El nuevo acuerdo de paz en Colombia incluye reclamos del ‘no’ sin cambiar los asuntos más controvertidos
Las FARC, que deberán entregar sus bienes, evitan ir a la cárcel, tendrán garantizada la participación política y en la jurisdicción especial no habrá jueces extranjeros
Sally Palomino
Javier Lafuente
Bogotá / Caracas, El País
Colombia vive otra vez en una espiral de dimes y diretes después de la firma del nuevo acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC el sábado por la tarde. A la espera de conocer el texto íntegro del pacto –previsiblemente este domingo por la noche-, los negociadores y los partidarios del ‘sí’ en el plebiscito de hace un mes celebraron que se trata de un pacto más completo, que incorpora muchas de las objeciones que habían hecho los abanderados del ‘no’, liderados por el expresidente Uribe. En los asuntos más controvertidos, como la participación política de las FARC o que los guerrilleros pudiesen pagar cárcel, no ha habido cambios. Los negociadores asumen que eso hubiese hecho inviable el acuerdo y poner fin a más de 50 años de guerra.
En poco menos de un mes, y después de decenas de reuniones con distintos sectores del ‘no’, ambas partes han conseguido sacar adelante un nuevo acuerdo. La premura respondía sobre todo a la necesidad de apaciguar las tensiones entre la base guerrillerada que se iba a desmovilizar y quedó en un limbo. No obstante, como ocurrió durante los cuatro años de negociaciones, la falta de claridad en los mensajes, el equilibrio con las palabras, ha generado más dudas que certezas, una munición para los críticos con el proceso.
Los partidarios de rechazar el acuerdo del 26 de septiembre hicieron al Gobierno unas 400 propuestas, encuadradas en 57 temas o bloques, que después se negociaron con las FARC. El presidente, Juan Manuel Santos, celebró que se habían incluido 56 de los temas y que el único en el que no se logró una modificación fue el de la participación política de las FARC. La guerrilla seguirá teniendo garantizada la presencia durante los dos próximos periodos electorales, pese a que el mandatario aseguró que “no tendrán curules a dedo”, un mensaje que generó confusión. Según fuentes conocedoras del texto, a lo que se refería es que el nuevo partido político que surja tendrá que presentarse a las elecciones para tener los 10 escaños garantizados, algo que ya figuraba en el texto anterior.
El punto de la justicia, uno de los que más críticas recibió, ha sufrido varias modificaciones. Para muchos analistas, como Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), es lo más destacable. El nuevo texto delimita las zonas en donde se cumplirán las sanciones, uno de los requerimientos de los portavoces del ‘no’ y estará sometida al orden penal que ya existe en el país. “Las decisiones que tome esa justicia especial se pueden llevar ante otras instancias para que sean revisadas”, explica Restrepo. Es decir, la jurisdicción de una corte colombiana será superior a la nueva justicia. Se articulará así la justicia transicional con el sistema judicial ordinario. El nuevo texto elimina la presencia la presencia en la JEP de jueces extranjeros, otra de las críticas de los partidarios del ‘no’, aunque acepta la participación de expertos de fuera de Colombia. Además, se acotó el tiempo de funcionamiento de la nueva jurisdicción: durante 10 años y solo podrá recibir solicitudes de investigación de casos en los dos primeros.
Otra de las novedades que incluye el nuevo documento es que las FARC deberán informar sobre sus bienes y el dinero que tengan para destinarlo a la reparación de víctimas. En cuanto al tema de la restitución de tierras, el primer punto del documento inicial y sobre el que el expresidente Uribe manifestó su desacuerdo, se insistió en que nada de lo que esté incluido en la reforma agraria afectará la propiedad privada. A nadie se expropiara, como temían los partidarios del ‘no’.
Sobre el enfoque de género, otro de los aspectos que más polémica generó y que movilizó principalmente a los grupos religiosos en el plebiscito, se trató de aclarar la redacción. Los sectores ultraconservadores criticaron que el viejo acuerdo privilegiaba a la comunidad LGTBI. En el nuevo texto, este aspecto quedaría matizado, aunque se insiste en que cualquier persona debe disfrutar de todos los derechos, independientemente de su sexo, edad, creencias religiones o condición sexual. Además, el nuevo acuerdo reconoce que el conflicto ha impactado de manera diferente a la mujer y que, por lo tanto, se requieren acciones distintas y específicas para restablecer sus derechos.
Otra de las dudas que no han sido aclaradas hasta ahora es cómo se va a refrendar el nuevo acuerdo. Personas al tanto de las negociaciones descartan que se vaya a celebrar otro plebiscito. La opción más probable es que se tramite a través del Congreso y se mantenga el ‘fast track’, un tramite en el Congreso con menos debates de los que normalmente se necesitan para lograr sacar adelante una ley. De lo contrario, todo lo incluido en el acuerdo se podría demorar hasta finales del año que viene y dificultar su implementación, un limbo, otro más, que cuenta con el rechazo frontal de las FARC.
Javier Lafuente
Bogotá / Caracas, El País
Colombia vive otra vez en una espiral de dimes y diretes después de la firma del nuevo acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC el sábado por la tarde. A la espera de conocer el texto íntegro del pacto –previsiblemente este domingo por la noche-, los negociadores y los partidarios del ‘sí’ en el plebiscito de hace un mes celebraron que se trata de un pacto más completo, que incorpora muchas de las objeciones que habían hecho los abanderados del ‘no’, liderados por el expresidente Uribe. En los asuntos más controvertidos, como la participación política de las FARC o que los guerrilleros pudiesen pagar cárcel, no ha habido cambios. Los negociadores asumen que eso hubiese hecho inviable el acuerdo y poner fin a más de 50 años de guerra.
En poco menos de un mes, y después de decenas de reuniones con distintos sectores del ‘no’, ambas partes han conseguido sacar adelante un nuevo acuerdo. La premura respondía sobre todo a la necesidad de apaciguar las tensiones entre la base guerrillerada que se iba a desmovilizar y quedó en un limbo. No obstante, como ocurrió durante los cuatro años de negociaciones, la falta de claridad en los mensajes, el equilibrio con las palabras, ha generado más dudas que certezas, una munición para los críticos con el proceso.
Los partidarios de rechazar el acuerdo del 26 de septiembre hicieron al Gobierno unas 400 propuestas, encuadradas en 57 temas o bloques, que después se negociaron con las FARC. El presidente, Juan Manuel Santos, celebró que se habían incluido 56 de los temas y que el único en el que no se logró una modificación fue el de la participación política de las FARC. La guerrilla seguirá teniendo garantizada la presencia durante los dos próximos periodos electorales, pese a que el mandatario aseguró que “no tendrán curules a dedo”, un mensaje que generó confusión. Según fuentes conocedoras del texto, a lo que se refería es que el nuevo partido político que surja tendrá que presentarse a las elecciones para tener los 10 escaños garantizados, algo que ya figuraba en el texto anterior.
El punto de la justicia, uno de los que más críticas recibió, ha sufrido varias modificaciones. Para muchos analistas, como Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), es lo más destacable. El nuevo texto delimita las zonas en donde se cumplirán las sanciones, uno de los requerimientos de los portavoces del ‘no’ y estará sometida al orden penal que ya existe en el país. “Las decisiones que tome esa justicia especial se pueden llevar ante otras instancias para que sean revisadas”, explica Restrepo. Es decir, la jurisdicción de una corte colombiana será superior a la nueva justicia. Se articulará así la justicia transicional con el sistema judicial ordinario. El nuevo texto elimina la presencia la presencia en la JEP de jueces extranjeros, otra de las críticas de los partidarios del ‘no’, aunque acepta la participación de expertos de fuera de Colombia. Además, se acotó el tiempo de funcionamiento de la nueva jurisdicción: durante 10 años y solo podrá recibir solicitudes de investigación de casos en los dos primeros.
Otra de las novedades que incluye el nuevo documento es que las FARC deberán informar sobre sus bienes y el dinero que tengan para destinarlo a la reparación de víctimas. En cuanto al tema de la restitución de tierras, el primer punto del documento inicial y sobre el que el expresidente Uribe manifestó su desacuerdo, se insistió en que nada de lo que esté incluido en la reforma agraria afectará la propiedad privada. A nadie se expropiara, como temían los partidarios del ‘no’.
Sobre el enfoque de género, otro de los aspectos que más polémica generó y que movilizó principalmente a los grupos religiosos en el plebiscito, se trató de aclarar la redacción. Los sectores ultraconservadores criticaron que el viejo acuerdo privilegiaba a la comunidad LGTBI. En el nuevo texto, este aspecto quedaría matizado, aunque se insiste en que cualquier persona debe disfrutar de todos los derechos, independientemente de su sexo, edad, creencias religiones o condición sexual. Además, el nuevo acuerdo reconoce que el conflicto ha impactado de manera diferente a la mujer y que, por lo tanto, se requieren acciones distintas y específicas para restablecer sus derechos.
Otra de las dudas que no han sido aclaradas hasta ahora es cómo se va a refrendar el nuevo acuerdo. Personas al tanto de las negociaciones descartan que se vaya a celebrar otro plebiscito. La opción más probable es que se tramite a través del Congreso y se mantenga el ‘fast track’, un tramite en el Congreso con menos debates de los que normalmente se necesitan para lograr sacar adelante una ley. De lo contrario, todo lo incluido en el acuerdo se podría demorar hasta finales del año que viene y dificultar su implementación, un limbo, otro más, que cuenta con el rechazo frontal de las FARC.
