Putin se erige en zar de un sistema arcaizado
Rusia celebra el día 18 unas las elecciones legislativas menos disputadas en 25 años
Pilar Bonet
Moscú, El País
En 25 años de historia, tras el derrumbamiento de la URSS, nunca unas elecciones a la Duma estatal de Rusia (Cámara baja) se presentaron tan aburridas como las que se celebran el 18 de septiembre. Durante la última legislatura (2011-2016), las instituciones del Estado se han debilitado como organismos capaces de resolver los problemas de los ciudadanos y el sistema político evoca de hecho una arcaica monarquía basada en la voluntad del soberano.
Escépticos sobre la capacidad de decisión de ministros y parlamentarios, los rusos en dificultades quieren ser escuchados por el presidente Vladímir Putin y se dirigen a él para que les proteja de un sistema erosionado por la apatía, la inercia y la falta de profesionalidad. La ciudadanía se queja hoy sobre el deterioro del nivel de vida, la subida de precios de fármacos, alimentos y tarifas de los servicios públicos así como de los abusos de las autoridades locales. Abiertamente, los rusos no suelen culpar al líder, sino a la maquinaria administrativa interpuesta ante el presidente-árbitro. Hasta el oligarca Vladimiro Evtuchénkov, que fue desposeído de la floreciente empresa petrolera Bashneft por las ambiciones de sus competidores, ha dado las gracias a Putin por liberarlo del confinamiento al que le sometieron los órganos de seguridad. “Antes, se dirigían al emperador (en búsqueda de justicia) y ahora nos dirigimos al presidente”, explicaba Evtuchenkov al canal de televisión Dozhd.
Ningún grupo en el poder es ajeno a las tentaciones humanas. Una intelectual rusa señala que “los cínicos y pragmáticos” son incluso una garantía contra los desastres que podrían cometer “los fanáticos”. Sin ir más lejos, este sábado el coronel Dmitri Zajárshenko, del ministerio del Interior, fue detenido tras serle confiscada la cantidad de 8.000 millones de rublos (más de 111 millones de euros) que guardaba en sacos en su casa, según la agencia Interfax. La suma podría ser la recompensa de un oligarca huido tras ser advertido a tiempo.
Las elecciones permitirán tal vez la llegada de alguna cara nueva a un Parlamento acostumbrado a aprobar de forma rutinaria las leyes que le llegan de los cuerpos de seguridad y de la Administración Presidencial. También contribuirán también a perfilar la estrategia del Kremlin para las elecciones presidenciales de 2018.
En la pasada legislatura se produjeron cambios importantes en la relación de la sociedad con Putin. La anexión de Crimea en 2014 (refrendada por la Duma con un solo voto en contra) transformó la imagen del presidente y lo perfiló como el líder capaz de restablecer el papel de Rusia como superpotencia.
“En 2014 Putin pasó de la legitimidad electoral a la legitimidad del liderazgo militar”, afirma Nikolái Petrov, jefe del Centro de Análisis Políticos y Geográficos. A diferencia de la legitimidad electoral, que se renueva en las urnas, la legitimidad del liderazgo militar “exige que la alimenten”, pero “no hay una segunda Crimea y la posibilidad de victorias militares está limitada por la escasez de recursos, las líneas rojas trazadas por Occidente y los problemas económicos debidos a las sanciones”, señala Petrov en un debate en la agencia Rosbalt. Para Putin, volver a la legitimidad de las urnas tras haber conocido la legitimidad del liderazgo militar es “como volver a la cerveza tras haber bebido vodka”, señala el analista.
Rusia vive una época de transición (de duración indefinida) en la que Putin se prepara para la búsqueda de un sucesor, según Nikolái Mirónov, jefe del Centro de Reformas Económicas y Políticas. Síntomas del cambio son los relevos de funcionarios que han culminado este año con la sustitución de Serguéi Ivanov, el jefe de la Administración Presidencial. El modelo dirigido por Putin ha pasado de ser un Politburo (el órgano directivo del partido comunista de la URSS que tomaba decisiones de forma colegiada) a un “modelo de corte imperial donde no hay alternativa”, explica Petrov. Putin está en la encrucijada: o acabar de construir un sistema autoritario o proceder a una modernización autoritaria, que a la larga llevaría a la democratización del sistema.
En la administración del Estado, en un equilibrio regulado por el presidente, cohabitan hoy funcionarios aptos para ambas tareas. Los partidarios de la militarización utilizan la idea de la amenaza internacional para obtener recursos y los defensores de la “liberalización económica”, herederos de la política de los años noventa, se adaptan al rumbo actual, aunque invocan la necesidad de cuadrar el presupuesto y los parámetros macroeconómicos. Estos grupos de influencia están fragmentados por rivalidades internas y por intereses económicos personales. Este año ha sido creada la Guardia Nacional, que se somete directamente al presidente y que es dirigida por Víctor Zólotov, el jefe de su servicio de seguridad de 2000 a 2013. Los expertos creen que el nuevo cuerpo responde a un deseo de autoprotección y también de control inmediato en caso de disturbios.
Nadie está seguro hoy en Rusia. Ni los oligarcas fieles, que pueden ser arrestados mediante la utilización selectiva de alguno de los cargos acumulados contra ellos, ni los gobernadores, que también son encarcelados, como Nikita Belikh, de Kírov, y sus colegas de Komi y Sajalín. La Duma saliente ha aprobado leyes restrictivas que afectan a la adopción internacional de niños rusos, la celebración de mítines, las actividades de las ONG con financiación extranjera, las organizaciones internacionales (que pueden ser declaradas “indeseables” sin argumentos) y la libertad de expresión. La nueva legislación permite encarcelar a quien se exprese en contra de la unidad del Estado (hasta cinco años de cárcel) y ha servido para castigar al ciudadano Vladímir Luzguín por “rehabilitar el nazismo” al difundir un comentario según el cual Alemania y la URSS habían desencadenado la Segunda Guerra mundial al atacar a Polonia y repartirse su territorio.
Moscú, El País
En 25 años de historia, tras el derrumbamiento de la URSS, nunca unas elecciones a la Duma estatal de Rusia (Cámara baja) se presentaron tan aburridas como las que se celebran el 18 de septiembre. Durante la última legislatura (2011-2016), las instituciones del Estado se han debilitado como organismos capaces de resolver los problemas de los ciudadanos y el sistema político evoca de hecho una arcaica monarquía basada en la voluntad del soberano.
Escépticos sobre la capacidad de decisión de ministros y parlamentarios, los rusos en dificultades quieren ser escuchados por el presidente Vladímir Putin y se dirigen a él para que les proteja de un sistema erosionado por la apatía, la inercia y la falta de profesionalidad. La ciudadanía se queja hoy sobre el deterioro del nivel de vida, la subida de precios de fármacos, alimentos y tarifas de los servicios públicos así como de los abusos de las autoridades locales. Abiertamente, los rusos no suelen culpar al líder, sino a la maquinaria administrativa interpuesta ante el presidente-árbitro. Hasta el oligarca Vladimiro Evtuchénkov, que fue desposeído de la floreciente empresa petrolera Bashneft por las ambiciones de sus competidores, ha dado las gracias a Putin por liberarlo del confinamiento al que le sometieron los órganos de seguridad. “Antes, se dirigían al emperador (en búsqueda de justicia) y ahora nos dirigimos al presidente”, explicaba Evtuchenkov al canal de televisión Dozhd.
Ningún grupo en el poder es ajeno a las tentaciones humanas. Una intelectual rusa señala que “los cínicos y pragmáticos” son incluso una garantía contra los desastres que podrían cometer “los fanáticos”. Sin ir más lejos, este sábado el coronel Dmitri Zajárshenko, del ministerio del Interior, fue detenido tras serle confiscada la cantidad de 8.000 millones de rublos (más de 111 millones de euros) que guardaba en sacos en su casa, según la agencia Interfax. La suma podría ser la recompensa de un oligarca huido tras ser advertido a tiempo.
Las elecciones permitirán tal vez la llegada de alguna cara nueva a un Parlamento acostumbrado a aprobar de forma rutinaria las leyes que le llegan de los cuerpos de seguridad y de la Administración Presidencial. También contribuirán también a perfilar la estrategia del Kremlin para las elecciones presidenciales de 2018.
En la pasada legislatura se produjeron cambios importantes en la relación de la sociedad con Putin. La anexión de Crimea en 2014 (refrendada por la Duma con un solo voto en contra) transformó la imagen del presidente y lo perfiló como el líder capaz de restablecer el papel de Rusia como superpotencia.
“En 2014 Putin pasó de la legitimidad electoral a la legitimidad del liderazgo militar”, afirma Nikolái Petrov, jefe del Centro de Análisis Políticos y Geográficos. A diferencia de la legitimidad electoral, que se renueva en las urnas, la legitimidad del liderazgo militar “exige que la alimenten”, pero “no hay una segunda Crimea y la posibilidad de victorias militares está limitada por la escasez de recursos, las líneas rojas trazadas por Occidente y los problemas económicos debidos a las sanciones”, señala Petrov en un debate en la agencia Rosbalt. Para Putin, volver a la legitimidad de las urnas tras haber conocido la legitimidad del liderazgo militar es “como volver a la cerveza tras haber bebido vodka”, señala el analista.
Rusia vive una época de transición (de duración indefinida) en la que Putin se prepara para la búsqueda de un sucesor, según Nikolái Mirónov, jefe del Centro de Reformas Económicas y Políticas. Síntomas del cambio son los relevos de funcionarios que han culminado este año con la sustitución de Serguéi Ivanov, el jefe de la Administración Presidencial. El modelo dirigido por Putin ha pasado de ser un Politburo (el órgano directivo del partido comunista de la URSS que tomaba decisiones de forma colegiada) a un “modelo de corte imperial donde no hay alternativa”, explica Petrov. Putin está en la encrucijada: o acabar de construir un sistema autoritario o proceder a una modernización autoritaria, que a la larga llevaría a la democratización del sistema.
En la administración del Estado, en un equilibrio regulado por el presidente, cohabitan hoy funcionarios aptos para ambas tareas. Los partidarios de la militarización utilizan la idea de la amenaza internacional para obtener recursos y los defensores de la “liberalización económica”, herederos de la política de los años noventa, se adaptan al rumbo actual, aunque invocan la necesidad de cuadrar el presupuesto y los parámetros macroeconómicos. Estos grupos de influencia están fragmentados por rivalidades internas y por intereses económicos personales. Este año ha sido creada la Guardia Nacional, que se somete directamente al presidente y que es dirigida por Víctor Zólotov, el jefe de su servicio de seguridad de 2000 a 2013. Los expertos creen que el nuevo cuerpo responde a un deseo de autoprotección y también de control inmediato en caso de disturbios.
Nadie está seguro hoy en Rusia. Ni los oligarcas fieles, que pueden ser arrestados mediante la utilización selectiva de alguno de los cargos acumulados contra ellos, ni los gobernadores, que también son encarcelados, como Nikita Belikh, de Kírov, y sus colegas de Komi y Sajalín. La Duma saliente ha aprobado leyes restrictivas que afectan a la adopción internacional de niños rusos, la celebración de mítines, las actividades de las ONG con financiación extranjera, las organizaciones internacionales (que pueden ser declaradas “indeseables” sin argumentos) y la libertad de expresión. La nueva legislación permite encarcelar a quien se exprese en contra de la unidad del Estado (hasta cinco años de cárcel) y ha servido para castigar al ciudadano Vladímir Luzguín por “rehabilitar el nazismo” al difundir un comentario según el cual Alemania y la URSS habían desencadenado la Segunda Guerra mundial al atacar a Polonia y repartirse su territorio.
