El juicio en Roma sobre la Operación Cóndor llega a su fin tras nueve años
El Tribunal de Roma celebra este proceso en primera instancia desde el 12 de febrero de 2015 y el caso fue abierto tras una larga investigación del fiscal italiano Giancarlo Capaldo.
La Razón Digital / EFE / Roma
La sentencia del juicio celebrado en Roma contra 28 militares de Bolivia, Chile, Perú y Uruguay imputados por la desaparición de italianos durante la Operación Cóndor, plan represivo contra opositores en estos países en las décadas de 1970 y 1980, se conocerá previsiblemente el próximo martes, tras 9 años entre investigaciones y fase procesal.
La fecha probable para la sentencia es el 17 de enero y para ello ya ha anunciado su presencia en Roma el vicepresidente de Uruguay, Raúl Sendic.
El pasado diciembre se escucharon los alegatos de los abogados defensores y el tribunal presidido por la jueza Evelina Canale fijó la última audiencia para el 17 de enero de 2017.
El Tribunal de Roma celebra este proceso en primera instancia desde el 12 de febrero de 2015 y el caso fue abierto tras una larga investigación del fiscal italiano Giancarlo Capaldo.
En la lista de acusados que presentó inicialmente Capaldo figuraban hasta 140 acusados de Argentina, Uruguay, Perú, Chile, Brasil, Paraguay y Bolivia.
Sin embargo, las trabas burocráticas a la hora de notificar las imputaciones de la Justicia italiana y la muerte de los acusados, ya de avanzada edad, ha acabado fijando la lista de imputados en los 28 actuales.
El pasado 14 de octubre, la fiscal Tiziana Cugini pidió la cadena perpetua para 27 de ellos: dos de nacionalidad boliviana, siete chilenos, cuatro peruanos y catorce uruguayos.
Aunque el próximo martes el Tribunal tendrá que tomar nota del fallecimiento, el pasado 28 de diciembre, de uno de estos imputados, el teniente general Gregorio Álvarez, presidente y dictador de Uruguay entre 1981 y 1985, y que estaba cumpliendo condena por hechos vinculados a la represión durante estos años.
Los militares chilenos imputados son Pedro Octavio Espinoza Bravo, Daniel Aguirre Mora, Carlos Luco Astroza, Orlando Moreno Vásquez, Hernán Jerónimo Ramírez, Rafael Ahumada Valderrama y Manuel Abraham Vásquez Chauan.
Los bolivianos son el expresidente de Bolivia Luis García Meza Tejada y su ministro del Interior, Luis Arce Gómez.
Los peruanos son Martín Martínez Garay, Francisco Morales Bermúdez Cerruti, Pedro Richter Prada y Germán Ruiz Figeroa.
Los uruguayos son José Ricardo Arab Fernández, Juan Carlos Blanco, "Nino" Gavazzo Pereira y Juan Carlos Larcebeay Aguirregaray, Pedro Antonio Mato Narbondo y Luis Alfredo Maurente Mata.
También Ricardo José Medina Blanco, Ernesto Avelino Ramas Pereira, José Sande Lima, Jorge Alberto Silveira Quesada, Ernesto Soca y Gilberto Vázquez Bissio.
Reclamó la misma pena para el único de los imputados que se ha personado en el juicio, el uruguayo Jorge Néstor Troccoli Fernández, que reside en libertad en Italia.
Por otro lado la fiscal pidió la absolución del piloto uruguayo Ricardo Eliseo Chávez Domínguez, "porque no cometió los hechos" atribuidos.
Durante el juicio se han escuchado los testimonios de supervivientes, así como de los familiares de algunos de los desaparecidos.
Entre ellos, de los desaparecidos ítalo-uruguayos Bernardo Arnone, Daniel Banfi y Héctor Giordano, del ítalo-chileno Omar Venturelli y del ítalo-argentino Lorenzo Viñas.
La Operación Cóndor fue un plan ideado por el general Augusto Pinochet que orquestó la represión de la oposición política en las décadas de 1970 y 1980 por parte, sobre todo, de los regímenes dictatoriales de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia.
Un informe de la CIA estadounidense, en el que se basa la acusación en el caso del fiscal italiano Giancarlo Capaldo, precisa que Perú y Ecuador se convirtieron en miembros de este plan a finales de los años 80.
La sentencia del juicio celebrado en Roma contra 28 militares de Bolivia, Chile, Perú y Uruguay imputados por la desaparición de italianos durante la Operación Cóndor, plan represivo contra opositores en estos países en las décadas de 1970 y 1980, se conocerá previsiblemente el próximo martes, tras 9 años entre investigaciones y fase procesal.
La fecha probable para la sentencia es el 17 de enero y para ello ya ha anunciado su presencia en Roma el vicepresidente de Uruguay, Raúl Sendic.
El pasado diciembre se escucharon los alegatos de los abogados defensores y el tribunal presidido por la jueza Evelina Canale fijó la última audiencia para el 17 de enero de 2017.
El Tribunal de Roma celebra este proceso en primera instancia desde el 12 de febrero de 2015 y el caso fue abierto tras una larga investigación del fiscal italiano Giancarlo Capaldo.
En la lista de acusados que presentó inicialmente Capaldo figuraban hasta 140 acusados de Argentina, Uruguay, Perú, Chile, Brasil, Paraguay y Bolivia.
Sin embargo, las trabas burocráticas a la hora de notificar las imputaciones de la Justicia italiana y la muerte de los acusados, ya de avanzada edad, ha acabado fijando la lista de imputados en los 28 actuales.
El pasado 14 de octubre, la fiscal Tiziana Cugini pidió la cadena perpetua para 27 de ellos: dos de nacionalidad boliviana, siete chilenos, cuatro peruanos y catorce uruguayos.
Aunque el próximo martes el Tribunal tendrá que tomar nota del fallecimiento, el pasado 28 de diciembre, de uno de estos imputados, el teniente general Gregorio Álvarez, presidente y dictador de Uruguay entre 1981 y 1985, y que estaba cumpliendo condena por hechos vinculados a la represión durante estos años.
Los militares chilenos imputados son Pedro Octavio Espinoza Bravo, Daniel Aguirre Mora, Carlos Luco Astroza, Orlando Moreno Vásquez, Hernán Jerónimo Ramírez, Rafael Ahumada Valderrama y Manuel Abraham Vásquez Chauan.
Los bolivianos son el expresidente de Bolivia Luis García Meza Tejada y su ministro del Interior, Luis Arce Gómez.
Los peruanos son Martín Martínez Garay, Francisco Morales Bermúdez Cerruti, Pedro Richter Prada y Germán Ruiz Figeroa.
Los uruguayos son José Ricardo Arab Fernández, Juan Carlos Blanco, "Nino" Gavazzo Pereira y Juan Carlos Larcebeay Aguirregaray, Pedro Antonio Mato Narbondo y Luis Alfredo Maurente Mata.
También Ricardo José Medina Blanco, Ernesto Avelino Ramas Pereira, José Sande Lima, Jorge Alberto Silveira Quesada, Ernesto Soca y Gilberto Vázquez Bissio.
Reclamó la misma pena para el único de los imputados que se ha personado en el juicio, el uruguayo Jorge Néstor Troccoli Fernández, que reside en libertad en Italia.
Por otro lado la fiscal pidió la absolución del piloto uruguayo Ricardo Eliseo Chávez Domínguez, "porque no cometió los hechos" atribuidos.
Durante el juicio se han escuchado los testimonios de supervivientes, así como de los familiares de algunos de los desaparecidos.
Entre ellos, de los desaparecidos ítalo-uruguayos Bernardo Arnone, Daniel Banfi y Héctor Giordano, del ítalo-chileno Omar Venturelli y del ítalo-argentino Lorenzo Viñas.
La Operación Cóndor fue un plan ideado por el general Augusto Pinochet que orquestó la represión de la oposición política en las décadas de 1970 y 1980 por parte, sobre todo, de los regímenes dictatoriales de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia.
Un informe de la CIA estadounidense, en el que se basa la acusación en el caso del fiscal italiano Giancarlo Capaldo, precisa que Perú y Ecuador se convirtieron en miembros de este plan a finales de los años 80.
