El Poder Judicial en México pide garantizar la seguridad de los jueces
Sólo 70 de 1.400 representantes federales tiene medidas especiales de seguridad
Zorayda Gallegos
México, El País
El asesinato de un juez en México ha desatado el debate sobre la seguridad que deben tener estos trabajadores en el país, sobre todo los que llevan asuntos penales relacionados con elcrimen organizado. La Comisión Nacional de Derechos Humanos se pronunció porque haya más garantías de seguridad para los integrantes del Poder Judicial a fin de que realicen su labor sin intimidaciones. El ombudsman Raúl González Pérez pidió revisar la figura del juez sin rostro como se ha usado en Colombia a fin de que no se pueda saber qué casos lleva cada juzgador. “La sociedad y los poderes públicos tenemos que exhortar a que se les den todas las garantías para que puedan hacer su labor sin estas intimidaciones, porque el mensaje es muy claro: se busca intimidar y yo creo que México no lo debe permitir”, expresó. Sin embargo, el Poder Judicial ha dicho que aceptar estas medidas sería claudicar. Funcionarios consultados por el diario Milenio señalaron que instaurar esa figura sería aceptar que se vive en un estado de excepción.
El pasado lunes, el juez Vicente Antonio Bermúdez Zacarías fue asesinado de un balazo en la cabeza en Metepec, una localidad del Estado de México. El crimen ocurrió cuando Bermúdez Zacarías salió a correr. Un hombre se le acercó y le disparó por la espalda. El agresor, que no llevaba cubierto el rostro, huyó del lugar corriendo junto a otra persona. Los padres del magistrado han dicho que su hijo nunca recibió amenazas, pese a llevar casos complicados relacionados con líderes del narcotráfico que comandan los cárteles más poderosos de México.
Crimen organizado
Durante su historia laboral, el hombre, de 37 años, giró una medida de arraigo o prisión provisional en contra del Abigael González Valencia, El Cuini,uno de los líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). También negó un amparo a Miguel Ángel Treviño, uno de los máximos líderes de Los Zetas, el cártel más sanguinario del país.
Bermúdez Zacarías tomó medidas que afectaron al cártel de Sinaloa. Suspendió la extradición de Joaquín El Chapo Guzmán, pese a que según el equipo legal del narcotraficante su cliente quería acelerar su traslado a estados Unidos ante la supuesta tortura de la que era víctima en la prisión. También autorizó la intervención de comunicaciones a Emma Coronel Aispuro, esposa del capo sinaloense. Otro de los asuntos que le tocó deliberar fue un amparo promovido por Gildardo López Astudillo, señalado por la Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía) de ser uno de los líderes del Cártel Guerreros Unidos. El Gil, como se le conoce, habría ordenado matar e incinerar a los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde 2014, según ha dicho la PGR. El presunto narcotraficante promovió un amparo que fue negado por Bermúdez Zacarías.
Actualmente sólo 70 de 1.391 jueces federales cuentan con medidas de seguridad como vehículos blindados, escoltas y chalecos antibalas. En información otorgada a EL PAÍS por la Secretaría Ejecutiva de Vigilancia del Consejo de la Judicatura Federal, se detalla que los impartidores de justicia que cuentan con estas medidas realizan su trabajo principalmente en juzgados ubicados en los penales federales (Ceferesos) y en entidades con fuerte presencia del crimen organizado.
El presidente de la Suprema Corte de Justicia de México, Luis María Aguilar, exigió condiciones de seguridad que garanticen la imparcialidad de los jueces. “Sólo en un ambiente de tranquilidad y seguridad pueden reflexionar con amplitud sus decisiones”, manifestó. El presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Edmundo Javier Bolaños, consideró que lo ocurrido a Bermúdez Zacarías representa una afrenta a uno de los tres poderes del Estado y pidió castigar “de manera ejemplar” a los culpables del homicidio. La Fiscalía general ha iniciado las investigaciones sobre el crimen cometido en contra del juez.
México, El País
El asesinato de un juez en México ha desatado el debate sobre la seguridad que deben tener estos trabajadores en el país, sobre todo los que llevan asuntos penales relacionados con elcrimen organizado. La Comisión Nacional de Derechos Humanos se pronunció porque haya más garantías de seguridad para los integrantes del Poder Judicial a fin de que realicen su labor sin intimidaciones. El ombudsman Raúl González Pérez pidió revisar la figura del juez sin rostro como se ha usado en Colombia a fin de que no se pueda saber qué casos lleva cada juzgador. “La sociedad y los poderes públicos tenemos que exhortar a que se les den todas las garantías para que puedan hacer su labor sin estas intimidaciones, porque el mensaje es muy claro: se busca intimidar y yo creo que México no lo debe permitir”, expresó. Sin embargo, el Poder Judicial ha dicho que aceptar estas medidas sería claudicar. Funcionarios consultados por el diario Milenio señalaron que instaurar esa figura sería aceptar que se vive en un estado de excepción.
El pasado lunes, el juez Vicente Antonio Bermúdez Zacarías fue asesinado de un balazo en la cabeza en Metepec, una localidad del Estado de México. El crimen ocurrió cuando Bermúdez Zacarías salió a correr. Un hombre se le acercó y le disparó por la espalda. El agresor, que no llevaba cubierto el rostro, huyó del lugar corriendo junto a otra persona. Los padres del magistrado han dicho que su hijo nunca recibió amenazas, pese a llevar casos complicados relacionados con líderes del narcotráfico que comandan los cárteles más poderosos de México.
Crimen organizado
Durante su historia laboral, el hombre, de 37 años, giró una medida de arraigo o prisión provisional en contra del Abigael González Valencia, El Cuini,uno de los líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). También negó un amparo a Miguel Ángel Treviño, uno de los máximos líderes de Los Zetas, el cártel más sanguinario del país.
Bermúdez Zacarías tomó medidas que afectaron al cártel de Sinaloa. Suspendió la extradición de Joaquín El Chapo Guzmán, pese a que según el equipo legal del narcotraficante su cliente quería acelerar su traslado a estados Unidos ante la supuesta tortura de la que era víctima en la prisión. También autorizó la intervención de comunicaciones a Emma Coronel Aispuro, esposa del capo sinaloense. Otro de los asuntos que le tocó deliberar fue un amparo promovido por Gildardo López Astudillo, señalado por la Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía) de ser uno de los líderes del Cártel Guerreros Unidos. El Gil, como se le conoce, habría ordenado matar e incinerar a los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde 2014, según ha dicho la PGR. El presunto narcotraficante promovió un amparo que fue negado por Bermúdez Zacarías.
Actualmente sólo 70 de 1.391 jueces federales cuentan con medidas de seguridad como vehículos blindados, escoltas y chalecos antibalas. En información otorgada a EL PAÍS por la Secretaría Ejecutiva de Vigilancia del Consejo de la Judicatura Federal, se detalla que los impartidores de justicia que cuentan con estas medidas realizan su trabajo principalmente en juzgados ubicados en los penales federales (Ceferesos) y en entidades con fuerte presencia del crimen organizado.
El presidente de la Suprema Corte de Justicia de México, Luis María Aguilar, exigió condiciones de seguridad que garanticen la imparcialidad de los jueces. “Sólo en un ambiente de tranquilidad y seguridad pueden reflexionar con amplitud sus decisiones”, manifestó. El presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Edmundo Javier Bolaños, consideró que lo ocurrido a Bermúdez Zacarías representa una afrenta a uno de los tres poderes del Estado y pidió castigar “de manera ejemplar” a los culpables del homicidio. La Fiscalía general ha iniciado las investigaciones sobre el crimen cometido en contra del juez.
