Internacional ¿Por qué no juzga el Tribunal de La Haya los crímenes de la guerra siria?
La Corte Penal no tiene jurisdicción sobre Siria, que no es miembro. Tampoco la ONU, por el veto ruso, remite a esa instancia los casos
Isabel Ferrer
La Haya, El País
La Corte Penal Internacional (CPI) tiene un problema de imagen. Es la primera instancia permanente dedicada desde 2002 a perseguir el genocidio y los crímenes de guerra y contra la humanidad, pero con nueve de sus diez casos en marcha centrados en África, las acusaciones de neocolonialismo acaban de traducirse en hechos: Gambia, Burundi, Sudáfrica y Kenia han anunciado su retirada. Al mismo tiempo, las atrocidades perpetradas a diario en Siria e Irak, y emitidas prácticamente en directo en televisión, no son perseguidas. ¿Por qué no se denuncian ante la CPI, que parece la instancia adecuada?
La respuesta jurídica es simple pero deja un regusto amargo: Siria e Irak no son miembros de la Corte y ésta carece por tanto de jurisdicción; no es universal. La explicación política es aún más ácida: aunque no lo sean, el Consejo de Seguridad de la ONU podría remitir ambos casos a La Haya, sede de la Corte, pero no lo hace. Rusia, uno de sus asientos permanentes, lo veta. ¿Qué hacer, entonces, cuando Estados Unidos, China, India o Israel tampoco están, ni de momento se les espera, en el seno de la justicia internacional?
“Si Rusia mantiene el veto, técnicamente nada, por ahora, en Siria e Irak. Pero Naciones Unidas está formada por 193 países, y se puede señalar a gente como el presidente sirio, Bachar el Asad, que ha lanzado presuntamente ataques químicos contra la población. Ya sé que ni él, ni el presidente sudanés, Omar al Bashir, buscado por la CPI por genocidio en Darfur, viajan mucho al extranjero, pero a la presión diplomática internacional se puede sumar la acción de los tribunales nacionales. Si surge un nexo legal para investigar, países como Holanda, Bélgica e incluso España, podrían contribuir también a detenerles”, señala Marieke de Hoon, experta en Derecho Penal Internacional y Derechos Humanos, de la Universidad Libre de Ámsterdam. “El Tribunal Penal debe existir”, añade. “Es un éxito, porque ha demostrado que no hay impunidad para los poderosos, como ocurría siempre antes. Pero si da la sensación de que no cumple las expectativas creadas, su problema de credibilidad será difícil de resolver. Debe darse cuenta de que los casos que elige tienen un componente político, aunque pueda abordarlos de forma imparcial e independiente, como ha demostrado. Debe ver que hay países que pueden usarla para condenar a otros, pero sin dejar que les apunten a ellos”.
Estados Unidos, que colabora con La Haya, es un ejemplo claro de esa paradoja. El expresidente Bill Clinton firmó en el año 2000 el Estatuto de Roma, texto fundacional de la CPI. Su sucesor, George W. Busch, no lo sometió al Senado, paso indispensable para su posible ratificación. El presidente Obama tampoco lo ha hecho. Fatou Bensouda, fiscal jefe del Tribunal Penal y gambiana, intenta explicar las razones que la llevan a elegir los casos. Pero por muy distorsionada que esté, la percepción neocolonialista de África es real. “Es vista como un tribunal externo que les dice qué es la justicia, y hubiera sido mejor que comprendiera antes la repercusión dicho sentimiento. Porque los crímenes que allí persigue han ocurrido y hay pruebas para demostrarlo. Además, al menos los presidentes de Gambia y Burundi temen que Bensouda investigue la violencia provocada por su empeño en perpetuarse en el poder”, añade De Hoon.
El Consejo de Seguridad de la ONU ya remitió los casos de Sudán y Libia a La Haya, a pesar de que no son miembros. Uganda, República Democrática de Congo, República Centroafricana (dos veces) y Malí pidieron a la Corte que examinara su situación. Así que solo en Kenia y Costa de Marfil aplicó la fiscalía la complementariedad, es decir, actuó cuando un país miembro no pudo, o no quiso hacerlo. En Georgia hizo otro tanto. Además, los crímenes cometidos en Afganistán, Colombia o los territorios palestinos ocupados por Israel están siendo examinados. “En la justicia penal internacional se busca la responsabilidad del autor del delito, pero las grandes potencias, empezando por Estados Unidos, prefieren la estabilidad y la seguridad en nombre de la paz”, concluye la experta holandesa.
Teniendo en cuenta que, a pesar de sus reveses, gracias a los juicios de Nuremberg y del Tribunal Penal para la Antigua Yugoslavia, la mayor parte de los encausados por los peores actos imaginables son europeos, la labor de la CPI se vería reforzada por el apoyo de la comunidad internacional que la fiscal Bensouda no se cansa de pedir cuantas veces comparece ante Naciones Unidas.
La Haya, El País
La Corte Penal Internacional (CPI) tiene un problema de imagen. Es la primera instancia permanente dedicada desde 2002 a perseguir el genocidio y los crímenes de guerra y contra la humanidad, pero con nueve de sus diez casos en marcha centrados en África, las acusaciones de neocolonialismo acaban de traducirse en hechos: Gambia, Burundi, Sudáfrica y Kenia han anunciado su retirada. Al mismo tiempo, las atrocidades perpetradas a diario en Siria e Irak, y emitidas prácticamente en directo en televisión, no son perseguidas. ¿Por qué no se denuncian ante la CPI, que parece la instancia adecuada?
La respuesta jurídica es simple pero deja un regusto amargo: Siria e Irak no son miembros de la Corte y ésta carece por tanto de jurisdicción; no es universal. La explicación política es aún más ácida: aunque no lo sean, el Consejo de Seguridad de la ONU podría remitir ambos casos a La Haya, sede de la Corte, pero no lo hace. Rusia, uno de sus asientos permanentes, lo veta. ¿Qué hacer, entonces, cuando Estados Unidos, China, India o Israel tampoco están, ni de momento se les espera, en el seno de la justicia internacional?
“Si Rusia mantiene el veto, técnicamente nada, por ahora, en Siria e Irak. Pero Naciones Unidas está formada por 193 países, y se puede señalar a gente como el presidente sirio, Bachar el Asad, que ha lanzado presuntamente ataques químicos contra la población. Ya sé que ni él, ni el presidente sudanés, Omar al Bashir, buscado por la CPI por genocidio en Darfur, viajan mucho al extranjero, pero a la presión diplomática internacional se puede sumar la acción de los tribunales nacionales. Si surge un nexo legal para investigar, países como Holanda, Bélgica e incluso España, podrían contribuir también a detenerles”, señala Marieke de Hoon, experta en Derecho Penal Internacional y Derechos Humanos, de la Universidad Libre de Ámsterdam. “El Tribunal Penal debe existir”, añade. “Es un éxito, porque ha demostrado que no hay impunidad para los poderosos, como ocurría siempre antes. Pero si da la sensación de que no cumple las expectativas creadas, su problema de credibilidad será difícil de resolver. Debe darse cuenta de que los casos que elige tienen un componente político, aunque pueda abordarlos de forma imparcial e independiente, como ha demostrado. Debe ver que hay países que pueden usarla para condenar a otros, pero sin dejar que les apunten a ellos”.
Estados Unidos, que colabora con La Haya, es un ejemplo claro de esa paradoja. El expresidente Bill Clinton firmó en el año 2000 el Estatuto de Roma, texto fundacional de la CPI. Su sucesor, George W. Busch, no lo sometió al Senado, paso indispensable para su posible ratificación. El presidente Obama tampoco lo ha hecho. Fatou Bensouda, fiscal jefe del Tribunal Penal y gambiana, intenta explicar las razones que la llevan a elegir los casos. Pero por muy distorsionada que esté, la percepción neocolonialista de África es real. “Es vista como un tribunal externo que les dice qué es la justicia, y hubiera sido mejor que comprendiera antes la repercusión dicho sentimiento. Porque los crímenes que allí persigue han ocurrido y hay pruebas para demostrarlo. Además, al menos los presidentes de Gambia y Burundi temen que Bensouda investigue la violencia provocada por su empeño en perpetuarse en el poder”, añade De Hoon.
El Consejo de Seguridad de la ONU ya remitió los casos de Sudán y Libia a La Haya, a pesar de que no son miembros. Uganda, República Democrática de Congo, República Centroafricana (dos veces) y Malí pidieron a la Corte que examinara su situación. Así que solo en Kenia y Costa de Marfil aplicó la fiscalía la complementariedad, es decir, actuó cuando un país miembro no pudo, o no quiso hacerlo. En Georgia hizo otro tanto. Además, los crímenes cometidos en Afganistán, Colombia o los territorios palestinos ocupados por Israel están siendo examinados. “En la justicia penal internacional se busca la responsabilidad del autor del delito, pero las grandes potencias, empezando por Estados Unidos, prefieren la estabilidad y la seguridad en nombre de la paz”, concluye la experta holandesa.
Teniendo en cuenta que, a pesar de sus reveses, gracias a los juicios de Nuremberg y del Tribunal Penal para la Antigua Yugoslavia, la mayor parte de los encausados por los peores actos imaginables son europeos, la labor de la CPI se vería reforzada por el apoyo de la comunidad internacional que la fiscal Bensouda no se cansa de pedir cuantas veces comparece ante Naciones Unidas.
