Informe defensorial concluye que jueces vulneraron los derechos de Eduardo León
La Defensoría en su informe señala que los jueces de instrucción penal no podían haber dispuesto cuartos intermedios que “carecen de fundamento legal procesal penal”.
Página Siete Digital / La Paz
La Defensoría del Pueblo concluyó que hubo vulneración al debido proceso en el caso de trata y tráfico de personas que enfrenta el abogado Eduardo León, ya que fue detenido por más tiempo del establecido en la norma vigente. Por esa razón, la Defensoría especificó que los jueces que atendieron el caso incurrieron en violación a la ley.
La Defensoría en su informe señala que los jueces de instrucción penal no podían haber dispuesto cuartos intermedios que "carecen de fundamento legal procesal penal”, por lo que este accionar provocó que León guarde detención por siete días "en clara contravención al plazo de 24 horas que tiene un juez de instrucción en Materia Penal para establecer la situación jurídica procesal de un imputado, máxime si éste tiene la calidad de aprehendido”.
Observó también que no se haya dispuesto la libertad de Eduardo León a la conclusión de la audiencia cautelar y la aplicación de la detención domiciliaria que había dispuesto la jueza de Instrucción Penal Cautelar de El Alto, Milenka Gutiérrez.
"Correspondía se disponga la libertad del imputado y el cumplimiento de las medidas sustitutivas en un tiempo prudente”, señala el informe.
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De acuerdo con la defensa de León, no se cumplió con la detención domiciliaria debido a que no se había designado al custodio policial para el caso, pese a que se había pagado la fianza de 80 mil bolivianos.
"Se había cumplido con las exigencias del arraigo y la fianza económica y no era responsabilidad del aprehendido que el Estado no disponga de un custodio”, señala el informe defensorial.
Frente a esta vulneración de derechos, la Defensoría recomendó al Consejo de la Magistratura asumir acciones contra los jueces que no definieron la situación procesal para León en el plazo previsto; además recomendó al Tribunal Departamental de Justicia de La Paz hacer recuerdo a los jueces que las medidas cautelares deben ser definidas dentro del plazo previsto por norma (24 horas) y, por último, recordó a la Fiscalía General y al Tribunal Supremo de Justicia el deber de colaborar con la Defensoría del Pueblo.
La Defensoría del Pueblo concluyó que hubo vulneración al debido proceso en el caso de trata y tráfico de personas que enfrenta el abogado Eduardo León, ya que fue detenido por más tiempo del establecido en la norma vigente. Por esa razón, la Defensoría especificó que los jueces que atendieron el caso incurrieron en violación a la ley.
La Defensoría en su informe señala que los jueces de instrucción penal no podían haber dispuesto cuartos intermedios que "carecen de fundamento legal procesal penal”, por lo que este accionar provocó que León guarde detención por siete días "en clara contravención al plazo de 24 horas que tiene un juez de instrucción en Materia Penal para establecer la situación jurídica procesal de un imputado, máxime si éste tiene la calidad de aprehendido”.
Observó también que no se haya dispuesto la libertad de Eduardo León a la conclusión de la audiencia cautelar y la aplicación de la detención domiciliaria que había dispuesto la jueza de Instrucción Penal Cautelar de El Alto, Milenka Gutiérrez.
"Correspondía se disponga la libertad del imputado y el cumplimiento de las medidas sustitutivas en un tiempo prudente”, señala el informe.
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De acuerdo con la defensa de León, no se cumplió con la detención domiciliaria debido a que no se había designado al custodio policial para el caso, pese a que se había pagado la fianza de 80 mil bolivianos.
"Se había cumplido con las exigencias del arraigo y la fianza económica y no era responsabilidad del aprehendido que el Estado no disponga de un custodio”, señala el informe defensorial.
Frente a esta vulneración de derechos, la Defensoría recomendó al Consejo de la Magistratura asumir acciones contra los jueces que no definieron la situación procesal para León en el plazo previsto; además recomendó al Tribunal Departamental de Justicia de La Paz hacer recuerdo a los jueces que las medidas cautelares deben ser definidas dentro del plazo previsto por norma (24 horas) y, por último, recordó a la Fiscalía General y al Tribunal Supremo de Justicia el deber de colaborar con la Defensoría del Pueblo.
