Envían a Chonchocoro a otro minero cooperativista por la muerte de Illanes

El sujeto, atrapado en Santa Cruz el fin de semana, fue señalado de ser quien se encontraba parado cerca del Viceministro el pasado 25 de agosto.


Página Siete Digital / La Paz
La jueza séptima de instrucción en lo penal de El Alto, Ana Dorado, determinó la tarde de hoy enviar con detención preventiva a la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro al minero cooperativista Ever C. por el asesinato al viceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes, suscitado el pasado 25 de agosto.


El minero fue imputado por los delitos de asesinato, robo agravado, organización criminal, tenencia y porte o portación ilícita y atentados contra miembros del organismo de seguridad del Estado.

"El Ministerio Público ha colectado declaraciones testificales, fotografías y videos que demuestran la participación del Ever C. en los delitos imputados, por lo que solicitó que se aplique la medida extrema, tras evidenciar los riesgos procesales”, señaló el Fiscal Departamental de La Paz, Edwin Blanco, según un boletín de prensa.

El sujeto, atrapado en Santa Cruz el fin de semana, fue señalado de ser quien se encontraba parado cerca del Viceministro el pasado 25 de agosto, cuando fue secuestrado, brutalmente golpeado y posteriormente victimado en la localidad de Panduro.

En cuanto al delito de robo agravado, el Ministerio Público evidenció que el imputado junto a varios mineros y dirigentes cooperativistas ingresó violentamente en el vehículo del Viceministro para sustraer sus objetos personales, entre ellos: documentos personales, una computadora portátil, una mochila y armamento de reglamento de uso policial del edecán de la extinta autoridad.

Respecto al delito de organización criminal, la comisión de fiscales argumentó que como cooperativista minero de Siglo XX instigó a sus compañeros de base a cometer delitos que atentaron contra la vida y la integridad física de las personas, además de la propiedad pública y privada poniendo en grave riesgo la seguridad pública al tratar de destruir presumiblemente un ducto de gas.

Además, el Ministerio Público sostuvo ante la autoridad jurisdiccional que el imputado incurrió en el delito de tenencia y porte o portación ilícita al usar explosivos para causar daños físicos a los efectivos policiales, por lo que también fue imputado por el delito de atentados contra miembros de organismo de seguridad del Estado.

Respecto al peligro de obstaculización, el Ministerio Público agregó que el imputado puede modificar, destruir, u ocultar pruebas, además de influir en sus bases, testigos y otros imputados, para que se comporten de forma reticente o que declaren falsamente.

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