La detención preventiva se convirtió en un arma política, afirman juristas
La medida preventiva debía aplicarse solamente en casos excepcionales, con la finalidad de garantizar la presunción de inocencia garantizada por la Constitución.
Beatriz Layme / La Paz
El Código Procesal Penal (CPP) ya tiene 15 años. Abogados, legisladores y exoperadores de justicia coinciden en que la detención preventiva, conocida también como la "extrema medida”, se convirtió en los últimos años en un arma política y en un medio de "extorsión” judicial para que un acusado por el Gobierno se someta a un juicio abreviado para recuperar la libertad.
La ministra de Justicia, Virginia Velasco, negó el hecho y afirmó que la oposición sólo busca desacreditar al Gobierno y dijo que en la Cumbre de Justicia se analizó el tema de las detenciones preventivas. "Para que no haya más detenidos se planteó trabajos, uso de las manillas y otras opciones”, dijo.
La norma procesal penal, vigente desde marzo de 2001, planteó la aplicación de la detención preventiva en casos excepcionales con la finalidad de garantizar la presunción de inocencia establecida en la Constitución.
Juristas afirman que hasta antes del caso Porvenir (septiembre de 2008) y el caso Terrorismo (abril de 2009) la detención preventiva no podía durar más de 18 meses sin que haya una acusación del fiscal y no más de 24 meses sin una sentencia.
No obstante, cuando los detenidos por el caso Porvenir, como Leopoldo Fernández, exprefecto de Pando, estaban por cumplir 18 meses, el Gobierno modificó el CPP y aumentó el tiempo de detención preventiva a dos años sin acusación fiscal y a tres años sin sentencia.
Sin embargo, el exmagistrado del Tribunal Constitucional Gualberto Cusi emitió una sentencia constitucional por el cual estableció que nadie podía estar detenido más de 36 meses porque "se constituía en una violación a la presunción de inocencia”.
"Varios acusados del caso Terrorismo, Porvenir y por la explosión de un gaseoducto en Villamontes tramitaron la cesación de su detención porque habían sobrepasado el máximo tiempo de la detención preventiva, entonces ahí hubo una nueva modificación”, explicó Gary Prado, abogado de acusados del también denominado Caso Rozsa.
El 30 de octubre de 2014, el vicepresidente Álvaro García Linera, entonces presidente interino, promulgó la Ley 586 de Descongestionamiento y efectivización del sistema procesal penal, por el cual redujo a dos años la detención preventiva sin acusación fiscal y a tres años la detención sin sentencia.
Empero, prohibió que se beneficien con la cesación de la detención preventiva las personas acusadas de delitos contra la seguridad del Estado, corrupción pública, violación, parricidio, feminicidio y otros. Los acusados por estos delitos pueden estar con detención preventiva incluso hasta que concluya el proceso o hasta que el juez dicte sentencia.
Gracias a esta figura legal -explicó Prado- permanecieron hasta ocho años detenidos los acusados del caso
Porvenir, Terrorismo, explosión de un gaseoducto en Villamontes y red de extorsión. El querellante en todos estos casos es el Gobierno.
Por el caso Porvenir aún están detenidos desde hace ocho años Hernán Justiniano, Erwin Ventura y Marcelo Mejido. Leopoldo Fernández se acogió a medidas sustitutivas tras someterse a una operación de riñón.
Por el caso Terrorismo están detenidos preventivamente, por más de siete años en Palmasola, Juan Carlos Guedes, Alcides Mendoza, Zvonko Matcovik y Gelafio Santiesteban, quien el viernes se acogió a un juicio abreviado. Mientras por el caso red de extorsión los acusados estuvieron más de tres años.
Felipe Moza estuvo más de cinco años en la cárcel por la explosión de un gasoducto.
Con menos tiempo, un año y tres meses, están los acusados por el caso del Fondo Indígena Elvira Parra, Marco Aramayo y con menos tiempo los dirigentes Félix Becerra, Damián Condori y otros.
El abogado de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, Jorge Quiroz, afirmó que la detención preventiva "en estos últimos tiempos es muy mal usada, es utilizada como un medio para presionar”.
Su colega Prado indicó que la ampliación de la detención preventiva sirvió al Gobierno para "conseguir testimonios que sustenten sus acusaciones ante la falta de pruebas. Varios cansados de estar encerrados, alejados de su familia aceptaron inculparse, pues la setencia era mínima”.
En el caso Rozsa, tras seis años de estar en la cárcel de San Pedro se sometieron a juicio abreviado los presuntos terroristas Elod Tóásó y Mario Tadic; Ignacio Villa Vargas, el testigo clave, y el viernes Gelafio Santiesteban.
Todos los acusados del caso red de extorsión se sometieron a un juicio abreviado.
El exvocal del Tribunal Departamental de Justicia Fernando Ganam dijo que el sistema judicial "se ha vuelto inquisitivo, provocando que las cárceles estén llenas por la detención preventiva”.
El diputado del MNR Miguel Ojopi indicó que los acusados son en su mayoría opositores y disidentes del MAS, que afrontan procesos por delitos de corrupción, daño al Estado y otros similares con el fin de que se queden en prisión.
"Los acusan, los mandan a la cárcel sin previa investigación. A los ciudadanos mientras no se les compruebe el delito son inocentes y eso tiene que saber reconocer el Gobierno, pero vemos que acá pretender escarmentar, someterlo”, manifestó el diputado Ojopi.
Ley internacional
Protección La Convención Americana establece un orden jurídico según el cual "nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrario” y toda persona "tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio”.
Derecho La Declaración Americana dispone que "...todo individuo que haya sido privado de su libertad tiene derecho a […] ser juzgado sin dilación injustificada o, de lo contrario, a ser puesto en libertad” mientras dure el proceso.
"Fiscalía demuestra autoría y juez decide”
El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, aseguró que los fiscales, respaldados en su investigación, demuestran la probabilidad de autoría de los detenidos preventivos, pero que la decisión final la toma el juez cautelar.
"Respecto a la detención preventiva, son situaciones que se demuestran con la probabilidad de autoría, los riesgos procesales que existen, los riegos de fuga, de obstrucción en la investigación y de acuerdo a la valoración es que pide la Fiscalía y la autoridad jurisdiccional es la que determina si existe o no para dar detención preventiva o alguna medida sustitutiva”, indicó.
Agregó que la Fiscalía cumple su trabajo según los plazos procesales que establece la norma. "Se trabaja con plazos, la aprehensión con 24 horas para presentar la imputación, 24 horas para que se lleve la audiencia cautelar, que un juez se excuse va más allá de la responsabilidad del Ministerio Público”. sostuvo.
Puntos de Vista
Elvira Parra
Caso Fondioc detenida 1 año y 3 meses
Fui forzada a abandonar hijos
Estar detenida acá en la cárcel es un gran trauma porque primero abandonas tu familia. Me vi forzada a abandonar a mis tres hijos, en la edad que más me necesitan, porque uno aún es niño y los otros dos jóvenes.
Ellos me dicen que pronto se hará justicia.
Lo lamentable es que la injusticia es aplicada por los jueces y fiscales que no analizan todas las pruebas de descargo que uno presenta. Me acusan de proyectos fantasmas, pero revisando fueron ejecutados.
Marco Aramayo
Caso Fondioc, 1 año y dos meses.
Nos condenaron con muerte civil
En la Cumbre de Justicia deberían acordarse de los detenidos preventivos, estar en la cárcel sin una sentencia es como si a uno ya lo hubieran condenado y queda uno estigmatizado por la sociedad y con una muerte civil, aparte de la violencia psicológica, lo viví en carne propia. Esta justicia está secuestrada por el poder político.
Para muchos es fácil acusar, olvidando que uno tiene familia, hijos y este año esta justicia me quitó el deseo de estar con mi hija que cumplió 15 años.
Cristina choque
Caso Zapata, cuatro meses
Protección a la mujer, un cuento
Los derechos en Bolivia, los avances como la defensa de los derechos de las mujeres que tanto predica este Gobierno no se cumple, es un cuento, porque me alejaron de mis hijas, una de apenas meses.
Estar detenida me afectó bastante porque no estoy con mis hijas apoyándolas, son tan pequeñas que requieren la protección de su madre.
Lo terrible es que hasta la fecha no me pagan sueldos adeudados, pese a que solicité ayuda al Ministerio de Trabajo.
Fernando ganam
Caso consorcio, dos meses
Mi trayectoria quedó en nada
Uno sabe que se es inocente, que todo es un complot urdido, una mentira, causa una indignación terrible.
En casi dos meses de estar detenido me encuentro destrozado. Uno dice me aguanto, pero ¿la familia?
Estando acá perdí 36 años de abogado, más de 16 años de fiscal, seis años de vocal, toda una trayectoria queda en nada, me dieron muerte civil, es un dolor grande. Todo esto en el final de mi carrera, pues este año me tocaba jubilarme.
Guadalupe cárdenas
Sedición, cuatro meses
Gobierno busca acallarnos
Estar acá a mí me fortaleció más, lo que hizo el Gobierno fue una total dictadura, un abuso contra los derechos humanos. Estoy acá por decir al pueblo la verdad. Todo lo que denuncié ahora está saliendo a la luz.
Al meternos a la cárcel, el Gobierno busca acallar, matar nuestra autoestima. Ahora no voy a negar que hay momentos en que uno decae, luego me miro al espejo y digo yo no he cometido un crimen, no he robado en el Fondo Indígena.
Jorge Fabián Guillen
Caso consorcio, dos meses
Tanto esfuerzo queda en nada
Toda una vida de trabajo, estudios, pero ¿de qué sirve? Tengo seis posgrados, títulos para ser docente, tanto esfuerzo queda en nada, en una noche lo borraron todo. Recuperar mi imagen va ser terrible.
Estando en la cárcel nos hostigan, persiguen, acosan legalmente, pareciera que su lógica es: hay que patearlo en el suelo a ese detenido. Nos meten a la cárcel y aquí no puedes defenderte ni dar tu posición, aquí te dejan sin opción a defenderte.
Carlos Jang Hur
Caso Barcazas, 4 años y seis meses
La detención es una tortura
Estar detenido preventivamente fue una tortura, para poder irse de este lugar uno tiene que decir: soy culpable. Si no defiende su inocencia, pues se queda detenido y lo peor de todo es que no hay un tiempo tope para esta detención, por la Ley 004 hay mucha gente que está detenido preventivamente hasta siete años. Supuestamente sigue la investigación o en juicio, pero ¿qué sucede si uno es inocente? pierde años de su vida por una condena anticipada.
Zvonko Matcovik
Caso terrorismo, 6 años y 3 meses
Salir sólo con un juicio abreviado
Es un secuestro judicial que hizo el Tribunal Primero de Sentencia en complicidad con los fiscales para conseguir a la fuerza culpables de un supuesto terrorismo.
En este caso existe gente detenida más tiempo de lo que establece la ley, quebrando a las personas para que éstas al final se sometan a un juicio abreviado. Como dijo el fiscal Sergio Céspedes: ‘Te puedes ir ahora, pero acepta someterte a un juicio abreviado o puedes quedarte otros años más”.
Milton Mendoza
Caso Consorcio, dos meses
Vulnera presunción de inocencia
La detención preventiva es una sanción anticipada vulnerando el sagrado principio de la presunción de inocencia, además hay una instrumentalización de la detención preventiva en casos vinculados a temas políticos.
Con la detención no sólo se pierde la libertad, también se pierde, cuando uno es profesional, el prestigio que uno gana. Se deja a la familia con la que tiene obligaciones que cumplir y se afecta la salud psicológica.
Anularon la presunción de inocencia
Luis Vásquez Villamor
Abogado constitucionalista
El proceso penal concebido desde la perspectiva garantista y republicana con la que fue escrito, concibe a la libertad del procesado como un requisito esencial que garantiza la vigencia plena del derecho de defensa. En otros términos, no existe defensa plena sin libertad del procesado.
Las reformas que se han producido en los últimos años invierten el paradigma y hacen de la detención preventiva la norma y la excepción la libertad del procesado. Esta contra-reforma del Estado absolutista sólo produce una regresión a un pasado obscurantista del proceso penal, y ha incrementado la población penitenciaria a niveles de vergüenza internacional.
Hoy somos campeones internacionales de la detención preventiva con detenidos en penales que sobrepasan el 90% de la población penitenciaria.
La detención preventiva fue modificada para convertirla en una medida de control y castigo político. El Gobierno la usa para amedrentar y castigar. Originalmente fue legislada como una medida excepcional, así lo establece el artículo 7 del Código Procesal Penal original "la aplicación de medidas cautelares será excepcional”.
Actualmente el texto modificado sobre riesgos procesales habla de manera abstracta de "cualquier circunstancia...” para aplicar medidas cautelares. Ambos conceptos son contradictorios y diametralmente opuestos. Uno forma parte del sistema garantista, es su esencia, y el segundo formó parte de los procesos inquisitivos de mediados del siglo pasado.
Otra contra-reforma inquisitiva es la duración de la detención preventiva prácticamente de forma ilimitada, hasta convertirla en una verdadera condena anticipada que contradice el axioma de la presunción de inocencia que proclaman todas las convenciones sobre derechos humanos del mundo civilizado. Finalmente, se convirtió en un instrumento para arrancar confesiones.
El Código Procesal Penal (CPP) ya tiene 15 años. Abogados, legisladores y exoperadores de justicia coinciden en que la detención preventiva, conocida también como la "extrema medida”, se convirtió en los últimos años en un arma política y en un medio de "extorsión” judicial para que un acusado por el Gobierno se someta a un juicio abreviado para recuperar la libertad.
La ministra de Justicia, Virginia Velasco, negó el hecho y afirmó que la oposición sólo busca desacreditar al Gobierno y dijo que en la Cumbre de Justicia se analizó el tema de las detenciones preventivas. "Para que no haya más detenidos se planteó trabajos, uso de las manillas y otras opciones”, dijo.
La norma procesal penal, vigente desde marzo de 2001, planteó la aplicación de la detención preventiva en casos excepcionales con la finalidad de garantizar la presunción de inocencia establecida en la Constitución.
Juristas afirman que hasta antes del caso Porvenir (septiembre de 2008) y el caso Terrorismo (abril de 2009) la detención preventiva no podía durar más de 18 meses sin que haya una acusación del fiscal y no más de 24 meses sin una sentencia.
No obstante, cuando los detenidos por el caso Porvenir, como Leopoldo Fernández, exprefecto de Pando, estaban por cumplir 18 meses, el Gobierno modificó el CPP y aumentó el tiempo de detención preventiva a dos años sin acusación fiscal y a tres años sin sentencia.
Sin embargo, el exmagistrado del Tribunal Constitucional Gualberto Cusi emitió una sentencia constitucional por el cual estableció que nadie podía estar detenido más de 36 meses porque "se constituía en una violación a la presunción de inocencia”.
"Varios acusados del caso Terrorismo, Porvenir y por la explosión de un gaseoducto en Villamontes tramitaron la cesación de su detención porque habían sobrepasado el máximo tiempo de la detención preventiva, entonces ahí hubo una nueva modificación”, explicó Gary Prado, abogado de acusados del también denominado Caso Rozsa.
El 30 de octubre de 2014, el vicepresidente Álvaro García Linera, entonces presidente interino, promulgó la Ley 586 de Descongestionamiento y efectivización del sistema procesal penal, por el cual redujo a dos años la detención preventiva sin acusación fiscal y a tres años la detención sin sentencia.
Empero, prohibió que se beneficien con la cesación de la detención preventiva las personas acusadas de delitos contra la seguridad del Estado, corrupción pública, violación, parricidio, feminicidio y otros. Los acusados por estos delitos pueden estar con detención preventiva incluso hasta que concluya el proceso o hasta que el juez dicte sentencia.
Gracias a esta figura legal -explicó Prado- permanecieron hasta ocho años detenidos los acusados del caso
Porvenir, Terrorismo, explosión de un gaseoducto en Villamontes y red de extorsión. El querellante en todos estos casos es el Gobierno.
Por el caso Porvenir aún están detenidos desde hace ocho años Hernán Justiniano, Erwin Ventura y Marcelo Mejido. Leopoldo Fernández se acogió a medidas sustitutivas tras someterse a una operación de riñón.
Por el caso Terrorismo están detenidos preventivamente, por más de siete años en Palmasola, Juan Carlos Guedes, Alcides Mendoza, Zvonko Matcovik y Gelafio Santiesteban, quien el viernes se acogió a un juicio abreviado. Mientras por el caso red de extorsión los acusados estuvieron más de tres años.
Felipe Moza estuvo más de cinco años en la cárcel por la explosión de un gasoducto.
Con menos tiempo, un año y tres meses, están los acusados por el caso del Fondo Indígena Elvira Parra, Marco Aramayo y con menos tiempo los dirigentes Félix Becerra, Damián Condori y otros.
El abogado de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, Jorge Quiroz, afirmó que la detención preventiva "en estos últimos tiempos es muy mal usada, es utilizada como un medio para presionar”.
Su colega Prado indicó que la ampliación de la detención preventiva sirvió al Gobierno para "conseguir testimonios que sustenten sus acusaciones ante la falta de pruebas. Varios cansados de estar encerrados, alejados de su familia aceptaron inculparse, pues la setencia era mínima”.
En el caso Rozsa, tras seis años de estar en la cárcel de San Pedro se sometieron a juicio abreviado los presuntos terroristas Elod Tóásó y Mario Tadic; Ignacio Villa Vargas, el testigo clave, y el viernes Gelafio Santiesteban.
Todos los acusados del caso red de extorsión se sometieron a un juicio abreviado.
El exvocal del Tribunal Departamental de Justicia Fernando Ganam dijo que el sistema judicial "se ha vuelto inquisitivo, provocando que las cárceles estén llenas por la detención preventiva”.
El diputado del MNR Miguel Ojopi indicó que los acusados son en su mayoría opositores y disidentes del MAS, que afrontan procesos por delitos de corrupción, daño al Estado y otros similares con el fin de que se queden en prisión.
"Los acusan, los mandan a la cárcel sin previa investigación. A los ciudadanos mientras no se les compruebe el delito son inocentes y eso tiene que saber reconocer el Gobierno, pero vemos que acá pretender escarmentar, someterlo”, manifestó el diputado Ojopi.
Ley internacional
Protección La Convención Americana establece un orden jurídico según el cual "nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrario” y toda persona "tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio”.
Derecho La Declaración Americana dispone que "...todo individuo que haya sido privado de su libertad tiene derecho a […] ser juzgado sin dilación injustificada o, de lo contrario, a ser puesto en libertad” mientras dure el proceso.
"Fiscalía demuestra autoría y juez decide”
El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, aseguró que los fiscales, respaldados en su investigación, demuestran la probabilidad de autoría de los detenidos preventivos, pero que la decisión final la toma el juez cautelar.
"Respecto a la detención preventiva, son situaciones que se demuestran con la probabilidad de autoría, los riesgos procesales que existen, los riegos de fuga, de obstrucción en la investigación y de acuerdo a la valoración es que pide la Fiscalía y la autoridad jurisdiccional es la que determina si existe o no para dar detención preventiva o alguna medida sustitutiva”, indicó.
Agregó que la Fiscalía cumple su trabajo según los plazos procesales que establece la norma. "Se trabaja con plazos, la aprehensión con 24 horas para presentar la imputación, 24 horas para que se lleve la audiencia cautelar, que un juez se excuse va más allá de la responsabilidad del Ministerio Público”. sostuvo.
Puntos de Vista
Elvira Parra
Caso Fondioc detenida 1 año y 3 meses
Fui forzada a abandonar hijos
Estar detenida acá en la cárcel es un gran trauma porque primero abandonas tu familia. Me vi forzada a abandonar a mis tres hijos, en la edad que más me necesitan, porque uno aún es niño y los otros dos jóvenes.
Ellos me dicen que pronto se hará justicia.
Lo lamentable es que la injusticia es aplicada por los jueces y fiscales que no analizan todas las pruebas de descargo que uno presenta. Me acusan de proyectos fantasmas, pero revisando fueron ejecutados.
Marco Aramayo
Caso Fondioc, 1 año y dos meses.
Nos condenaron con muerte civil
En la Cumbre de Justicia deberían acordarse de los detenidos preventivos, estar en la cárcel sin una sentencia es como si a uno ya lo hubieran condenado y queda uno estigmatizado por la sociedad y con una muerte civil, aparte de la violencia psicológica, lo viví en carne propia. Esta justicia está secuestrada por el poder político.
Para muchos es fácil acusar, olvidando que uno tiene familia, hijos y este año esta justicia me quitó el deseo de estar con mi hija que cumplió 15 años.
Cristina choque
Caso Zapata, cuatro meses
Protección a la mujer, un cuento
Los derechos en Bolivia, los avances como la defensa de los derechos de las mujeres que tanto predica este Gobierno no se cumple, es un cuento, porque me alejaron de mis hijas, una de apenas meses.
Estar detenida me afectó bastante porque no estoy con mis hijas apoyándolas, son tan pequeñas que requieren la protección de su madre.
Lo terrible es que hasta la fecha no me pagan sueldos adeudados, pese a que solicité ayuda al Ministerio de Trabajo.
Fernando ganam
Caso consorcio, dos meses
Mi trayectoria quedó en nada
Uno sabe que se es inocente, que todo es un complot urdido, una mentira, causa una indignación terrible.
En casi dos meses de estar detenido me encuentro destrozado. Uno dice me aguanto, pero ¿la familia?
Estando acá perdí 36 años de abogado, más de 16 años de fiscal, seis años de vocal, toda una trayectoria queda en nada, me dieron muerte civil, es un dolor grande. Todo esto en el final de mi carrera, pues este año me tocaba jubilarme.
Guadalupe cárdenas
Sedición, cuatro meses
Gobierno busca acallarnos
Estar acá a mí me fortaleció más, lo que hizo el Gobierno fue una total dictadura, un abuso contra los derechos humanos. Estoy acá por decir al pueblo la verdad. Todo lo que denuncié ahora está saliendo a la luz.
Al meternos a la cárcel, el Gobierno busca acallar, matar nuestra autoestima. Ahora no voy a negar que hay momentos en que uno decae, luego me miro al espejo y digo yo no he cometido un crimen, no he robado en el Fondo Indígena.
Jorge Fabián Guillen
Caso consorcio, dos meses
Tanto esfuerzo queda en nada
Toda una vida de trabajo, estudios, pero ¿de qué sirve? Tengo seis posgrados, títulos para ser docente, tanto esfuerzo queda en nada, en una noche lo borraron todo. Recuperar mi imagen va ser terrible.
Estando en la cárcel nos hostigan, persiguen, acosan legalmente, pareciera que su lógica es: hay que patearlo en el suelo a ese detenido. Nos meten a la cárcel y aquí no puedes defenderte ni dar tu posición, aquí te dejan sin opción a defenderte.
Carlos Jang Hur
Caso Barcazas, 4 años y seis meses
La detención es una tortura
Estar detenido preventivamente fue una tortura, para poder irse de este lugar uno tiene que decir: soy culpable. Si no defiende su inocencia, pues se queda detenido y lo peor de todo es que no hay un tiempo tope para esta detención, por la Ley 004 hay mucha gente que está detenido preventivamente hasta siete años. Supuestamente sigue la investigación o en juicio, pero ¿qué sucede si uno es inocente? pierde años de su vida por una condena anticipada.
Zvonko Matcovik
Caso terrorismo, 6 años y 3 meses
Salir sólo con un juicio abreviado
Es un secuestro judicial que hizo el Tribunal Primero de Sentencia en complicidad con los fiscales para conseguir a la fuerza culpables de un supuesto terrorismo.
En este caso existe gente detenida más tiempo de lo que establece la ley, quebrando a las personas para que éstas al final se sometan a un juicio abreviado. Como dijo el fiscal Sergio Céspedes: ‘Te puedes ir ahora, pero acepta someterte a un juicio abreviado o puedes quedarte otros años más”.
Milton Mendoza
Caso Consorcio, dos meses
Vulnera presunción de inocencia
La detención preventiva es una sanción anticipada vulnerando el sagrado principio de la presunción de inocencia, además hay una instrumentalización de la detención preventiva en casos vinculados a temas políticos.
Con la detención no sólo se pierde la libertad, también se pierde, cuando uno es profesional, el prestigio que uno gana. Se deja a la familia con la que tiene obligaciones que cumplir y se afecta la salud psicológica.
Anularon la presunción de inocencia
Luis Vásquez Villamor
Abogado constitucionalista
El proceso penal concebido desde la perspectiva garantista y republicana con la que fue escrito, concibe a la libertad del procesado como un requisito esencial que garantiza la vigencia plena del derecho de defensa. En otros términos, no existe defensa plena sin libertad del procesado.
Las reformas que se han producido en los últimos años invierten el paradigma y hacen de la detención preventiva la norma y la excepción la libertad del procesado. Esta contra-reforma del Estado absolutista sólo produce una regresión a un pasado obscurantista del proceso penal, y ha incrementado la población penitenciaria a niveles de vergüenza internacional.
Hoy somos campeones internacionales de la detención preventiva con detenidos en penales que sobrepasan el 90% de la población penitenciaria.
La detención preventiva fue modificada para convertirla en una medida de control y castigo político. El Gobierno la usa para amedrentar y castigar. Originalmente fue legislada como una medida excepcional, así lo establece el artículo 7 del Código Procesal Penal original "la aplicación de medidas cautelares será excepcional”.
Actualmente el texto modificado sobre riesgos procesales habla de manera abstracta de "cualquier circunstancia...” para aplicar medidas cautelares. Ambos conceptos son contradictorios y diametralmente opuestos. Uno forma parte del sistema garantista, es su esencia, y el segundo formó parte de los procesos inquisitivos de mediados del siglo pasado.
Otra contra-reforma inquisitiva es la duración de la detención preventiva prácticamente de forma ilimitada, hasta convertirla en una verdadera condena anticipada que contradice el axioma de la presunción de inocencia que proclaman todas las convenciones sobre derechos humanos del mundo civilizado. Finalmente, se convirtió en un instrumento para arrancar confesiones.
