Turquía: ¡No al golpe!
A estas alturas del siglo XXI, es inconcebible que se pretenda atribuir a las Fuerzas Armadas un supuesto papel de garante de las libertades democráticas
Felipe González Márquez
El País
Las crisis políticas se resuelven con respeto a la Constitución y a las reglas democráticas, no con intervenciones militares. A las crisis políticas hay que dar respuestas de la misma naturaleza.
Los militares tienen el privilegio del uso exclusivo de las armas para defender la soberanía. Ese privilegio supone también una renuncia: su neutralidad en el libre juego de la política y la aceptación de su papel como Institución sometida al poder civil que emana de las urnas.
No se pueden tener al mismo tiempo las armas y la palabra. El que quiera intervenir en política tiene derecho a hacerlo, pero tiene que dejar las armas.
Vivimos una crisis de gobernanza de la democracia representativa. Con frecuencia vemos claros excesos del poder ejecutivo, invadiendo otros poderes del Estado como el Parlamento, o sometiendo al Poder Judicial, o limitando la libertad de prensa o persiguiendo la opinión de los adversarios políticos.
El equilibrio de poderes y las libertades básicas se ponen en riesgo por el abuso de poder. El voto de los ciudadanos se manipula en estas circunstancias y la democracia se deteriora. La igualdad de oportunidades entre distintas opciones políticas se deteriora en favor del poder establecido.
Pero la Institución armada tiene que quedar al margen de estos desafíos. Su neutralidad ante las diferentes opciones es la mejor garantía de su papel.
Siempre es condenable la interrupción de los procesos políticos por el uso de la fuerza.
A estas alturas del siglo XXI, es inconcebible que se pretenda atribuir a las Fuerzas Armadas un supuesto papel de garante de las libertades democráticas.
El País
Las crisis políticas se resuelven con respeto a la Constitución y a las reglas democráticas, no con intervenciones militares. A las crisis políticas hay que dar respuestas de la misma naturaleza.
Los militares tienen el privilegio del uso exclusivo de las armas para defender la soberanía. Ese privilegio supone también una renuncia: su neutralidad en el libre juego de la política y la aceptación de su papel como Institución sometida al poder civil que emana de las urnas.
No se pueden tener al mismo tiempo las armas y la palabra. El que quiera intervenir en política tiene derecho a hacerlo, pero tiene que dejar las armas.
Vivimos una crisis de gobernanza de la democracia representativa. Con frecuencia vemos claros excesos del poder ejecutivo, invadiendo otros poderes del Estado como el Parlamento, o sometiendo al Poder Judicial, o limitando la libertad de prensa o persiguiendo la opinión de los adversarios políticos.
El equilibrio de poderes y las libertades básicas se ponen en riesgo por el abuso de poder. El voto de los ciudadanos se manipula en estas circunstancias y la democracia se deteriora. La igualdad de oportunidades entre distintas opciones políticas se deteriora en favor del poder establecido.
Pero la Institución armada tiene que quedar al margen de estos desafíos. Su neutralidad ante las diferentes opciones es la mejor garantía de su papel.
Siempre es condenable la interrupción de los procesos políticos por el uso de la fuerza.
A estas alturas del siglo XXI, es inconcebible que se pretenda atribuir a las Fuerzas Armadas un supuesto papel de garante de las libertades democráticas.
