Una planta ilegal con 20.000 toneladas de residuos peligrosos arde en Guadalajara
El complejo tenía la autorización suspendida y había sido clausurado en junio por el Ayuntamiento de Chiloeches
Manuel Planelles
Madrid, El País
Una planta de Chiloeches (Guadalajara), que acumula ilegalmente 20.000 toneladas de disolventes y otros residuos peligrosos, se ha incendiado en la madrugada de este viernes. El complejo estaba siendo investigado por el Seprona de la Guardia Civil y carecía de autorización ambiental; el Ayuntamiento, que lo clausuró en junio, sostiene que llevaba años actuando de forma ilegal. El coste de retirar esos residuos, antes del incendio, rondaba los 1,2 millones, que debía pagar el propietario. La Junta de Castilla-La Mancha descarta que exista riesgo para la población.
El fuego, como ocurrió en mayo con el incendio del vertedero ilegal de neumáticos de Seseña (Toledo), tardará varios días en apagarse. Y, también como en aquel caso, es un ejemplo del descontrol en la gestión de los residuos.
"Llevaba operando desde hace varios años en situación de ilegalidad", ha sostenido este viernes el grupo de Ahora Chiloeches, que gobierna desde 2015 el municipio. El Consistorio —al que la planta debía 70.000 euros en tasas— clausuró las instalaciones el 17 de junio por "actividad clandestina" y por no disponer "de licencia de apertura". Entre marzo y junio, el servicio de protección de la naturaleza de la Guardia Civil —Seprona— y técnicos de la Junta habían realizado varias inspecciones a unas instalaciones que carecían de autorización ambiental para operar desde octubre de 2015.
El Gobierno autónomo, del PSOE, conminó a los propietarios —KUK Medioambiental SL— a que retiraran los residuos acumulados (principalmente disolventes, pero también otros como pintura y líquidos de revelado). El coste de esa operación rondaba los 1,2 millones, según un informe del Servicio de Medio Natural de la Junta fechado el 14 de julio.
El 4 de agosto la Junta presentó en el juzgado de guardia una denuncia en la que mostraba su preocupación por tratarse de "20.000 toneladas de productos peligrosos ilegalmente acumulados". En el escrito se apuntaba a "que existe el peligro, entre otros, de que estos puedan incendiarse o producirse vertidos al cauce [de un arroyo] próximo". Ese arroyo desemboca en el río Henares y este viernes los servicios de extinción han construido un dique para evitar la contaminación. La denuncia de la Junta también señalaba que "la empresa podría descapitalizarse" para evitar hacer frente al coste de retirar los residuos.
Tres semanas después de aquella denuncia, en la madrugada del jueves al viernes pasados, se declaró el fuego.
Costes
"La empresa ya sabía que debía retirar los residuos y que el coste era muy alto", ha indicado este viernes el consejero de Medio Ambiente, Francisco Martínez Arroyo. Entre las obligaciones de los propietarios figuraba la vigilancia durante las 24 horas, precisamente ante el riesgo de incendio. El consejero ha admitido que no se había comprobado "presencialmente" que se cumplía esa obligación.
A la investigación sobre las causas del incendio se une la que los agentes del Seprona iniciaron a principios de año. Según fuentes de esa investigación, las pesquisas se iniciaron "porque se estaban gestionando residuos peligrosos" de forma irregular: se hacían pasar como inertes (sin riesgo) y se depositaban en vertederos de demolición.
Desde 2004, según dichas fuentes, existen informes que cuestionan esta planta de Chiloeches. Pero no fue hasta octubre de 2013 cuando la Junta expedientó por tres "infracciones graves" a KUK, a la que se multó con 9.001 euros y se le suspendió de forma provisional la autorización ambiental unificada. Este expediente se convirtió en firme en octubre de 2014 y, justo un año después, se cumplió el plazo que se le había dado para resolver las deficiencias si quería seguir operando.
Operando sin autorización
Desde octubre de 2015, y a pesar de no disponer de esa autorización, la planta siguió gestionando residuos. Y, según las pesquisas del Seprona, haciéndolo de forma incorrecta. "No se pueden vigilar todas las actuaciones sobre el terreno", ha justificado el consejero de Medio Ambiente, quien defiende que los técnicos han realizado varias inspecciones y se ha denunciado el caso ante la justicia.
Una de las preocupaciones de este viernes es la nube tóxica que se ha generado por la combustión de los residuos, aunque la Junta descarta que haya riesgo para la población. Ecologistas en Acción ha exigido que "se mida cuanto antes la calidad del aire en las zonas afectadas por el humo, por si hubiera que decretar una evacuación". La consejería ha desplazado a la zona un equipo móvil para medir la calidad del aire. Otra de las preocupaciones de los servicios de extinción es saber exactamente qué productos había en la planta. La Junta ha activado esta tarde el nivel 2, que implica pedir ayuda a la Unidad Militar de Emergencias.
Madrid, El País
Una planta de Chiloeches (Guadalajara), que acumula ilegalmente 20.000 toneladas de disolventes y otros residuos peligrosos, se ha incendiado en la madrugada de este viernes. El complejo estaba siendo investigado por el Seprona de la Guardia Civil y carecía de autorización ambiental; el Ayuntamiento, que lo clausuró en junio, sostiene que llevaba años actuando de forma ilegal. El coste de retirar esos residuos, antes del incendio, rondaba los 1,2 millones, que debía pagar el propietario. La Junta de Castilla-La Mancha descarta que exista riesgo para la población.
El fuego, como ocurrió en mayo con el incendio del vertedero ilegal de neumáticos de Seseña (Toledo), tardará varios días en apagarse. Y, también como en aquel caso, es un ejemplo del descontrol en la gestión de los residuos.
"Llevaba operando desde hace varios años en situación de ilegalidad", ha sostenido este viernes el grupo de Ahora Chiloeches, que gobierna desde 2015 el municipio. El Consistorio —al que la planta debía 70.000 euros en tasas— clausuró las instalaciones el 17 de junio por "actividad clandestina" y por no disponer "de licencia de apertura". Entre marzo y junio, el servicio de protección de la naturaleza de la Guardia Civil —Seprona— y técnicos de la Junta habían realizado varias inspecciones a unas instalaciones que carecían de autorización ambiental para operar desde octubre de 2015.
El Gobierno autónomo, del PSOE, conminó a los propietarios —KUK Medioambiental SL— a que retiraran los residuos acumulados (principalmente disolventes, pero también otros como pintura y líquidos de revelado). El coste de esa operación rondaba los 1,2 millones, según un informe del Servicio de Medio Natural de la Junta fechado el 14 de julio.
El 4 de agosto la Junta presentó en el juzgado de guardia una denuncia en la que mostraba su preocupación por tratarse de "20.000 toneladas de productos peligrosos ilegalmente acumulados". En el escrito se apuntaba a "que existe el peligro, entre otros, de que estos puedan incendiarse o producirse vertidos al cauce [de un arroyo] próximo". Ese arroyo desemboca en el río Henares y este viernes los servicios de extinción han construido un dique para evitar la contaminación. La denuncia de la Junta también señalaba que "la empresa podría descapitalizarse" para evitar hacer frente al coste de retirar los residuos.
Tres semanas después de aquella denuncia, en la madrugada del jueves al viernes pasados, se declaró el fuego.
Costes
"La empresa ya sabía que debía retirar los residuos y que el coste era muy alto", ha indicado este viernes el consejero de Medio Ambiente, Francisco Martínez Arroyo. Entre las obligaciones de los propietarios figuraba la vigilancia durante las 24 horas, precisamente ante el riesgo de incendio. El consejero ha admitido que no se había comprobado "presencialmente" que se cumplía esa obligación.
A la investigación sobre las causas del incendio se une la que los agentes del Seprona iniciaron a principios de año. Según fuentes de esa investigación, las pesquisas se iniciaron "porque se estaban gestionando residuos peligrosos" de forma irregular: se hacían pasar como inertes (sin riesgo) y se depositaban en vertederos de demolición.
Desde 2004, según dichas fuentes, existen informes que cuestionan esta planta de Chiloeches. Pero no fue hasta octubre de 2013 cuando la Junta expedientó por tres "infracciones graves" a KUK, a la que se multó con 9.001 euros y se le suspendió de forma provisional la autorización ambiental unificada. Este expediente se convirtió en firme en octubre de 2014 y, justo un año después, se cumplió el plazo que se le había dado para resolver las deficiencias si quería seguir operando.
Operando sin autorización
Desde octubre de 2015, y a pesar de no disponer de esa autorización, la planta siguió gestionando residuos. Y, según las pesquisas del Seprona, haciéndolo de forma incorrecta. "No se pueden vigilar todas las actuaciones sobre el terreno", ha justificado el consejero de Medio Ambiente, quien defiende que los técnicos han realizado varias inspecciones y se ha denunciado el caso ante la justicia.
Una de las preocupaciones de este viernes es la nube tóxica que se ha generado por la combustión de los residuos, aunque la Junta descarta que haya riesgo para la población. Ecologistas en Acción ha exigido que "se mida cuanto antes la calidad del aire en las zonas afectadas por el humo, por si hubiera que decretar una evacuación". La consejería ha desplazado a la zona un equipo móvil para medir la calidad del aire. Otra de las preocupaciones de los servicios de extinción es saber exactamente qué productos había en la planta. La Junta ha activado esta tarde el nivel 2, que implica pedir ayuda a la Unidad Militar de Emergencias.
