Según Diego Ayo, el Gobierno instala en el país un “capitalismo de caras conocidas”
El politólogo y analista político Diego Ayo presentó, ante un auditorio lleno, el texto "¿Que hay detrás de la CAMCE?” un texto que analiza las acciones de esa empresa china en Bolivia y el modelo económico y político que el Gobierno intenta llevar adelante con su preferencia por empresas de ese país asiático.
Ayo, que es director de la Fundación Vicente Pazos Kanki, señaló que el Gobierno intenta implantar un "capitalismo de caras conocidas”, es decir de personas allegadas entre sí y que tiene relaciones personales y empresariales con firmas chinas. El texto fue presentado el miércoles por la noche.
Expresó que haber conocido la existencia de un certificado de nacimiento de un supuesto hijo de Evo Morales y de su expareja Gabriela Zapata, más el hecho de que ésta hubiera trabajado en la empresa china CAMC, que logró millonarios contratos con el Estado, logró "abrir una ventana” que permite conocer parte de cómo el Gobierno boliviano hace negocios.
El caso de CAMC fue puesto por Ayo en un marco mayor, referido a todos los contratos otorgados a empresas chinas y créditos obtenidos de ese país. Señaló que más importante de si Morales tuvo o no un hijo con Zapata es el hecho de que numerosos indicios de tráfico de influencias, que la involucrarían a ella y al presidente Morales.
El autor señaló que, en el mencionado "capitalismo de caras conocidas”, es que el país empieza a atraer capital chino, a cualquier costo (así ello equivalga a buscar el control total de los poderes del Estado), y que este tiene una orientación hacia "la explotación y/o aprovechamiento de los recursos naturales” y no hacia otros sectores, por ejemplo el industrial.
En ese modelo, agregó, "el beneficio es para el Gobierno y no para otros actores estatales como los actores autonómicos y otros”.
Otro de los elementos de ese "modelo” los beneficiarios "son los nuevos grupos corporativos nacidos al calor del Gobierno, que firman contratos poco transparentes, y no los mismos ciudadanos bolivianos”.
Para poder implantar este sistema, dijo Ayo, el Gobierno no acepta disidencias y se encarga de acallar las voces que critican su desempeño, y para ello afecta a los medios de comunicación, a las ONG y fundaciones, e incluso a los abogados, y mencionó el caso del jurista Eduardo León, que tiene orden de detención, acusado por el Gobierno.
El libro fue auspiciado por la Fundación Vicente Pazos Kanki, que preside el líder político opositor Samuel Doria Medina y quien fue el encargado de iniciar el acto.
El texto fue presentado por el periodista Raúl Peñaranda, quien destacó la importancia del texto. Entre los temas que Peñaranda mencionó están el hecho de supuestos sobreprecios de varias obras realizadas por el Gobierno en años recientes, algo que es posible de que ocurra debido a que el Gobierno tiene una gran predilección por las invitaciones directas, no las licitaciones públicas.
En 2004, dijo Peñaranda, el 76,3% de los recursos de los bolivianos fueron asignados a través de la modalidad de licitación pública, cifra que cayó a 41,6% en 2010, 8,2% en 2013 y a 1,3% en 2014.
