La confesión del empresario Marcelo Odebrecht provoca un terremoto político en Brasil
La clase política espera con aprensión los estragos que pueda provocar la confesión del heredero de la empresa sobre la que gira en escándalo de corrupción que sacude Brasil
Rodolfo Borges
São Paulo, El País
La denuncia de todas las denuncias en el caso Petrobras se acerca lentamente, de forma amenazadora, a Brasilia. Se trata de una "colaboración definitiva" con la Justicia anunciada por la mayor constructora de Brasil, implicada en la trama de corrupción, en marzo. Sus consecuencias son imprevisibles.
Todos los ojos están puestos en el heredero de la empresa, Marcelo Odebrecht. El ejecutivo, encarcelado desde el 19 de junio del año pasado, fue condenado a 19 años y 4 meses por corrupción, blanqueo de dinero y formación de organización criminal. Ahora, cuando está a punto de revelar todo lo que sabe a cambio de una rebaja de la condena, la clase política espera con aprensión el estrago que puede causar en todas las siglas: el Partido de los Trabajadores (PT), el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), el Partido Progresista (PP) y el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB).
Un reportaje de la revista brasileña Istoé, publicado este fin de semana, asegura incluso que la confesión de Odebrecht puede afectar a Dilma Rousseff, ahora apartada de la presidencia y que sale, por el momento, prácticamente ilesa de las investigaciones. Según la publicación, Odebrecht ha confesado que Rousseff le pidió 12 millones de reales (unos 3,4 millones de dólares) para su campaña electoral de 2014 durante una reunión privada. El dinero fue destinado, según Istoé, al jefe de campaña del PT, João Santana, y al PMDB, el partido del presidente interino Temer.
El juez Sérgio Moro pretende cerrar el caso Petrobras, destapado en marzo de 2014, en diciembre de este año, por lo que la confesión de Marcelo Odebrecht puede ser el cierre apoteósico de la operación.
Las noticias sobre el acuerdo entre el ejecutivo y la Justicia que es secreto y cuya existencia no ha sido confirmada oficialmente por la Fiscalía, informan de que el expresidente de la empresa, Emílio Odebrecht, padre de Marcelo, también puede ser llamado a declarar. Están en cuestión principalmente las contribuciones de la empresa para campañas políticas a presidente y gobernador. Según un comunicado divulgado por la empresa en marzo, la intención es tratar sobre “un sistema ilegal e ilegítimo de financiación del sistema partidario-electoral del país”. Un día después de que la empresa informara sobre sus intenciones de cerrar un acuerdo judicial, se filtró a la prensa una lista con nombres de casi 300 políticos de 22 partidos relacionados con la constructora. En las elecciones de 2015, 15 partidos recibieron donaciones de la empresa.
Tras la filtración, el juez Moro decretó el secreto del documento, que no dejaba claro si la relación de los políticos con Odebrecht era ilícita. Sin embargo, la cantidad de nombres mencionados quedó como muestra de la amplitud de las relaciones políticas de la constructora, que actúa fuera de Brasil desde los años 70. Durante los años en que el PT ha estado en el poder, la compañía (que actúa en el sector público desde los tiempos de la dictadura) ha expandido sus actividades hacia países africanos y latinoamericanos.
"Dueño de Brasil"
No es por casualidad que Sérgio Machado, el expresidente de Transpetro (subsidiaria de Petrobras), que también llegó a un acuerdo para confesar a cambio de una reducción de pena, se refiere a Marcelo Odebrecht en una de las grabaciones filtradas estos días como “el dueño de Brasil”. La estrecha relación de Odebrecht y su padre con el poder nunca ha sido un secreto para nadie.
En las grabaciones de Machado (que ya han derribado a dos ministros del Gobierno interino de Michel Temer) también el expresidente de la República, José Sarney, menciona a la presidenta Dilma Rousseff con relación a una posible irregularidad con la constructora. “Los de Odebrecht (...) lo van a contar todo. Van a salvar a Lula y se van a cargar a Dilma. Porque quien trató directamente sobre el pago de João Santana [el publicista que ideó las campañas electorales de Lula y Rousseff] fue ella”. Según Sarney, la delación de Odebrecht sería una devastadora “ametralladora del calibre 100" para el mundo político.
“Esperamos que las aclaraciones de la colaboración ayuden significativamente a la justicia brasileña y a construir un Brasil mejor”, dijo la empresa Odebrecht en marzo, cuando anunció que pretendía colaborar con la justicia. Una vez se homologue la confesión de su ejecutivo, la empresa podrá llegar a un acuerdo para ablandar las sanciones. Eso puede darle un respiro y permitirle volver a participar en licitaciones públicas y obtener créditos en los bancos. Actualmente, la empresa intenta deshacerse de activos multimillonarios en Brasil y en el exterior para pagar las deudas que se acumulan mientras su presidente está en prisión y los empleados están siendo despedidos.
Según el periódico Valor Econômico, el grupo acumula una deuda de casi 100.000 millones de reales, que puede llevar a la empresa a pedir suspensión de pagos. Solo la división de agricultura tiene deudas de 13.000 millones de reales (casi 3.700 millones de dólares). La compañía tiene negocios en el área petroquímica, logística, de infraestructura, entre otras. Un acuerdo podría ayudarla, pero también podría significar el ocaso de la élite política en la que la constructora basó su éxito en la última década.
São Paulo, El País
La denuncia de todas las denuncias en el caso Petrobras se acerca lentamente, de forma amenazadora, a Brasilia. Se trata de una "colaboración definitiva" con la Justicia anunciada por la mayor constructora de Brasil, implicada en la trama de corrupción, en marzo. Sus consecuencias son imprevisibles.
Todos los ojos están puestos en el heredero de la empresa, Marcelo Odebrecht. El ejecutivo, encarcelado desde el 19 de junio del año pasado, fue condenado a 19 años y 4 meses por corrupción, blanqueo de dinero y formación de organización criminal. Ahora, cuando está a punto de revelar todo lo que sabe a cambio de una rebaja de la condena, la clase política espera con aprensión el estrago que puede causar en todas las siglas: el Partido de los Trabajadores (PT), el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), el Partido Progresista (PP) y el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB).
Un reportaje de la revista brasileña Istoé, publicado este fin de semana, asegura incluso que la confesión de Odebrecht puede afectar a Dilma Rousseff, ahora apartada de la presidencia y que sale, por el momento, prácticamente ilesa de las investigaciones. Según la publicación, Odebrecht ha confesado que Rousseff le pidió 12 millones de reales (unos 3,4 millones de dólares) para su campaña electoral de 2014 durante una reunión privada. El dinero fue destinado, según Istoé, al jefe de campaña del PT, João Santana, y al PMDB, el partido del presidente interino Temer.
El juez Sérgio Moro pretende cerrar el caso Petrobras, destapado en marzo de 2014, en diciembre de este año, por lo que la confesión de Marcelo Odebrecht puede ser el cierre apoteósico de la operación.
Las noticias sobre el acuerdo entre el ejecutivo y la Justicia que es secreto y cuya existencia no ha sido confirmada oficialmente por la Fiscalía, informan de que el expresidente de la empresa, Emílio Odebrecht, padre de Marcelo, también puede ser llamado a declarar. Están en cuestión principalmente las contribuciones de la empresa para campañas políticas a presidente y gobernador. Según un comunicado divulgado por la empresa en marzo, la intención es tratar sobre “un sistema ilegal e ilegítimo de financiación del sistema partidario-electoral del país”. Un día después de que la empresa informara sobre sus intenciones de cerrar un acuerdo judicial, se filtró a la prensa una lista con nombres de casi 300 políticos de 22 partidos relacionados con la constructora. En las elecciones de 2015, 15 partidos recibieron donaciones de la empresa.
Tras la filtración, el juez Moro decretó el secreto del documento, que no dejaba claro si la relación de los políticos con Odebrecht era ilícita. Sin embargo, la cantidad de nombres mencionados quedó como muestra de la amplitud de las relaciones políticas de la constructora, que actúa fuera de Brasil desde los años 70. Durante los años en que el PT ha estado en el poder, la compañía (que actúa en el sector público desde los tiempos de la dictadura) ha expandido sus actividades hacia países africanos y latinoamericanos.
"Dueño de Brasil"
No es por casualidad que Sérgio Machado, el expresidente de Transpetro (subsidiaria de Petrobras), que también llegó a un acuerdo para confesar a cambio de una reducción de pena, se refiere a Marcelo Odebrecht en una de las grabaciones filtradas estos días como “el dueño de Brasil”. La estrecha relación de Odebrecht y su padre con el poder nunca ha sido un secreto para nadie.
En las grabaciones de Machado (que ya han derribado a dos ministros del Gobierno interino de Michel Temer) también el expresidente de la República, José Sarney, menciona a la presidenta Dilma Rousseff con relación a una posible irregularidad con la constructora. “Los de Odebrecht (...) lo van a contar todo. Van a salvar a Lula y se van a cargar a Dilma. Porque quien trató directamente sobre el pago de João Santana [el publicista que ideó las campañas electorales de Lula y Rousseff] fue ella”. Según Sarney, la delación de Odebrecht sería una devastadora “ametralladora del calibre 100" para el mundo político.
“Esperamos que las aclaraciones de la colaboración ayuden significativamente a la justicia brasileña y a construir un Brasil mejor”, dijo la empresa Odebrecht en marzo, cuando anunció que pretendía colaborar con la justicia. Una vez se homologue la confesión de su ejecutivo, la empresa podrá llegar a un acuerdo para ablandar las sanciones. Eso puede darle un respiro y permitirle volver a participar en licitaciones públicas y obtener créditos en los bancos. Actualmente, la empresa intenta deshacerse de activos multimillonarios en Brasil y en el exterior para pagar las deudas que se acumulan mientras su presidente está en prisión y los empleados están siendo despedidos.
Según el periódico Valor Econômico, el grupo acumula una deuda de casi 100.000 millones de reales, que puede llevar a la empresa a pedir suspensión de pagos. Solo la división de agricultura tiene deudas de 13.000 millones de reales (casi 3.700 millones de dólares). La compañía tiene negocios en el área petroquímica, logística, de infraestructura, entre otras. Un acuerdo podría ayudarla, pero también podría significar el ocaso de la élite política en la que la constructora basó su éxito en la última década.
