Bienes incautados al narcotráfico extraviados, desviados y abandonados generan pérdidas millonarias al Estado
La Paz, ANF
Miles de bienes incautados al narcotráfico, muebles e inmuebles, se han perdido, han sido desviados y otros están abandonados, lo que genera una millonaria pérdida económica al Estado. La Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi) no estableció los montos exactos de las pérdidas, pero señaló que de cada 1.000 bienes secuestrados, solo 100 (10%) pasan a administración de la institución y, de estos, solo 10 (1%) pasan a la confiscación a favor del Estado.
La entidad informó que no todos los bienes incautados por la autoridad judicial llegan hasta esa institución como manda la ley, manifestó la directora de Dircabi, Mirtha Jiménez.
“El juez no siempre incauta y no siempre confisca, o sea, si secuestra 1.000 bienes, de esos mil ni el 10% son incautados y seguramente ni el 1% son confiscados, habrá que hacer una relación numérica, no lo hemos hecho, pero es muy poca la proporción de lo que se confisca (…) De lo mucho que se secuestra, poco se confisca”, manifestó Jiménez.
Agregó que “tampoco todo lo que se ha incautado nos entregan, por si acaso, ni siquiera es una garantía que incauten y nos entreguen, a veces no nos entregan todo lo que incautan”.
Jiménez dijo que en un barrido nacional, constaron “que hay algunos bienes que no me han entregado” y no se conoce las causas del por qué los jueces no entregan los bienes incautados.
Además, reconoció que existen bienes perdidos los cuales se están buscando en distintos lugares del país. “Hemos encontrado además 150 inmuebles que estaban perdidos”, indicó.
Dircabi administra bienes muebles e inmuebles, entre ellos: vehículos, aviones, lanchas, maquinaria pesada y otros medios de transporte. También mobiliario, joyas, ganado, precursores, sustancias, viviendas, haciendas, propiedades agrícolas, propiedades rusticas, terrenos, entre otros.
La institución recibió 25.950 bienes desde el 1 de enero de 1971 hasta el 6 de julio de 2016. Solo entre el 1 de enero de 2015 al 6 de julio de 2016 recibió 418 bienes.
En 2015, la Dircabi monetizó los bienes en $us 687.342 y en 2016, hasta fines de junio, $us 555.000. Estos recursos son distribuidos por partes entre el Ministerio Público, Conaltid y Dircabi para la lucha contra el narcotráfico.
A decir del diputado de Unidad Demócrata (UD), Tomas Monasterios, “según la Ley (1970) y la norma, la instancia directa, encargada, responsable de la posesión y tenencia de estos bienes es Dircabi” y es a esa instancia donde deben ir todos los bienes incautados.
Los bienes decomisados al narcotráfico tienen el siguiente tránsito procesal: 1) son secuestrados por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) cuando están implicadas en un hecho de narcotráfico, 2) luego pasan a tratamiento judicial para ser incautados o devueltos, 3) una vez incautados son administrados por Dircabi y 4) esa entidad es la encargada de monetizar esos bienes para luego pasar una parte de los recursos a Conaltid y éste destina los recursos al reforzamiento de la lucha contra el narcotráfico.
Al respecto, el director de la FELCN, Santiago Delgadillo, señaló que efectivos antidroga “cuando hacemos el secuestro pasamos a Fiscalía y ésta pasa al juez y el juez determina que pase a Dircabi.
Esta explicación fue sustentada por el viceministro de Sustancias Controladas, Felipe Cáceres, señalando que Dircabi por Ley es la encargada de administrar los bienes incautados, sin embargo, la mora procesal hace que estos bienes estén guardados en depósitos por varios años.
“Una vez que ya se incauta el bien secuestrado, en este caso al narcotráfico, ya administra estos fondos el Consejo Nacional Contra el Tráfico Ilícito de Drogas (Conaltid) que es también una instancia donde participan cinco Ministerios (…) En algunos casos son devueltos, en algunos casos sí pasa a manos del Estado y es Dircabi Nacional quien monetiza todos estos bienes y estos montos de dinero van en apoyo a la lucha contra el narcotráfico”, manifestó.
Sin embargo, resulta difícil fiscalizar los bienes porque las cifras de bienes secuestrados emitidos por la FELCN nunca coincidirán con los bienes recibidos por la Dircabi, porque, según Jiménez, unos son devueltas, otros incautados, pero mientras se dilucidan judicialmente esos bienes “quedan bajo la administración del Ministerio Público y la FELCN (…) Y hemos visto en la realidad que si hay incautados que no nos ha entregado (el juez)”, por ello no hay forma de controlar esa situación.
Al respecto, el fiscal de materia adscrito a la FELCN, Julio Saenz, explicó que el Ministerio Público solamente supervisa que los bienes no sean mal utilizados y pide al juez que ese bien sea incautado y disponga que Dircabi lo administre.
“El Ministerio Público no tiene en su poder el bien incautado, se encuentra bajo custodia de la Policía mientras dura el trámite ante el juzgado y una vez que se produzca ese trámite, se resuelva la situación jurídica del bien, entonces Dircabi es el directo responsable”, manifestó.
La falta de una normativa y la fiscalización de estos bienes está provocando pérdidas millonarias al Estado.
Miles de bienes incautados al narcotráfico, muebles e inmuebles, se han perdido, han sido desviados y otros están abandonados, lo que genera una millonaria pérdida económica al Estado. La Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi) no estableció los montos exactos de las pérdidas, pero señaló que de cada 1.000 bienes secuestrados, solo 100 (10%) pasan a administración de la institución y, de estos, solo 10 (1%) pasan a la confiscación a favor del Estado.
La entidad informó que no todos los bienes incautados por la autoridad judicial llegan hasta esa institución como manda la ley, manifestó la directora de Dircabi, Mirtha Jiménez.
“El juez no siempre incauta y no siempre confisca, o sea, si secuestra 1.000 bienes, de esos mil ni el 10% son incautados y seguramente ni el 1% son confiscados, habrá que hacer una relación numérica, no lo hemos hecho, pero es muy poca la proporción de lo que se confisca (…) De lo mucho que se secuestra, poco se confisca”, manifestó Jiménez.
Agregó que “tampoco todo lo que se ha incautado nos entregan, por si acaso, ni siquiera es una garantía que incauten y nos entreguen, a veces no nos entregan todo lo que incautan”.
Jiménez dijo que en un barrido nacional, constaron “que hay algunos bienes que no me han entregado” y no se conoce las causas del por qué los jueces no entregan los bienes incautados.
Además, reconoció que existen bienes perdidos los cuales se están buscando en distintos lugares del país. “Hemos encontrado además 150 inmuebles que estaban perdidos”, indicó.
Dircabi administra bienes muebles e inmuebles, entre ellos: vehículos, aviones, lanchas, maquinaria pesada y otros medios de transporte. También mobiliario, joyas, ganado, precursores, sustancias, viviendas, haciendas, propiedades agrícolas, propiedades rusticas, terrenos, entre otros.
La institución recibió 25.950 bienes desde el 1 de enero de 1971 hasta el 6 de julio de 2016. Solo entre el 1 de enero de 2015 al 6 de julio de 2016 recibió 418 bienes.
En 2015, la Dircabi monetizó los bienes en $us 687.342 y en 2016, hasta fines de junio, $us 555.000. Estos recursos son distribuidos por partes entre el Ministerio Público, Conaltid y Dircabi para la lucha contra el narcotráfico.
A decir del diputado de Unidad Demócrata (UD), Tomas Monasterios, “según la Ley (1970) y la norma, la instancia directa, encargada, responsable de la posesión y tenencia de estos bienes es Dircabi” y es a esa instancia donde deben ir todos los bienes incautados.
Los bienes decomisados al narcotráfico tienen el siguiente tránsito procesal: 1) son secuestrados por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) cuando están implicadas en un hecho de narcotráfico, 2) luego pasan a tratamiento judicial para ser incautados o devueltos, 3) una vez incautados son administrados por Dircabi y 4) esa entidad es la encargada de monetizar esos bienes para luego pasar una parte de los recursos a Conaltid y éste destina los recursos al reforzamiento de la lucha contra el narcotráfico.
Al respecto, el director de la FELCN, Santiago Delgadillo, señaló que efectivos antidroga “cuando hacemos el secuestro pasamos a Fiscalía y ésta pasa al juez y el juez determina que pase a Dircabi.
Esta explicación fue sustentada por el viceministro de Sustancias Controladas, Felipe Cáceres, señalando que Dircabi por Ley es la encargada de administrar los bienes incautados, sin embargo, la mora procesal hace que estos bienes estén guardados en depósitos por varios años.
“Una vez que ya se incauta el bien secuestrado, en este caso al narcotráfico, ya administra estos fondos el Consejo Nacional Contra el Tráfico Ilícito de Drogas (Conaltid) que es también una instancia donde participan cinco Ministerios (…) En algunos casos son devueltos, en algunos casos sí pasa a manos del Estado y es Dircabi Nacional quien monetiza todos estos bienes y estos montos de dinero van en apoyo a la lucha contra el narcotráfico”, manifestó.
Sin embargo, resulta difícil fiscalizar los bienes porque las cifras de bienes secuestrados emitidos por la FELCN nunca coincidirán con los bienes recibidos por la Dircabi, porque, según Jiménez, unos son devueltas, otros incautados, pero mientras se dilucidan judicialmente esos bienes “quedan bajo la administración del Ministerio Público y la FELCN (…) Y hemos visto en la realidad que si hay incautados que no nos ha entregado (el juez)”, por ello no hay forma de controlar esa situación.
Al respecto, el fiscal de materia adscrito a la FELCN, Julio Saenz, explicó que el Ministerio Público solamente supervisa que los bienes no sean mal utilizados y pide al juez que ese bien sea incautado y disponga que Dircabi lo administre.
“El Ministerio Público no tiene en su poder el bien incautado, se encuentra bajo custodia de la Policía mientras dura el trámite ante el juzgado y una vez que se produzca ese trámite, se resuelva la situación jurídica del bien, entonces Dircabi es el directo responsable”, manifestó.
La falta de una normativa y la fiscalización de estos bienes está provocando pérdidas millonarias al Estado.