Fiscalía acusa a Costas por malversación, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica
Es por el caso de la compra de 40 camionetas que presuntamente no estaban contempladas en el presupuesto del año 2007.
Página Siete Digital / La Paz
El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, fue acusado formalmente por la Fiscalía por los delitos de malversación, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica por la compra de 40 camionetas que no estaba contemplada en el presupuesto de la gestión 2007.
La acusación formal fue presentada ante el Juzgado Séptimo de Instrucción en lo Penal Cautelar de Santa Cruz y afecta, también, al secretario general de la Gobernación, Roly Aguilera Gasser, y al asesor general José Luis Parada Rivera. También se acusó formalmente a Miriam Cecilia Limpias Torres y Fernando Soria Galvarro Bort, éstos dos últimos por los delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y falsedad ideológica.
"La acusación está firmada por la comisión de fiscales encabezada por Osvaldo Dante Tejerina Ríos, Yván Ortiz Tristán e Iván Quintanilla Calvimontes de la Fiscalía Departamental en el marco de la investigación del caso 40 camionetas”, explicó el Fiscal Departamental Gomer Padilla, según un comunicado de prensa.
De acuerdo con la investigación, en la gestión 2006 se aprobó el POA para la gestión 2007 en la que se programó la compra de 2 camionetas, 1 vagoneta y 20 motos, con la partida presupuestaria Nº 43300, bajo el financiamiento de recursos provenientes del Impuesto Directo de los Hidrocarburos (IDH).
Sin embargo, Rubén Costas dejó sin efecto lo programado en el 2007 y procedió con la compra de 40 camionetas doble cabina, por 6.030.320 bolivianos con la partida que estaba destinada para el Programa de Seguridad Ciudadana de la entonces Prefectura del Departamento.
"En la investigación, también se pudo establecer que no se contempló la compra de vehículos que tenían como finalidad atender emergencias y desastres en la ciudad, ya que no podían ejecutar esos recursos que no estaban contemplados en su presupuesto y en su POA, vulnerando el uso correcto de los recursos estatales”, manifestó a su turno el Fiscal Osvaldo Dante Tejerina.
Después de haber invertido el dinero que estaba destinado a la partida de Seguridad Ciudadana, en algo que no estaba contemplado en el POA 2007, se trató de justificar esa compra en el Decreto Supremo Nº 29013 de 18 de enero de 2007, que declaraba emergencia nacional por los desastres naturales ocasionados por los fenómenos del Niño.
La compra de las camionetas para la entonces Ex – Prefectura del Departamento de Santa Cruz, afectó la partida presupuestaria 43300, de "Equipo de Transporte y Tracción" con recursos del IDH; al margen de lo establecido en el Decreto Supremo N° 28421 (que crea el destino de fondos IDH para seguridad ciudadana), Ley N° 3058 Ley N° 2042 de Administración Presupuestaria, del 21 de diciembre de 1999 y Decreto Supremo No. 27327 de 31 de enero de 2004.
Como efecto por haber afectado la partida presupuestaria de seguridad ciudadana, se ha dejado de invertir en Planes y Programas de Seguridad Ciudadana que busquen la prevención del delito y la lucha contra la delincuencia durante la gestión 2007. Además, estos vehículos, fueron transferidos a unidades organizacionales de la entonces Prefectura que no tienen ninguna relación con seguridad ciudadana ni con atención de desastres.
El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, fue acusado formalmente por la Fiscalía por los delitos de malversación, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica por la compra de 40 camionetas que no estaba contemplada en el presupuesto de la gestión 2007.
La acusación formal fue presentada ante el Juzgado Séptimo de Instrucción en lo Penal Cautelar de Santa Cruz y afecta, también, al secretario general de la Gobernación, Roly Aguilera Gasser, y al asesor general José Luis Parada Rivera. También se acusó formalmente a Miriam Cecilia Limpias Torres y Fernando Soria Galvarro Bort, éstos dos últimos por los delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y falsedad ideológica.
"La acusación está firmada por la comisión de fiscales encabezada por Osvaldo Dante Tejerina Ríos, Yván Ortiz Tristán e Iván Quintanilla Calvimontes de la Fiscalía Departamental en el marco de la investigación del caso 40 camionetas”, explicó el Fiscal Departamental Gomer Padilla, según un comunicado de prensa.
De acuerdo con la investigación, en la gestión 2006 se aprobó el POA para la gestión 2007 en la que se programó la compra de 2 camionetas, 1 vagoneta y 20 motos, con la partida presupuestaria Nº 43300, bajo el financiamiento de recursos provenientes del Impuesto Directo de los Hidrocarburos (IDH).
Sin embargo, Rubén Costas dejó sin efecto lo programado en el 2007 y procedió con la compra de 40 camionetas doble cabina, por 6.030.320 bolivianos con la partida que estaba destinada para el Programa de Seguridad Ciudadana de la entonces Prefectura del Departamento.
"En la investigación, también se pudo establecer que no se contempló la compra de vehículos que tenían como finalidad atender emergencias y desastres en la ciudad, ya que no podían ejecutar esos recursos que no estaban contemplados en su presupuesto y en su POA, vulnerando el uso correcto de los recursos estatales”, manifestó a su turno el Fiscal Osvaldo Dante Tejerina.
Después de haber invertido el dinero que estaba destinado a la partida de Seguridad Ciudadana, en algo que no estaba contemplado en el POA 2007, se trató de justificar esa compra en el Decreto Supremo Nº 29013 de 18 de enero de 2007, que declaraba emergencia nacional por los desastres naturales ocasionados por los fenómenos del Niño.
La compra de las camionetas para la entonces Ex – Prefectura del Departamento de Santa Cruz, afectó la partida presupuestaria 43300, de "Equipo de Transporte y Tracción" con recursos del IDH; al margen de lo establecido en el Decreto Supremo N° 28421 (que crea el destino de fondos IDH para seguridad ciudadana), Ley N° 3058 Ley N° 2042 de Administración Presupuestaria, del 21 de diciembre de 1999 y Decreto Supremo No. 27327 de 31 de enero de 2004.
Como efecto por haber afectado la partida presupuestaria de seguridad ciudadana, se ha dejado de invertir en Planes y Programas de Seguridad Ciudadana que busquen la prevención del delito y la lucha contra la delincuencia durante la gestión 2007. Además, estos vehículos, fueron transferidos a unidades organizacionales de la entonces Prefectura que no tienen ninguna relación con seguridad ciudadana ni con atención de desastres.
