Jueza envía a minero Aparaya a Chonchocoro
La jueza Ana Dorado determinó enviar al minero cooperativista Ángel Aparaya a la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, en calidad de detenido preventivo por la muerte de viceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes.
La audiencia del minero se desarrolló en los juzgados de la ciudad de El Alto. En un inicio, la jueza determinó que sea enviado a la cárcel de San Pedro, pero corrigió su decisión luego del pedido del Ministerio de Gobierno para que sea remitido a Chonchocoro.
Aparaya fue imputado por los delitos de robo agravado, tenencia y porte o portación ilícita y atentados contra miembros de organismo de seguridad del Estado, luego de que se entregara ayer al Ministerio Público, tras ser trasladado desde Viloco por el Defensor del Pueblo, David Tezanos Pinto.
Tras su audiencia cautelar, un grupo de familiares del viceministro Illanes quiso alcanzarlo, pero la Policía impidió tal situación.
En la audiencia, la comisión de fiscales detalló que Aparaya fue identificado en la localidad de Panduro el pasado 25 de agosto, cuando se registró el secuestro del Viceministro y su posterior asesinato a manos de una turba de cooperativistas mineros.
Según los indicios colectados en el cuaderno de investigación, tras conocer de la muerte de su primo, Rubén Aparaya, en el conflicto minero, el imputado se dirigió al cerro Pucara donde estaba secuestrado el Viceministro, para golpearlo hasta causarle la muerte, informó la Fiscalía a través de un comunicado de prensa.
En cuanto al delito de robo agravado, la comisión de fiscales estableció que el imputado junto a otros cooperativistas ingresaron violentamente en el vehículo del Viceministro para sustraer objetos personales, entre ellos: una mochila y el arma de reglamento del escolta de la extinta autoridad.
Respecto al delito de tenencia y porte o portación ilícita, el Ministerio Público determinó que Aparaya promovió actos de vandalismo con el uso de explosivos a fin de causar daños físicos a los efectivos policiales, por lo que también se enmarca el delito de atentados contra miembros de organismo de seguridad del Estado.
El Ministerio Público informó además que el imputado no presentó documentación idónea que demuestre tener familia constituida, domicilio o residencia habitual en el país, en consecuencia es previsible que pueda abandonar el país o permanecer oculto como lo hizo hasta la fecha para evadir la acción de justicia.
