La victoria de Trump garantiza un Tribunal Supremo conservador durante décadas
Como candidato, el republicano prometió revocar el derecho al aborto y amenazó el matrimonio igualitario
Cristina F. Pereda
Corresponsal en Estados Unidos
Washington, El País
El legado del presidente Barack Obama, las grandes reformas con las que ha quedado definido el Estados Unidos actual donde estaba protegido el derecho al aborto, se bloqueaban leyes antiinmigrantes y se reconoció el matrimonio igualitario, fueron apuntaladas en los últimos años con sentencias del Tribunal Supremo. La victoria de Donald Trump y el liderazgo republicano en la Cámara de Representantes y en el Senado garantizarán una corte con un impacto quizás más grande en la dirección del país por la nueva composición ideológica de esta corte, cuya trayectoria predominantemente conservadora de las últimas cuatro décadas puede durar varias más.
Una de las primeras decisiones de Trump como presidente será el nombramiento del sustituto del juez Antonin Scalia, fallecido el pasado mes de febrero. Su triunfo en las elecciones es también el de la estrategia republicana que durante nueve meses ha bloqueado al magistrado nombrado por Obama, Merrick Garland. Así se apagó la última posibilidad de los demócratas para equilibrar la balanza entre jueces conservadores y progresistas.
Ahora Trump puede ir más allá. Al nombramiento del juez que sustituya a Scalia, uno de los más conservadores que haya pasado por las salas del Supremo, el republicano tendrá casi con toda seguridad la oportunidad de nombrar a uno o dos más, ya que los jueces Ruth Bader Ginsburg y Stephen Breyer, con 83 y 78 años respectivamente, podrían retirarse durante su primer mandato. Ambos son considerados progresistas, ambos fueron nombrados por demócratas y ambos serían sustituidos por un conservador a elección de Trump.
Ese sería su legado la máxima autoridad judicial del país, una mayoría de seis jueces conservadores y tres progresistas. La herencia de ese Tribunal va más allá del mandato de un presidente y, en el caso de Trump, tendrá consecuencias en materias que abarcan desde el derecho al aborto hasta las medidas para luchar contra el cambio climático, desde la regulación de las armas hasta la inmigración. La principal amenaza de esa corte no es que pueda impedir el reconocimiento de nuevos derechos, sino que puede revertir los ya alcanzados.
Durante su etapa como candidato republicano, Trump prometió nombrar jueces ultraconservadores que blinden la Segunda Enmienda de cualquier reforma que intente regular la posesión de armas, que estén dispuestos a derogar el derecho al aborto reconocido por la sentencia de 1973 conocida como Roe V. Wade, e incluso revertir el derecho al matrimonio igualitario, legalizado en 2015.
Su compromiso es tan serio que durante la campaña publicó una lista de las personas que consideraría para sustituir al juez Scalia. La lista de 11 nombres -un gesto casi sin precedentes- fue elaborada con la asistencia de think tanks de Washington para demostrar que Trump también quería representar a los republicanos más conservadores y escépticos sobre sus intenciones. Todos sus candidatos son blancos, ya ejercen en otros tribunales federales o cortes supremas de los Estados y, según el entonces aspirante a presidente, “representan el tipo de valores constitucionales en los que yo creo”.
El impacto no será inmediato, pero Trump tiene el camino despejado para empezar. En primer lugar, los republicanos cuentan con mayoría de legisladores en el Senado, la cámara que debe confirmar a sus nominados a juez en la Corte y que no deberían encontrar ningún obstáculo a sus nombramientos. En segundo lugar, la maquinaria conservadora prepara desde hace varios años demandas contra leyes aprobadas por Obama como las que intentaron parar la reforma migratoria, el matrimonio igualitario, el derecho al aborto o incluso las medidas para luchar contra el cambio climático.
Todas ellas se basaban en los dos mismos argumentos, que Obama se había excedido en sus competencias o que sus reformas violaban la libertad religiosa de los ciudadanos, y lograron ser bloqueadas por el mismo mecanismo que ahora juega a favor de Trump. La mayoría de jueces moderados y de ideología progresista en el Tribunal rechazaron estudiar algunas de estas demandas y, las que sí salieron adelante, fracasaron ante sentencias avaladas por esa misma coalición de magistrados. Ahora el presidente electo republicano podrá elegir jueces que avalen lo mismo, que acepten las demandas y ratifiquen después las leyes que garanticen esos valores conservadores.
Corresponsal en Estados Unidos
Washington, El País
El legado del presidente Barack Obama, las grandes reformas con las que ha quedado definido el Estados Unidos actual donde estaba protegido el derecho al aborto, se bloqueaban leyes antiinmigrantes y se reconoció el matrimonio igualitario, fueron apuntaladas en los últimos años con sentencias del Tribunal Supremo. La victoria de Donald Trump y el liderazgo republicano en la Cámara de Representantes y en el Senado garantizarán una corte con un impacto quizás más grande en la dirección del país por la nueva composición ideológica de esta corte, cuya trayectoria predominantemente conservadora de las últimas cuatro décadas puede durar varias más.
Una de las primeras decisiones de Trump como presidente será el nombramiento del sustituto del juez Antonin Scalia, fallecido el pasado mes de febrero. Su triunfo en las elecciones es también el de la estrategia republicana que durante nueve meses ha bloqueado al magistrado nombrado por Obama, Merrick Garland. Así se apagó la última posibilidad de los demócratas para equilibrar la balanza entre jueces conservadores y progresistas.
Ahora Trump puede ir más allá. Al nombramiento del juez que sustituya a Scalia, uno de los más conservadores que haya pasado por las salas del Supremo, el republicano tendrá casi con toda seguridad la oportunidad de nombrar a uno o dos más, ya que los jueces Ruth Bader Ginsburg y Stephen Breyer, con 83 y 78 años respectivamente, podrían retirarse durante su primer mandato. Ambos son considerados progresistas, ambos fueron nombrados por demócratas y ambos serían sustituidos por un conservador a elección de Trump.
Ese sería su legado la máxima autoridad judicial del país, una mayoría de seis jueces conservadores y tres progresistas. La herencia de ese Tribunal va más allá del mandato de un presidente y, en el caso de Trump, tendrá consecuencias en materias que abarcan desde el derecho al aborto hasta las medidas para luchar contra el cambio climático, desde la regulación de las armas hasta la inmigración. La principal amenaza de esa corte no es que pueda impedir el reconocimiento de nuevos derechos, sino que puede revertir los ya alcanzados.
Durante su etapa como candidato republicano, Trump prometió nombrar jueces ultraconservadores que blinden la Segunda Enmienda de cualquier reforma que intente regular la posesión de armas, que estén dispuestos a derogar el derecho al aborto reconocido por la sentencia de 1973 conocida como Roe V. Wade, e incluso revertir el derecho al matrimonio igualitario, legalizado en 2015.
Su compromiso es tan serio que durante la campaña publicó una lista de las personas que consideraría para sustituir al juez Scalia. La lista de 11 nombres -un gesto casi sin precedentes- fue elaborada con la asistencia de think tanks de Washington para demostrar que Trump también quería representar a los republicanos más conservadores y escépticos sobre sus intenciones. Todos sus candidatos son blancos, ya ejercen en otros tribunales federales o cortes supremas de los Estados y, según el entonces aspirante a presidente, “representan el tipo de valores constitucionales en los que yo creo”.
El impacto no será inmediato, pero Trump tiene el camino despejado para empezar. En primer lugar, los republicanos cuentan con mayoría de legisladores en el Senado, la cámara que debe confirmar a sus nominados a juez en la Corte y que no deberían encontrar ningún obstáculo a sus nombramientos. En segundo lugar, la maquinaria conservadora prepara desde hace varios años demandas contra leyes aprobadas por Obama como las que intentaron parar la reforma migratoria, el matrimonio igualitario, el derecho al aborto o incluso las medidas para luchar contra el cambio climático.
Todas ellas se basaban en los dos mismos argumentos, que Obama se había excedido en sus competencias o que sus reformas violaban la libertad religiosa de los ciudadanos, y lograron ser bloqueadas por el mismo mecanismo que ahora juega a favor de Trump. La mayoría de jueces moderados y de ideología progresista en el Tribunal rechazaron estudiar algunas de estas demandas y, las que sí salieron adelante, fracasaron ante sentencias avaladas por esa misma coalición de magistrados. Ahora el presidente electo republicano podrá elegir jueces que avalen lo mismo, que acepten las demandas y ratifiquen después las leyes que garanticen esos valores conservadores.
