Experto: No cambió la matriz de generación de recursos en el país
Según Jubileo, el dinero que se genera por el IDH se destina a gastos corrientes y se paga la Renta Dignidad, lo que genera pérdida en el patrimonio estatal.
Wendy Pinto / La Paz
Bolivia es un país con autonomías desde 2009; sin embargo, en la actualidad aún mantiene una visión centralista de la generación y la redistribución de los recursos públicos, como establecía el sistema impositivo elaborado el año 1986, la Ley de Participación Popular de 1994 y la norma de Descentralización Administrativa de 1995, según la Fundación Jubileo.
"La redistribución de los recursos viene de las leyes de participación popular y descentralización administrativa de 1994 y 1995, y eso no ha cambiado, ni siquiera el sistema de coparticipación tributaria ni los porcentajes, todos siguen siendo exactamente los mismos. Y el destino de los recursos tampoco ha tenido un giro significativo”, afirmó el analista en Presupuestos Públicos y Fiscalidad de Jubileo, René Martínez.
El investigador explicó que el Gobierno trabaja con el sistema impositivo elaborado en 1986, por lo que se mantiene la misma distribución de recursos (coparticipación). Los porcentajes de 1994 y 1995 de las leyes de Participación Popular y Descentralización Administrativa tampoco se han modificado. Además, se continúa con la misma orientación del gasto, es decir, más inversión en caminos.
"Se ha planteado un cambio de matriz productiva a través de las inversiones del Estado, pero no ha habido modificación en la composición sectorial de la inversión, seguimos invirtiendo mayormente en infraestructura caminera. En inversión productiva, seguimos invirtiendo en sectores extractivos, más en hidrocarburos y minerales que en los sectores agropecuarios”, insistió.
De acuerdo con datos de la Fundación Jubileo, los principales ingresos que tiene el Estado provienen de los impuestos -en su mayoría- y de las regalías de los hidrocarburos y minerales, considerados como renta extractivista. Estos ingresos dependen de los precios del mercado internacional, por lo que hay un riesgo de insostenibilidad a futuro. Los ingresos se distribuyen como se observa en la segunda infografía.
Con la vigencia de la autonomía se ha otorgado más competencias a las gobernaciones, municipios y otras entidades territoriales autónomas (ETA), pero el gobierno central no ha distribuido recursos económicos al igual que las competencias, se mantiene como cuando había prefecturas.
Dinero se va al gasto corriente
El experto aclaró que el dinero del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) es destinado en su mayoría a gastos corrientes, como el pago de la Renta Dignidad, lo que genera una pérdida en el patrimonio del Estado. Las gobernaciones se encargan de pagar este beneficio social.
"La asignación del IDH se destina a gastos corrientes, que son gastos de consumo en diferentes niveles y eso no debería pasar”, afirmó el investigador.
Pese a todo, Martínez planteó dos vías de solución para contrarrestar la caída de los recursos al nivel departamental: primero, modificar el sistema tributario para que sea más descentralizado y autónomo, en el que le asignen potestades tributarias; segundo, tocar la coparticipación de los impuestos nacionales.
Costas: Hay seis años de demora
El gobernador del departamento de Santa Cruz, Rubén Costas, reclamó que hay una demora de seis años del gobierno central para hablar sobre el debate del pacto fiscal y que en una década el gobierno central administró 180 mil millones de dólares, mientras que las gobernaciones, municipios y ETA solamente administraron un 12%.
"Han desperdiciado la oportunidad de la bonanza para lograr un gran acuerdo nacional sobre el pacto fiscal; 180 mil millones de dólares se han administrado en esta década, sólo el 12% de estos recursos fueron administrados por gobernaciones, gobiernos municipales y universidades.
¿Dónde están los 160 mil millones de dólares que administro el centralismo?”, cuestionó Costas.
El gobernador denunció al Gobierno por "postergar el futuro de Bolivia”, al demorar tanto tiempo el debate del pacto fiscal. No obstante, ratificó su posición de que el gobierno administre el 50%, y el resto las gobernaciones y ETA.
Bolivia es un país con autonomías desde 2009; sin embargo, en la actualidad aún mantiene una visión centralista de la generación y la redistribución de los recursos públicos, como establecía el sistema impositivo elaborado el año 1986, la Ley de Participación Popular de 1994 y la norma de Descentralización Administrativa de 1995, según la Fundación Jubileo.
"La redistribución de los recursos viene de las leyes de participación popular y descentralización administrativa de 1994 y 1995, y eso no ha cambiado, ni siquiera el sistema de coparticipación tributaria ni los porcentajes, todos siguen siendo exactamente los mismos. Y el destino de los recursos tampoco ha tenido un giro significativo”, afirmó el analista en Presupuestos Públicos y Fiscalidad de Jubileo, René Martínez.
El investigador explicó que el Gobierno trabaja con el sistema impositivo elaborado en 1986, por lo que se mantiene la misma distribución de recursos (coparticipación). Los porcentajes de 1994 y 1995 de las leyes de Participación Popular y Descentralización Administrativa tampoco se han modificado. Además, se continúa con la misma orientación del gasto, es decir, más inversión en caminos.
"Se ha planteado un cambio de matriz productiva a través de las inversiones del Estado, pero no ha habido modificación en la composición sectorial de la inversión, seguimos invirtiendo mayormente en infraestructura caminera. En inversión productiva, seguimos invirtiendo en sectores extractivos, más en hidrocarburos y minerales que en los sectores agropecuarios”, insistió.
De acuerdo con datos de la Fundación Jubileo, los principales ingresos que tiene el Estado provienen de los impuestos -en su mayoría- y de las regalías de los hidrocarburos y minerales, considerados como renta extractivista. Estos ingresos dependen de los precios del mercado internacional, por lo que hay un riesgo de insostenibilidad a futuro. Los ingresos se distribuyen como se observa en la segunda infografía.
Con la vigencia de la autonomía se ha otorgado más competencias a las gobernaciones, municipios y otras entidades territoriales autónomas (ETA), pero el gobierno central no ha distribuido recursos económicos al igual que las competencias, se mantiene como cuando había prefecturas.
Dinero se va al gasto corriente
El experto aclaró que el dinero del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) es destinado en su mayoría a gastos corrientes, como el pago de la Renta Dignidad, lo que genera una pérdida en el patrimonio del Estado. Las gobernaciones se encargan de pagar este beneficio social.
"La asignación del IDH se destina a gastos corrientes, que son gastos de consumo en diferentes niveles y eso no debería pasar”, afirmó el investigador.
Pese a todo, Martínez planteó dos vías de solución para contrarrestar la caída de los recursos al nivel departamental: primero, modificar el sistema tributario para que sea más descentralizado y autónomo, en el que le asignen potestades tributarias; segundo, tocar la coparticipación de los impuestos nacionales.
Costas: Hay seis años de demora
El gobernador del departamento de Santa Cruz, Rubén Costas, reclamó que hay una demora de seis años del gobierno central para hablar sobre el debate del pacto fiscal y que en una década el gobierno central administró 180 mil millones de dólares, mientras que las gobernaciones, municipios y ETA solamente administraron un 12%.
"Han desperdiciado la oportunidad de la bonanza para lograr un gran acuerdo nacional sobre el pacto fiscal; 180 mil millones de dólares se han administrado en esta década, sólo el 12% de estos recursos fueron administrados por gobernaciones, gobiernos municipales y universidades.
¿Dónde están los 160 mil millones de dólares que administro el centralismo?”, cuestionó Costas.
El gobernador denunció al Gobierno por "postergar el futuro de Bolivia”, al demorar tanto tiempo el debate del pacto fiscal. No obstante, ratificó su posición de que el gobierno administre el 50%, y el resto las gobernaciones y ETA.
