Decretos eran necesarios porque se había perdido el principio del cooperativismo: Rada
La Paz, ABI
El viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Alfredo Rada, afirmó el domingo que los decretos promulgados por el Gobierno para regular la actividad de los cooperativistas mineros eran necesarios porque se había perdido el principio del cooperativismo.
En una entrevista con los medios estatales explicó que en muchos casos las cooperativas mineras se fueron convirtiendo en empresas con fines de lucro.
"Resulta que ahí se ha perdido el principio del cooperativismo y esas cooperativas, las más grandes se han ido convirtiendo en empresas que tienen fines de lucro", remarcó al enumerar los decretos y sus objetivos.
Precisó que el decreto de sindicalización de los asalariados que trabajan en las cooperativas era necesario porque al crecer esas entidades incorporaron mano de obra, en un hecho que "rompe el concepto mismo del cooperativismo", tomando en cuenta que al incorporar mano de obra empiezan a surgir patrones, que contratan cuadrillas, que trabajan dentro de la mina, pero no tienen los mismos derechos que los socios fundadores.
"Yo creo que aquí se está corrigiendo una injusticia histórica, una injusticia social que no podíamos seguir manteniendo en el tiempo (...) es un derecho de los trabajadores el sindicalizarse, es un derecho universal", remarcó.
Respecto al decreto que revierte a dominio del Estado las áreas sobre las cuales se hubieran suscrito contratos de riesgo compartido, arrendamiento o sub arrendamiento con empresas privadas nacionales o extranjeras, dijo que es como si un inquilino se convierta en dueño de casa.
"El estado es el que tiene el dominio de los recursos naturales, que viene a ser el dueño de casa y él puede otorgar derechos de uso de esos recursos naturales a particulares, y al pasar el tiempo esa persona no vive ahí y deja de pagar el alquiler y lo que hace el Estado es revertir ese derecho y a la persona que ha estado como un inquilino tiene que dejar esto, y el Estado eso es lo que está haciendo", puntualizó.
Aclaró que las cooperativas mineras, como inquilinas, obtuvieron sólo derechos temporales de aprovechamiento, que no les permitía negociar con terceros.
"Todas esas áreas que las han negociado, subarrendado y han firmado contratos de riesgo compartido ilegales e inconstitucionales se revierten a dominio del estado", complementó.
Explicó que otro de los decretos habla de la verificación de la existencia de la actividad minera a través de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera y Comibol que son las encargadas de realizar una inspección en las áreas donde se han otorgado derechos mineros, para verificar la existencia de trabajo extractivo en esos lugares.
Dijo que en esa línea está el tercer decreto, sobre los parámetros para el control y fiscalización, que establecerá la clasificación, la separación, entre lo que es el verdadero cooperativismo minero de lo que son empresas capitalistas semiformales.
"Lo que pretende ese decreto es ordenar este sector", puntualizó.
Explicó que el quinto decreto, sobre el uso de dinamita en las protestas sociales y movilizaciones, corrige una equivocación que cometió el Gobierno y remarcó que su incumplimiento será sancionado a través del Ministerio Público y del Órgano Judicial.
El viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Alfredo Rada, afirmó el domingo que los decretos promulgados por el Gobierno para regular la actividad de los cooperativistas mineros eran necesarios porque se había perdido el principio del cooperativismo.
En una entrevista con los medios estatales explicó que en muchos casos las cooperativas mineras se fueron convirtiendo en empresas con fines de lucro.
"Resulta que ahí se ha perdido el principio del cooperativismo y esas cooperativas, las más grandes se han ido convirtiendo en empresas que tienen fines de lucro", remarcó al enumerar los decretos y sus objetivos.
Precisó que el decreto de sindicalización de los asalariados que trabajan en las cooperativas era necesario porque al crecer esas entidades incorporaron mano de obra, en un hecho que "rompe el concepto mismo del cooperativismo", tomando en cuenta que al incorporar mano de obra empiezan a surgir patrones, que contratan cuadrillas, que trabajan dentro de la mina, pero no tienen los mismos derechos que los socios fundadores.
"Yo creo que aquí se está corrigiendo una injusticia histórica, una injusticia social que no podíamos seguir manteniendo en el tiempo (...) es un derecho de los trabajadores el sindicalizarse, es un derecho universal", remarcó.
Respecto al decreto que revierte a dominio del Estado las áreas sobre las cuales se hubieran suscrito contratos de riesgo compartido, arrendamiento o sub arrendamiento con empresas privadas nacionales o extranjeras, dijo que es como si un inquilino se convierta en dueño de casa.
"El estado es el que tiene el dominio de los recursos naturales, que viene a ser el dueño de casa y él puede otorgar derechos de uso de esos recursos naturales a particulares, y al pasar el tiempo esa persona no vive ahí y deja de pagar el alquiler y lo que hace el Estado es revertir ese derecho y a la persona que ha estado como un inquilino tiene que dejar esto, y el Estado eso es lo que está haciendo", puntualizó.
Aclaró que las cooperativas mineras, como inquilinas, obtuvieron sólo derechos temporales de aprovechamiento, que no les permitía negociar con terceros.
"Todas esas áreas que las han negociado, subarrendado y han firmado contratos de riesgo compartido ilegales e inconstitucionales se revierten a dominio del estado", complementó.
Explicó que otro de los decretos habla de la verificación de la existencia de la actividad minera a través de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera y Comibol que son las encargadas de realizar una inspección en las áreas donde se han otorgado derechos mineros, para verificar la existencia de trabajo extractivo en esos lugares.
Dijo que en esa línea está el tercer decreto, sobre los parámetros para el control y fiscalización, que establecerá la clasificación, la separación, entre lo que es el verdadero cooperativismo minero de lo que son empresas capitalistas semiformales.
"Lo que pretende ese decreto es ordenar este sector", puntualizó.
Explicó que el quinto decreto, sobre el uso de dinamita en las protestas sociales y movilizaciones, corrige una equivocación que cometió el Gobierno y remarcó que su incumplimiento será sancionado a través del Ministerio Público y del Órgano Judicial.