Bolivia analizará proyectos de ley para aguas del Silala en disputa con Chile
Bolivia defiende que el Silala son manantiales cuyas aguas fueron canalizadas artificialmente por una empresa chilena en 1908 hacia el territorio vecino para su aprovechamiento en locomotoras, pero que ahora benefician a las empresas mineras de esa región.
La Razón Digital / EFE / La Paz
El Parlamento boliviano tratará tres proyectos de ley presentados por el partido del presidente Evo Morales para poblar y desarrollar la zona del Silala (suroeste), donde nacen las aguas de la cuenca que lleva el mismo nombre y que está en disputa con Chile.
El primer vicepresidente de la Cámara de Diputados de Bolivia, Víctor Borda, del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), informó hoy a Efe de que ha presentado al Legislativo los tres proyectos de normativa.
Explicó que sus propuestas están destinadas a establecer comunidades en el Silala, en la región andina de Potosí, para cuidar los recursos naturales del país.
"Es difícil, dadas las condiciones y características del terreno, generar asentamientos humanos de manera espontánea. Tenemos que ayudar con alguna normativa que pueda motivar a que los bolivianos puedan trasladarse al sector", justificó.
Un primer proyecto plantea que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) dote tierras del Estado a familias que deseen vivir en la zona.
Cada familia recibiría una hectárea que tendrá que ser destinada a la construcción de una vivienda y a la producción agrícola y crianza de camélidos, señaló Borda.
Agregó que la entrega será gratuita, a condición de que las tierras volverán a propiedad del Estado si es que no son usadas para el propósito previsto o las transfieran o vendan a terceros.
La propuesta incluye la posibilidad de crear una especie de "bono de frontera", para que cada familia reciba mensualmente una ayuda estatal de unos 57 dólares durante dos años.
Borda consideró que resulta "irracional" que solamente Chile aproveche las aguas del Silala, por lo que sus otras dos propuestas apuntan a aprovechar esos recursos hídricos mediante proyectos de riego y saneamiento básico en beneficio de las comunidades que se instalen en el lugar, y la instalación de una embotelladora de agua.
La idea de asegurar el asentamiento humano en la zona pretende garantizar resultados a cualquier proyecto de aprovechamiento de las aguas para que no fracasen estas iniciativas como ocurrió en su momento con el criadero de peces impulsado en 2014.
Bolivia defiende que el Silala son manantiales cuyas aguas fueron canalizadas artificialmente por una empresa chilena en 1908 hacia el territorio vecino para su aprovechamiento en locomotoras, pero que ahora benefician a las empresas mineras de esa región.
Morales anunció en marzo que plantearía una demanda contra Chile al considerar que había un aprovechamiento irregular de las aguas.
Sin embargo, el Gobierno de Michelle Bachelet se adelantó y pidió en junio a la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) tratar el tema argumentando que el Silala es un río internacional a cuyo aprovechamiento tiene derecho.
El Gobierno de Bolivia ha anunciado que contrademandará a Chile para que pague una indemnización por el uso de esos recursos.
La CIJ fijó como plazo el 3 de julio de 2017 para que Chile presente su memoria sobre el caso, mientras que Bolivia debe entregar su contramemoria un año después, el 3 de julio de 2018.
La Corte, además, considera desde 2013 una demanda de Bolivia para pedir que declare la obligación de Chile de negociar su centenario reclamo del acceso al Pacífico perdido en una guerra ante tropas chilenas en 1879.
La tensión entre La Paz y Santiago por ambas controversias se agravó aún más en las últimas semanas por la visita de una comitiva de Bolivia a los puertos del norte chileno para verificar si se cumple con el libre tránsito para la carga boliviana acordado en el tratado de 1904, firmado tras la guerra del Pacífico.
El Parlamento boliviano tratará tres proyectos de ley presentados por el partido del presidente Evo Morales para poblar y desarrollar la zona del Silala (suroeste), donde nacen las aguas de la cuenca que lleva el mismo nombre y que está en disputa con Chile.
El primer vicepresidente de la Cámara de Diputados de Bolivia, Víctor Borda, del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), informó hoy a Efe de que ha presentado al Legislativo los tres proyectos de normativa.
Explicó que sus propuestas están destinadas a establecer comunidades en el Silala, en la región andina de Potosí, para cuidar los recursos naturales del país.
"Es difícil, dadas las condiciones y características del terreno, generar asentamientos humanos de manera espontánea. Tenemos que ayudar con alguna normativa que pueda motivar a que los bolivianos puedan trasladarse al sector", justificó.
Un primer proyecto plantea que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) dote tierras del Estado a familias que deseen vivir en la zona.
Cada familia recibiría una hectárea que tendrá que ser destinada a la construcción de una vivienda y a la producción agrícola y crianza de camélidos, señaló Borda.
Agregó que la entrega será gratuita, a condición de que las tierras volverán a propiedad del Estado si es que no son usadas para el propósito previsto o las transfieran o vendan a terceros.
La propuesta incluye la posibilidad de crear una especie de "bono de frontera", para que cada familia reciba mensualmente una ayuda estatal de unos 57 dólares durante dos años.
Borda consideró que resulta "irracional" que solamente Chile aproveche las aguas del Silala, por lo que sus otras dos propuestas apuntan a aprovechar esos recursos hídricos mediante proyectos de riego y saneamiento básico en beneficio de las comunidades que se instalen en el lugar, y la instalación de una embotelladora de agua.
La idea de asegurar el asentamiento humano en la zona pretende garantizar resultados a cualquier proyecto de aprovechamiento de las aguas para que no fracasen estas iniciativas como ocurrió en su momento con el criadero de peces impulsado en 2014.
Bolivia defiende que el Silala son manantiales cuyas aguas fueron canalizadas artificialmente por una empresa chilena en 1908 hacia el territorio vecino para su aprovechamiento en locomotoras, pero que ahora benefician a las empresas mineras de esa región.
Morales anunció en marzo que plantearía una demanda contra Chile al considerar que había un aprovechamiento irregular de las aguas.
Sin embargo, el Gobierno de Michelle Bachelet se adelantó y pidió en junio a la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) tratar el tema argumentando que el Silala es un río internacional a cuyo aprovechamiento tiene derecho.
El Gobierno de Bolivia ha anunciado que contrademandará a Chile para que pague una indemnización por el uso de esos recursos.
La CIJ fijó como plazo el 3 de julio de 2017 para que Chile presente su memoria sobre el caso, mientras que Bolivia debe entregar su contramemoria un año después, el 3 de julio de 2018.
La Corte, además, considera desde 2013 una demanda de Bolivia para pedir que declare la obligación de Chile de negociar su centenario reclamo del acceso al Pacífico perdido en una guerra ante tropas chilenas en 1879.
La tensión entre La Paz y Santiago por ambas controversias se agravó aún más en las últimas semanas por la visita de una comitiva de Bolivia a los puertos del norte chileno para verificar si se cumple con el libre tránsito para la carga boliviana acordado en el tratado de 1904, firmado tras la guerra del Pacífico.
