaduras y en Remberto Cárdenas, quien trabajó con el sacerdote fallecido en el Semanario Aquí, es: ¿qué está detrás del proceso que inició Roberto Melean?
“No sabemos por qué después de 36 años es necesario remover estas cosas, y justamente es un proceso que no tiene nada que ver con la vida y la memoria del padre Espinal, porque todo llega a partir de un proceso ajeno a su vida, ajeno incluso a las causas reales de su muerte, por eso nuestra extrañeza que ahora aparezcan estas solicitudes”, respondió el padre Chirveches.
Para Montecinos, la denuncia tiene el fin de liberar a los responsables de la dictadura, García Meza, Arce Gómez y el propio Melean, porque la muerte de Espinal fue parte de la preparación del golpe de julio de 1980. Llanos remarcó que si el militar (Melean) quisiera coadyuvar con el esclarecimiento de estos hechos, comenzaría por revelar dónde están los restos de Ticona.
El periodista Cárdenas añadió que la denuncia del exoficial “parece destinada a liberar de responsabilidad o que por lo menos se dude de que no habrían sido García Meza ni Arce Gómez. Cuando habla un reo no se le cree nada y a Melean, que es un reo, se le cree, ¿qué busca realmente?”.
Además manifestó que se busca desinformar y favorecer a García Meza, porque cuando la denuncia fue publicada, éste tramitaba su libertad. “En el ámbito judicial el detalle importa, y eso no era para conmovernos a nosotros sino a quienes atendían el asunto o por lo menos para que se diga (que) ellos no son los autores”.
Ante ello, el abogado de García Meza insistió: “Por qué exonerarlo a García Meza si él no ha sido sentenciado por esa muerte, de qué lo vamos a exonerar si él ni siquiera era presidente, el 21 y 22 de marzo estaba Lidia Gueiler. De qué podemos exonerar a personas que no tienen responsabilidad legal, ahora, si estamos hablando del aspecto social escapa a nuestras manos que la sociedad sabrá juzgar”.
El golpe de Estado encabezado por Luis García Meza, para entonces comandante de las Fuerzas Armadas, y Luis Arce Gómez se produjo cuatro meses después del asesinato de Luis Espinal, el 17 de julio de 1980, pero quienes demandan justicia lo vinculan.
La investigación está en curso y el fiscal Quenta determinó que la exhumación se la haga a fines de enero. Una vez que se tengan los restos, el IDIF se encargaría de hacer las pericias de antropología forense.
Consultada al respecto, la antropóloga argentina Silvana Turner, miembro del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), especialista en ese tipo de casos, explicó que dependiendo de las condiciones de los restos y de cuál es la presunta causa de la muerte es posible encontrar indicios. “Si uno lo que está recuperando son restos óseos tiene que haber una causa de muerte o por lo menos la hipótesis sobre la causa de muerte y tiene que haber un rastro a nivel óseo, tiene que haber afectado los restos que tenemos para evaluar”, dijo y añadió que “cada caso debe ser analizado en particular de acuerdo con todos los antecedentes, que yo en este momento desconozco”.
El EAAF, que encontró los restos de Ernesto Che Guevara y lo identificó, así como de otros desaparecidos en el periodo dictatorial, no fue requerido para las pericias con relación a Espinal. Empero, los especialistas llegarán al país para buscar e identificar otros restos como los de Marcelo Quiroga Santa Cruz, Renato Ticona y Juan Carlos Flores Bedregal. En su momento fueron requeridos, según información de Página 12, por las limitaciones que tiene el IDIF.
Tras el secuestro, tortura y asesinato del padre Luis Espinal Camps, el 22 de marzo de 1980, su cuerpo fue sometido a una autopsia de ley y luego se realizaron exámenes de laboratorio a las balas que se le extrajeron, así como a su sangre, contenido gástrico y prendas de vestir, entre otros. Todo ello fue documentado por la División de Homicidios de la extinta Dirección de Investigación Nacional (DIN). Existen al menos 12 informes que documentan la tortura y el asesinato. ¿Esos documentos no son prueba suficiente que acredite la forma en que murió el sacerdote?
El padre Osvaldo Chirveches, Superior Oficial de la Compañía de Jesús en Bolivia, orden a la que pertenecía el clérigo, y representantes de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional y Social (Asofamd) consideran que esa información sí respalda la certeza del crimen que se cometió contra Espinal, por lo que a casi 37 años de su muerte no se justifica la exhumación de sus restos para hacer otros análisis.
Versión. Contraria es la posición de la parte acusadora, esto es del coronel Roberto Melean, excomandante segundo del Regimiento Topáter de Oruro, sentenciado por la desaparición de Renato Ticona, cuyo abogado es Frank Campero, quien también es defensor del exdictador Luis García Meza (1980-1981).
Si bien este jurista reconoció como legales los informes emitidos en esa época, no los consideró válidos para la investigación actual, porque no fueron certificados por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), ni los especialistas fueron reconocidos por esa institución.
La autopsia de ley practicada al cadáver de Espinal fue realizada en el Hospital del Tórax el 22 de marzo de 1980 y de ese acto procesal participaron 21 personas, entre ellas los médicos forenses Rolando Costa Arduz y Félix Romano Ramírez, el comandante general de la Policía, coronel Julio Lara Salazar, Ives Ortiz Suñiga, subsecretario de Justicia, (más datos al respecto en la página 10).
Se determinó como causa de la muerte “hemorragia aguda por múltiples lesiones esquelético viscerales, provocadas por paso de proyectil de arma de fuego”. Y añadió que se identificaron “signos de violencia traumáticas contusas (golpes) de significación, como por ejemplo la fractura del hueso esternal (parte frontal del cuerpo), lesiones que obedecen a traumas provocados en vida”.
La autopsia, además, determinó la existencia de 16 orificios en las partes ventral (vientre) y dorsal (espalda) y la extracción de dos proyectiles y un casquillo, que luego, a través del examen del Laboratorio Criminalístico Nacional, se estableció eran de arma automática calibre nueve milímetros.
Se precisó que, por ejemplo, las balas hicieron estallar costillas, el pulmón derecho, el lóbulo derecho del hígado y el diafragma. En cuanto a las extremidades se dio cuenta de una fractura en la pierna derecha.
El periódico Hoy publicó en su edición del 23 de marzo los detalles de la autopsia y, tomando como fuente la versión de uno de los representantes de la Compañía de Jesús, informó sobre “fuertes golpes de arma contundente” en la humanidad de Espinal “que le dejaron un profundo hematoma en forma de cruz, precisamente en el pecho”.
“¿Para qué van a exhumar?, no entendemos esa parte, ¿para qué?, no hay motivos, están las pruebas fehacientes en estos documentos”, enfatizó Edith Montecinos, secretaria ejecutiva de Asofamd, quien relató que aquel 22 de marzo de 1980 vio el cadáver del reverendo, pues ella y un grupo de estudiantes fueron a cuidar que no desaparezca. “He visto el cuerpo desnudo, tapadito”, afirmó.
En su portada del 23 de marzo, Hoy publicó la foto del cadáver de Espinal, desnudo, cubierto con una sábana de la cintura para abajo. En la foto se observa orificios en el lado derecho del cuerpo, a la altura del abdomen. La nota titula: “Fue asesinado director del Semanario ‘Aquí’; Luis Espinal fue torturado antes de ser acribillado a balazos”.
“Sí hay aquí (copias de los exámenes), hay un original y estamos dispuestos a mostrar la documentación”, aseveró la presidenta de Asofamd, Ruth Llanos.
Entre los archivos de esa organización no solo está una copia del protocolo de autopsia, sino la lista de las 21 personas que participaron en ese acto, así como el comunicado que fue emitido tras ese análisis. Así también están las solicitudes de los exámenes de laboratorio de las muestras de sangre y contenido gástrico, de las prendas de vestir y también el pedido de evaluación de los dos proyectiles y un casquillo, así como los resultados emitidos por el Laboratorio Criminalístico Nacional.
DOCUMENTOS. Todos esos legajos y otros fueron en su momento parte de la investigación iniciada por la muerte de Espinal, pero también fueron adjuntados como pruebas en el juicio contra García Meza y Luis Arce Gómez.
El padre Chirveches consideró que las evidencias existen, pero además que su certificación puede ser solicitada a las personas que estuvieron presentes en la autopsia. “Todas las pruebas necesarias para confirmar la muerte del padre Espinal ya existen, por eso consideramos que no es necesaria la exhumación”, dijo.
¿Por qué hacerlo a casi 37 años del hecho?
En criterio de Campero es indispensable tener pruebas y un certificado médico forense que avale la muerte del padre en el marco del proceso iniciado por Melean. Este exoficial denunció ante el Ministerio Público, en 2015, a seis militares de la época como los autores de la muerte del reverendo, por lo cual el fiscal Genaro Quenta abrió una causa que está en investigación. “Ni nosotros ni el fiscal Quenta tenemos certeza de la muerte, es decir, no hay un certificado médico forense que avale y dé la legalidad”, insistió el jurista.
Y detalló que es necesario llevar adelante un estudio pericial criminalístico, de laboratorio, de hematología, química, biología, genética, residuos, disparo, toxicología, estudios periciales médicos legales, de informática y auditoría “para fundamentar una posible sentencia de asesinato como delito de lesa humanidad (...) Con qué documentación sentenciaríamos a 30 años sin derecho a indulto a una persona si no tenemos un certificado médico forense que legalice la muerte de ésta”.
Argumentó que el protocolo de autopsia practicado en 1980 no es válido porque no equivale a un certificado médico forense. “Se hace una autopsia normal común y corriente, pero tiene que estar legalizada a través de un médico forense”, aunque al mismo tiempo reconoció que “es un documento legal”.
¿Y los dos médicos forenses que intervinieron no avalan el mismo? se le preguntó a Campero; respondiendo éste: “No, porque los médicos que ahí se ponen como forenses no han sido reconocidos por el IDIF, ésa es la traba que se tiene, por qué no se lo hizo con la legalidad correspondiente (...) Hemos solicitado al IDIF inclusive (si) estas personas tenían la posibilidad de dar esa categoría, pero no están registradas como corresponde”, afirmó Campero.
¿Cómo podían esos profesionales estar registrados en el IDIF en 1980, si éste recién fue creado en el marco de la Ley 1970, Nuevo Código de Procedimiento Penal, en 1999?
Campero insistió en que se realice un examen antropológico forense porque esa será la prueba para sancionar al principal responsable de la muerte de Espinal que, según el coronel Melean, es Jaime N. G. Q. Por ello, según él, el protocolo de autopsia, los exámenes de laboratorio y otros documentos practicados tras la muerte del sacerdote jesuita “simplemente llegarían a ser indicios” en esta indagación porque, además, las normas del país cambiaron a lo largo de 36 años. “Hoy estamos con otras normas en las cuales nos dicen que todo tiene que ser mediante prueba idónea obtenida mediante el IDIF”.
INVESTIGACIÓN. Dado que el interés de su cliente es esclarecer la muerte del reverendo, Campero dice no entender por qué de la oposición de los jesuitas. “Lamento que estos señores estén contra una investigación que quiere dar con la verdad histórica”.
El padre Chirveches, de la Compañía de Jesús, aseguró que no hay oposición a una investigación. Reconoció que tras el asesinato del sacerdote Espinal, esta orden decidió no impulsar una indagación, “no por cobardía, sino porque se decidió esperar un juicio mayor”, posición que cambió. No obstante, explicó que la investigación debe dar continuidad a la que fue iniciada hace años y no abrirse una nueva causa, como la actual, porque en ésta no se quiere dilucidar la muerte del clérigo. “Eso sí nos interesaría, por eso es que con este proceso en el que se busca la exhumación no estamos de acuerdo, porque es una demanda paralela cuya preocupación principal no es lo que pasó con él (Luis Espinal)”.
Y la pregunta que ronda entre los jesuitas, entre los familiares de las víctimas de dictaduras y en Remberto Cárdenas, quien trabajó con el sacerdote fallecido en el Semanario Aquí, es: ¿qué está detrás del proceso que inició Roberto Melean?
“No sabemos por qué después de 36 años es necesario remover estas cosas, y justamente es un proceso que no tiene nada que ver con la vida y la memoria del padre Espinal, porque todo llega a partir de un proceso ajeno a su vida, ajeno incluso a las causas reales de su muerte, por eso nuestra extrañeza que ahora aparezcan estas solicitudes”, respondió el padre Chirveches.
Para Montecinos, la denuncia tiene el fin de liberar a los responsables de la dictadura, García Meza, Arce Gómez y el propio Melean, porque la muerte de Espinal fue parte de la preparación del golpe de julio de 1980. Llanos remarcó que si el militar (Melean) quisiera coadyuvar con el esclarecimiento de estos hechos, comenzaría por revelar dónde están los restos de Ticona.
El periodista Cárdenas añadió que la denuncia del exoficial “parece destinada a liberar de responsabilidad o que por lo menos se dude de que no habrían sido García Meza ni Arce Gómez. Cuando habla un reo no se le cree nada y a Melean, que es un reo, se le cree, ¿qué busca realmente?”.
Además manifestó que se busca desinformar y favorecer a García Meza, porque cuando la denuncia fue publicada, éste tramitaba su libertad. “En el ámbito judicial el detalle importa, y eso no era para conmovernos a nosotros sino a quienes atendían el asunto o por lo menos para que se diga (que) ellos no son los autores”.
Ante ello, el abogado de García Meza insistió: “Por qué exonerarlo a García Meza si él no ha sido sentenciado por esa muerte, de qué lo vamos a exonerar si él ni siquiera era presidente, el 21 y 22 de marzo estaba Lidia Gueiler. De qué podemos exonerar a personas que no tienen responsabilidad legal, ahora, si estamos hablando del aspecto social escapa a nuestras manos que la sociedad sabrá juzgar”.
El golpe de Estado encabezado por Luis García Meza, para entonces comandante de las Fuerzas Armadas, y Luis Arce Gómez se produjo cuatro meses después del asesinato de Luis Espinal, el 17 de julio de 1980, pero quienes demandan justicia lo vinculan.
La investigación está en curso y el fiscal Quenta determinó que la exhumación se la haga a fines de enero. Una vez que se tengan los restos, el IDIF se encargaría de hacer las pericias de antropología forense.
Consultada al respecto, la antropóloga argentina Silvana Turner, miembro del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), especialista en ese tipo de casos, explicó que dependiendo de las condiciones de los restos y de cuál es la presunta causa de la muerte es posible encontrar indicios. “Si uno lo que está recuperando son restos óseos tiene que haber una causa de muerte o por lo menos la hipótesis sobre la causa de muerte y tiene que haber un rastro a nivel óseo, tiene que haber afectado los restos que tenemos para evaluar”, dijo y añadió que “cada caso debe ser analizado en particular de acuerdo con todos los antecedentes, que yo en este momento desconozco”.
El EAAF, que encontró los restos de Ernesto Che Guevara y lo identificó, así como de otros desaparecidos en el periodo dictatorial, no fue requerido para las pericias con relación a Espinal. Empero, los especialistas llegarán al país para buscar e identificar otros restos como los de Marcelo Quiroga Santa Cruz, Renato Ticona y Juan Carlos Flores Bedregal. En su momento fueron requeridos, según información de Página 12, por las limitaciones que tiene el IDIF.
