Hungría convoca un referéndum sobre las cuotas de refugiados de la UE
El presidente, Janos Ader, anuncia que la consulta tendrá lugar el próximo 2 de octubre
María R. Sahuquillo
Madrid, El País
El presidente de Hungría, Janes Ader, ha anunciado este martes un referéndum para el próximo 2 de octubre en el que los húngaros manifestarán si aceptan o rechazan las cuotas de reubicación de refugiados acordadas por la Unión Europea a las que el Gobierno húngaro siempre se ha opuesto. Esta consulta, de dudoso encaje legal ya que las cuotas fueron aprobadas por mayoría cualificada por los Veintiocho, es otro paso más de la oposición frontal del Ejecutivo de Víktor Orbán contra las políticas migratorias de Bruselas. Hungría y Eslovaquia ya recurrieron ante los tribunales el sistema de reparto, que establece la acogida de unas 160.000 personas entre todos los países en un plazo de dos años.
Con este referéndum, que llega después del shock de la consulta británica que ha derivado en el divorcio de Reino Unido y la UE, el primer ministro húngaro no sólo trata de dejar claro su rechazo a las medidas UE; también busca capitalizar aún más su discurso contra la inmigración y la apertura de fronteras que está calando en Europa. Una postura que se agudizó con la crisis migratoria del año pasado, en la que Hungría se convirtió en una de las principales puertas de entrada de migrantes y refugiados a la UE, y que le está haciendo crecer, junto a su partido, el Fidesz, entre el electorado.
Ahora, en su lucha contra el reparto acordado en Bruselas, Hungría convoca esta consulta –a la espera de que el Tribunal Constitucional la ratifique— en la que los húngaros responderán con un sí o no a la pregunta: "¿Quiere que la Unión Europea tenga derecho a determinar una cuota obligatoria de ciudadanos no húngaros en Hungría sin el consentimiento del Parlamento?".
Un referéndum, recalca Tamas Boras, codirector del think tank Policy Solutions, “no tendrá ningún valor legal”. “Con él, Orbán trata de enviar un mensaje tanto a Bruselas como a otros países de que estas cuestiones deben decidirse a nivel nacional”, dice el analista de este centro especializado en Hungría, que añade que el primer ministro cree que, ahora que están sobre la mesa multas para los países inclumplidores, un respaldo visible de la sociedad húngara le daría más fuerza para tratar de hacer valer su postura; aunque finalmente el voto de los húngaros no cuente. De hecho, se plantea un problema claro si vence el no en la consulta, ya que en ese caso, el tribunal europeo debería hacer prevalecer la legislación comunitaria.
Orbán siempre ha considerado las cuotas de reubicación —por las que a su país, de unos nueve millones de habitantes le corresponden 1.294 refugiados procedentes de Grecia e Italia— “un abuso de poder” de la UE, pese a haber sido aprobadas por mayoría cualificada por los socios, con el voto en contra de su país, República Checa, Eslovaquia y Rumania. De hecho, en febrero, cuando el conservador habló por primera vez de la celebración del referéndum aseguró que quien vote no, "votará por la independencia de Hungría". Este martes, su jefe de Gabinete, Antal Rogan, ha insistido en ello: “El Gobierno húngaro pide a los ciudadanos húngaros que digan que no a las cuotas obligatorias y que digan no a las políticas migratorias de Bruselas. Sólo los húngaros pueden decidir con quién quieren vivir en Hungría”, informa Reuters.
Esta consulta es solo un paso más en las controvertidas políticas que Hungría ha aplicado para frenar las llegadas de inmigrantes y refugiados, como la construcción de vallas y muros para tratar de sellar sus fronteras. Desde otoño del año pasado, cuando cerró sus pasos con Serbia y Croacia, entrar en Hungría de forma ilegal se considera un delito penado con hasta cinco años de prisión. A partir de este martes, el Gobierno húngaro ha empezado a aplicar además otra polémica reforma de su ley de extranjería que le permite trasladar a los refugiados localizados cerca de las vallas fronterizas al otro lado, donde no reciben asistencia; una fórmula de devoluciones en calientes criticada por la ONU ya que dificulta la petición de asilo. Este primer día, Hungría la ha aplicado ya a 600 personas.
Bloque contra la emigración
Hungría no es el único país en oponerse a la política migratoria comunitaria. De hecho, este es uno de los puntos que tiene en común con el llamado Grupo de Visegrado, explica Sándor Gyula Nagy, investigador principal del Instituto de Asuntos Exteriores y Comercio de Hungría. Esta alianza informal, que forman Polonia, Hungría, Eslovaquia y Chequia, se ha hecho fuerte en un discurso por el control de las fronteras. De hecho, esta es una de las prioridades del grupo de países relativamente pequeños (excepto Polonia), que trabajan juntos y se coordinan para tratar de hacer escuchar su voz en la UE, apunta Nagy.
Los cuatro países del Este son ferozmente reacios a la reforma del sistema de asilo de la UE: desde el reparto de asilados a la acogida obligatoria, algo que encuentran profundamente injusto, poco realista y perjudicial tanto para sus propios Estados como para la UE. También rechazan de pleno las multas por no cumplir con los compromisos acordados. Su postura, advirtió el número dos de la Comisión Europea, Frans Timmermans, puede ser “un gran golpe para el proyecto europeo”.
Madrid, El País
El presidente de Hungría, Janes Ader, ha anunciado este martes un referéndum para el próximo 2 de octubre en el que los húngaros manifestarán si aceptan o rechazan las cuotas de reubicación de refugiados acordadas por la Unión Europea a las que el Gobierno húngaro siempre se ha opuesto. Esta consulta, de dudoso encaje legal ya que las cuotas fueron aprobadas por mayoría cualificada por los Veintiocho, es otro paso más de la oposición frontal del Ejecutivo de Víktor Orbán contra las políticas migratorias de Bruselas. Hungría y Eslovaquia ya recurrieron ante los tribunales el sistema de reparto, que establece la acogida de unas 160.000 personas entre todos los países en un plazo de dos años.
Con este referéndum, que llega después del shock de la consulta británica que ha derivado en el divorcio de Reino Unido y la UE, el primer ministro húngaro no sólo trata de dejar claro su rechazo a las medidas UE; también busca capitalizar aún más su discurso contra la inmigración y la apertura de fronteras que está calando en Europa. Una postura que se agudizó con la crisis migratoria del año pasado, en la que Hungría se convirtió en una de las principales puertas de entrada de migrantes y refugiados a la UE, y que le está haciendo crecer, junto a su partido, el Fidesz, entre el electorado.
Ahora, en su lucha contra el reparto acordado en Bruselas, Hungría convoca esta consulta –a la espera de que el Tribunal Constitucional la ratifique— en la que los húngaros responderán con un sí o no a la pregunta: "¿Quiere que la Unión Europea tenga derecho a determinar una cuota obligatoria de ciudadanos no húngaros en Hungría sin el consentimiento del Parlamento?".
Un referéndum, recalca Tamas Boras, codirector del think tank Policy Solutions, “no tendrá ningún valor legal”. “Con él, Orbán trata de enviar un mensaje tanto a Bruselas como a otros países de que estas cuestiones deben decidirse a nivel nacional”, dice el analista de este centro especializado en Hungría, que añade que el primer ministro cree que, ahora que están sobre la mesa multas para los países inclumplidores, un respaldo visible de la sociedad húngara le daría más fuerza para tratar de hacer valer su postura; aunque finalmente el voto de los húngaros no cuente. De hecho, se plantea un problema claro si vence el no en la consulta, ya que en ese caso, el tribunal europeo debería hacer prevalecer la legislación comunitaria.
Orbán siempre ha considerado las cuotas de reubicación —por las que a su país, de unos nueve millones de habitantes le corresponden 1.294 refugiados procedentes de Grecia e Italia— “un abuso de poder” de la UE, pese a haber sido aprobadas por mayoría cualificada por los socios, con el voto en contra de su país, República Checa, Eslovaquia y Rumania. De hecho, en febrero, cuando el conservador habló por primera vez de la celebración del referéndum aseguró que quien vote no, "votará por la independencia de Hungría". Este martes, su jefe de Gabinete, Antal Rogan, ha insistido en ello: “El Gobierno húngaro pide a los ciudadanos húngaros que digan que no a las cuotas obligatorias y que digan no a las políticas migratorias de Bruselas. Sólo los húngaros pueden decidir con quién quieren vivir en Hungría”, informa Reuters.
Esta consulta es solo un paso más en las controvertidas políticas que Hungría ha aplicado para frenar las llegadas de inmigrantes y refugiados, como la construcción de vallas y muros para tratar de sellar sus fronteras. Desde otoño del año pasado, cuando cerró sus pasos con Serbia y Croacia, entrar en Hungría de forma ilegal se considera un delito penado con hasta cinco años de prisión. A partir de este martes, el Gobierno húngaro ha empezado a aplicar además otra polémica reforma de su ley de extranjería que le permite trasladar a los refugiados localizados cerca de las vallas fronterizas al otro lado, donde no reciben asistencia; una fórmula de devoluciones en calientes criticada por la ONU ya que dificulta la petición de asilo. Este primer día, Hungría la ha aplicado ya a 600 personas.
Bloque contra la emigración
Hungría no es el único país en oponerse a la política migratoria comunitaria. De hecho, este es uno de los puntos que tiene en común con el llamado Grupo de Visegrado, explica Sándor Gyula Nagy, investigador principal del Instituto de Asuntos Exteriores y Comercio de Hungría. Esta alianza informal, que forman Polonia, Hungría, Eslovaquia y Chequia, se ha hecho fuerte en un discurso por el control de las fronteras. De hecho, esta es una de las prioridades del grupo de países relativamente pequeños (excepto Polonia), que trabajan juntos y se coordinan para tratar de hacer escuchar su voz en la UE, apunta Nagy.
Los cuatro países del Este son ferozmente reacios a la reforma del sistema de asilo de la UE: desde el reparto de asilados a la acogida obligatoria, algo que encuentran profundamente injusto, poco realista y perjudicial tanto para sus propios Estados como para la UE. También rechazan de pleno las multas por no cumplir con los compromisos acordados. Su postura, advirtió el número dos de la Comisión Europea, Frans Timmermans, puede ser “un gran golpe para el proyecto europeo”.
