Turquía ordena la detención de otros 35 periodistas en sus purgas tras el golpe
El número de informadores y columnistas en las cárceles turcas alcanza los 107, según la Plataforma P24
Andrés Mourenza
Estambul, El País
La Fiscalía de Estambul ha ordenado la detención de 35 periodistas y columnistas de diversos medios como parte de la investigación contra la red de la cofradía del clérigo Fetulá Gülen, a la que se culpa de haber orquestado el fallido intento de golpe de Estado del pasado 15 de julio. Las acusaciones se basan en la investigación del “brazo mediático” de lo que la Fiscalía denomina “Organización Terrorista de Fethullah-Estructura de Estado Paralelo” (FETÖ-PDY) y la presunta propaganda que habrían hecho dichos periodistas de a favor de este grupo.
De estos periodistas, al menos nueve habrían sido ya detenidos en varias localidades de Turquía, y el resto estarían en búsqueda y captura, aunque 18 de ellos se sabe que se encuentran en el extranjero, según informó el diario Hürriyet Daily News. Uno de los periodistas buscados que se encuentra fuera de Turquía habló con El País a condición del anonimato y explicó que su casa en Estambul fue registrada por la policía. Además, aseguró que no se le han notificado los cargos y que su abogado estaba tratando de averiguarlos.
El único denominador común que une a la mayoría de las 35 personas sobre las que se ha emitido la orden de detención es el haber trabajado para variados medios vinculados a la comunidad de Fethullah Gülen o sobre los que esta cofradía alguna vez tuvo cierta influencia. Entre ellos se encuentran Ali Yurttagül, que ha trabajado como asesor político del Grupo Verde en el Parlamento Europeo; Murat Aksoy, que fue asesor del líder de la oposición socialdemócrata; Yavuz Baydar, que actualmente trabaja dentro de la Plataforma P24 de apoyo al periodismo independiente y ha escrito columnas de opinión en EL PAÍS o Ergün Babahan, quien dirigió varios medios favorables al actual gobierno islamista hasta que este rompió con sus antiguos aliados gülenistas.
“Entre los detenidos hay gente que claramente no son gülenistas, sino que provienen del ámbito de la izquierda”, sostuvo Rusen Çakir, experto en movimientos islamistas en Turquía, en su programa diario en la red Periscope: “Estamos ante una situación muy dolorosa, en la que el Gobierno, escudándose en las luchas contra la comunidad (gülenista), también está deteniendo a otros que no lo son”. Çakir comparó además este proceso con los dirigidos por jueces supuestamente gülenistas que, entre 2009 y 2012, llevaron a la cárcel a decenas de periodistas kemalistas (nacionalistas laicos) y prokurdos: “Entonces, como ahora, se les acusaba de no ser periodistas, sino terroristas”.
Según la Plataforma P24, actualmente 107 periodistas y trabajadores de los medios de comunicación se encuentran en prisión en Turquía. Desde la fallida asonada militar, cerca de un centenar de emisoras de radio, canales de televisión, diarios, revistas y agencias de noticias han sido cerrados. Además, unas 40.000 personas han sido detenidas, de las que cerca de la mitad han sido imputadas; más de 80.000 empleados públicos han sido suspendidos e investigados y unos 7.000 despedidos.
Estambul, El País
La Fiscalía de Estambul ha ordenado la detención de 35 periodistas y columnistas de diversos medios como parte de la investigación contra la red de la cofradía del clérigo Fetulá Gülen, a la que se culpa de haber orquestado el fallido intento de golpe de Estado del pasado 15 de julio. Las acusaciones se basan en la investigación del “brazo mediático” de lo que la Fiscalía denomina “Organización Terrorista de Fethullah-Estructura de Estado Paralelo” (FETÖ-PDY) y la presunta propaganda que habrían hecho dichos periodistas de a favor de este grupo.
De estos periodistas, al menos nueve habrían sido ya detenidos en varias localidades de Turquía, y el resto estarían en búsqueda y captura, aunque 18 de ellos se sabe que se encuentran en el extranjero, según informó el diario Hürriyet Daily News. Uno de los periodistas buscados que se encuentra fuera de Turquía habló con El País a condición del anonimato y explicó que su casa en Estambul fue registrada por la policía. Además, aseguró que no se le han notificado los cargos y que su abogado estaba tratando de averiguarlos.
El único denominador común que une a la mayoría de las 35 personas sobre las que se ha emitido la orden de detención es el haber trabajado para variados medios vinculados a la comunidad de Fethullah Gülen o sobre los que esta cofradía alguna vez tuvo cierta influencia. Entre ellos se encuentran Ali Yurttagül, que ha trabajado como asesor político del Grupo Verde en el Parlamento Europeo; Murat Aksoy, que fue asesor del líder de la oposición socialdemócrata; Yavuz Baydar, que actualmente trabaja dentro de la Plataforma P24 de apoyo al periodismo independiente y ha escrito columnas de opinión en EL PAÍS o Ergün Babahan, quien dirigió varios medios favorables al actual gobierno islamista hasta que este rompió con sus antiguos aliados gülenistas.
“Entre los detenidos hay gente que claramente no son gülenistas, sino que provienen del ámbito de la izquierda”, sostuvo Rusen Çakir, experto en movimientos islamistas en Turquía, en su programa diario en la red Periscope: “Estamos ante una situación muy dolorosa, en la que el Gobierno, escudándose en las luchas contra la comunidad (gülenista), también está deteniendo a otros que no lo son”. Çakir comparó además este proceso con los dirigidos por jueces supuestamente gülenistas que, entre 2009 y 2012, llevaron a la cárcel a decenas de periodistas kemalistas (nacionalistas laicos) y prokurdos: “Entonces, como ahora, se les acusaba de no ser periodistas, sino terroristas”.
Según la Plataforma P24, actualmente 107 periodistas y trabajadores de los medios de comunicación se encuentran en prisión en Turquía. Desde la fallida asonada militar, cerca de un centenar de emisoras de radio, canales de televisión, diarios, revistas y agencias de noticias han sido cerrados. Además, unas 40.000 personas han sido detenidas, de las que cerca de la mitad han sido imputadas; más de 80.000 empleados públicos han sido suspendidos e investigados y unos 7.000 despedidos.
