Discapacitados: Perdimos una batalla, no la guerra por la renta
El abogado de la caravana se quedará para trabajar con el Defensor los puntos pactados. No se irán hasta garantizar que no habrá persecución y la libertad de J.R.
Leny Chuquimia / La Paz
"Perdimos una batalla pero no la guerra”, coincidieron en afirmar ayer los dirigentes de las personas con discapacidad al referirse a su demanda de un bono de 500 bolivianos. Aún no han fijado una fecha para dejar su vigilia de la calle Junín, pero afirman que no se irán mientras no logren garantías para los movilizados y la liberación de J.R. del penal de San Pedro.
Después de una marcha desde Cochabamba, 86 días de vigilia en La Paz, diálogos fallidos, protestas y enfrentamientos, la "calle de los discas” -como han bautizado a la intersección de la Junín e Indaburo- descansa del ajetreo. Como toda la vía, las carpas están cubiertas de banderines rojos y verdes en honor a la efeméride de La Paz, ciudad a la que los movilizados no pudieron rendir honores porque la Policía les impidió participar en el desfile.
Desde hace una semana, su partida es anunciada todos los días por periodistas, autoridades y algún dirigente; sin embargo, el campamento permanece. Algunos ya tienen sus pertenencias listas para partir pero aún así se resisten a dejar la lucha.
"No hay día ni fecha para irnos. Aún no se ha decidido levantar la vigilia porque estamos en un proceso de acuerdos con el Defensor del Pueblo. No vamos a irnos sin garantizar que no habrá persecución y conseguir la libertad o por lo menos la detención preventiva domiciliaria para J.R. (acusado de violación)”, manifiesta Samuel Cabrera, dirigente de Santa Cruz que ha asumido la dirección de la caravana.
Entre los acuerdos está el compromiso del Defensor de crear unidades de trabajo, en cumplimiento con la ley de personas con discapacidad. El abogado de la vigilia, Franklin Vargas, fue designado para impulsar y coadyuvar este objetivo en La Paz.
En medio de los quehaceres del almuerzo, Cabrera asegura que buscan una respuesta a la renta, a la que -advierte- no renunciarán. "Si nos vamos a ir, lo haremos con la frente en alto. La guerra continua, esto no se acaba aquí. Hemos venido con un objetivo y éste se tiene que hacer realidad”, sostiene convencido de que no hay marcha atrás.
A dos cuadras de su campamento, en la plazuela del Teatro Municipal, está la sede de reuniones. Al aire libre, donde cualquier ciudadano puede acercarse porque -recalca el dirigente- "no tienen nada que ocultar”.
En ese sitio mientras los grandes debaten, los pequeños con síndrome de Down y otros con parálisis cerebral juegan, toman el sol o comen frutas que llegan a la vigilia. Ahí mismo las madres lavan la ropa, algunos se asean y otros piden la colaboración de los peatones para la olla común.
"No nos vamos a ir así nomás, haremos un informe detallado de todo. Haremos una conferencia de prensa para mostrarlo y para despedirnos de los paceños”, dice la dirigente Juana Orbe.
"Perdimos una batalla pero no la guerra”, coincidieron en afirmar ayer los dirigentes de las personas con discapacidad al referirse a su demanda de un bono de 500 bolivianos. Aún no han fijado una fecha para dejar su vigilia de la calle Junín, pero afirman que no se irán mientras no logren garantías para los movilizados y la liberación de J.R. del penal de San Pedro.
Después de una marcha desde Cochabamba, 86 días de vigilia en La Paz, diálogos fallidos, protestas y enfrentamientos, la "calle de los discas” -como han bautizado a la intersección de la Junín e Indaburo- descansa del ajetreo. Como toda la vía, las carpas están cubiertas de banderines rojos y verdes en honor a la efeméride de La Paz, ciudad a la que los movilizados no pudieron rendir honores porque la Policía les impidió participar en el desfile.
Desde hace una semana, su partida es anunciada todos los días por periodistas, autoridades y algún dirigente; sin embargo, el campamento permanece. Algunos ya tienen sus pertenencias listas para partir pero aún así se resisten a dejar la lucha.
"No hay día ni fecha para irnos. Aún no se ha decidido levantar la vigilia porque estamos en un proceso de acuerdos con el Defensor del Pueblo. No vamos a irnos sin garantizar que no habrá persecución y conseguir la libertad o por lo menos la detención preventiva domiciliaria para J.R. (acusado de violación)”, manifiesta Samuel Cabrera, dirigente de Santa Cruz que ha asumido la dirección de la caravana.
Entre los acuerdos está el compromiso del Defensor de crear unidades de trabajo, en cumplimiento con la ley de personas con discapacidad. El abogado de la vigilia, Franklin Vargas, fue designado para impulsar y coadyuvar este objetivo en La Paz.
En medio de los quehaceres del almuerzo, Cabrera asegura que buscan una respuesta a la renta, a la que -advierte- no renunciarán. "Si nos vamos a ir, lo haremos con la frente en alto. La guerra continua, esto no se acaba aquí. Hemos venido con un objetivo y éste se tiene que hacer realidad”, sostiene convencido de que no hay marcha atrás.
A dos cuadras de su campamento, en la plazuela del Teatro Municipal, está la sede de reuniones. Al aire libre, donde cualquier ciudadano puede acercarse porque -recalca el dirigente- "no tienen nada que ocultar”.
En ese sitio mientras los grandes debaten, los pequeños con síndrome de Down y otros con parálisis cerebral juegan, toman el sol o comen frutas que llegan a la vigilia. Ahí mismo las madres lavan la ropa, algunos se asean y otros piden la colaboración de los peatones para la olla común.
"No nos vamos a ir así nomás, haremos un informe detallado de todo. Haremos una conferencia de prensa para mostrarlo y para despedirnos de los paceños”, dice la dirigente Juana Orbe.
