Amnistía Internacional: “Las políticas obstinadas de Nicolás Maduro están afectando seriamente millones de vidas”
La prestigiosa ONG viajó a Venezuela para constatar la situación en el país. “Su empeño en no pder ayuda pone en resgo al pueblo”, denunció en un comunicado
Infobae
La delegación de Amnistía Internacional habló con autoridades públicas, organizaciones de la sociedad civil, personas defensoras de derechos humanos, abogados y sobrevivientes de violaciones de derechos humanos en Caracas, Guarenas y en el estado Táchira, en la frontera con Colombia. Muchas personas hablaron de la falta crónica de productos alimenticios esenciales y medicamentos, mientras el país enfrenta una de las peores crisis económicas en décadas.
"Las políticas obstinadas están afectando seriamente millones de vidas. La combinación letal del severo desabastecimiento de comida y medicinas, junto con los altísimos niveles de criminalidad, persistentes violaciones de derechos humanos y políticas que se enfocan en asegurar que las personas no se quejen en vez de responder a sus pedidos desesperados de ayuda, es la receta perfecta para una catástrofe épica", afirmó Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
"Se ha acabado el tiempo para la política mezquina. El gobierno del presidente Maduro, la oposición, empresarios, gremios y la comunidad internacional deben participar de manera urgente en un diálogo para identificar e implementar mecanismos innovadores, eficaces y no discriminatorios para llevar ayuda vital a los millones de personas que la necesitan. Todos los actores políticos deben dejar sus propios intereses en la puerta de entrada y pensar en las personas que deben ayudar.
"Si aquellos en el poder no dan un giro completo en la forma en la que están abordando esta dramática crisis, la que ya es una situación extremadamente seria se va a convertir en una pesadilla inimaginable".
Desabastecimiento de alimentos
Amnistía Internacional constató también que la escasez de alimentos y otros productos básicos ha aumentado en todo el país en los últimos meses. En un intento por mitigar la alta tasa de inflación, el Gobierno mantiene un sistema de precios "regulados" para un número de productos básicos, incluyendo harina, arroz, pasta, aceite y papel higiénico, entre otros. Estos productos son vendidos a precios considerablemente más bajos en negocios privados y supermercados estatales. A la gente se le permite comprar una vez por semana, de acuerdo con su número de identificación nacional.
Sin embargo, decenas de personas que hablaron con Amnistía Internacional dijeron que los productos a precios regulados muchas veces no están disponibles, lo que los fuerza a buscarlos en el mercado negro, a precios prohibitivos.
El sueldo local promedio es de aproximadamente entre 30 y 60 dólares por mes (dependiendo en la tasa de cambio que se utilice). Un kilo de harina se vende en el mercado no regulado en aproximadamente USD 2, un litro de leche casi USD 2 y un kilo de pasta unos USD 3,50. El azúcar y los productos de higiene son muy difíciles de conseguir.
Cientos de personas son forzadas a hacer filas frente a los supermercados desde la madrugada para asegurarse de poder acceder a los productos, aunque nunca saben qué estará disponible.
Cientos de personas son forzadas a hacer filas frente a los supermercados desde la madrugada para asegurarse de poder acceder a los productos
Esperanza, una abuela de 59 años de la ciudad de Guarenas, a 30 minutos de Caracas, dijo a Amnistía Internacional que había estado haciendo fila por cinco horas y que todavía no había logrado comprar nada. "Hace un día y medio que no como nada. Si no puedo comprar algo hoy, voy a ir a la cama sin cenar, otra vez. Voy a tener que hacer que mis nietos duerman temprano así no me piden comida".
Varias personas le dijeron a Amnistía Internacional que habían disminuido drásticamente la cantidad de comida que consumen y que su principal fuente de nutrición eran las arepas (tortillas de harina de maíz).
Doctores en hospitales públicos en Guarenas y San Cristóbal comentaron a Amnistía Internacional que han visto un aumento de casos de desnutrición, pérdida de peso y estrés agudo causado por la falta de alimentos.
Una maestra de jardín de infantes dijo que hay niños que son enviados a la escuela sin nada más que un mango, lo que está afectando seriamente su capacidad de aprender.
El hambre y la desesperación también están poniendo a muchas personas en peligro en un país conocido por sus altos índices de violencia policial. Jenny Ortiz, una madre soltera de 42 años, fue asesinada por perdigones el 5 de junio cuando un policía le disparó a corta distancia durante un operativo policial para controlar a un grupo de personas concentradas cerca de galpones de depósito de productos alimenticios en San Cristóbal, Táchira. La hija de Jenny le dijo a Amnistía Internacional que cuando su mamá escuchó los disparos desde su casa cerca del lugar de los hechos, corrió para buscar a su hijo de 16 años, quien se encontraba fuera.
"No hay ninguna excusa para que la gente pase hambre en Venezuela. Si la falta de alimentos es causada por incompetencia de funcionarios o por individuos inescrupulosos, es tiempo de cambiar las recetas que no están funcionando" dijo Erika Guevara-Rosas.
Desabastecimiento de medicamentos
La crisis económica, la deuda externa y las altas tasas de inflación significan que Venezuela no puede importar medicamentos, la materia prima para fabricarlos ni insumos hospitalarios básicos sin apoyo de las escasas divisas del Estado. Un número de profesionales de la salud que hablaron con Amnistía Internacional dijeron que la falta de medicamentos está teniendo un efecto devastador sobre su habilidad de tratar a pacientes y salvar vidas.
Doctoras en un hospital de Guarenas dijeron que usualmente les falta solución fisiológica, antibióticos y medicamentos para tratar a pacientes con epilepsia. Drogas para tratar enfermedades potencialmente letales como el cáncer y el VIH son casi imposibles de conseguir.
Mal uso del Sistema de Justicia
Venezuela es una las naciones más violentas del mundo, el promedio de homicidios es de 58 por 100.000 habitantes, de acuerdo con cifras oficiales. Grupos locales, incluyendo el Observatorio Venezolano de Violencia, dicen que el número es mucho más alto, 91 por 100.000. La proliferación de armas ilícitas sólo hace que el problema sea peor.
En este contexto, el sistema judicial de Venezuela ha sido culpado por ser incapaz de abordar el tema del crimen y enfocar sus recursos en criminalizar a aquellos que se atreven a levantar la voz contra las políticas del Gobierno.
El sistema judicial ha sido muy cuestionado por su falta de independencia e imparcialidad. Los jueces, por ejemplo, no tienen puestos permanentes y pueden ser removidos en cualquier momento por las autoridades, lo que socava la función fundamental que deben desempeñar.
Las protestas antigubernamentales a lo largo del país en 2014 terminaron en enfrentamientos violentos con las fuerzas del orden público y dejaron un saldo de 43 personas muertas, cientos de heridos y decenas de personas encarceladas. Hasta el momento sólo se han abierto dos investigaciones penales.
Venezuela no tiene un sistema institucionalizado para proteger efectivamente a defensores de derechos humanos, incluyendo periodistas, abogados y jueces que reciben amenazas o cuya vida corre peligro por el trabajo que realizan.
"El gobierno del presidente Maduro y la Asamblea Nacional deben entablar un diálogo inmediatamente para buscar formas efectivas de abordar las necesidades urgentes de todas las personas en Venezuela, incluyendo acordar un sistema para solicitar cooperación internacional. El diálogo debe tener como base la plena protección y respeto de los derechos humanos de todas las personas sin discriminación", dijo Erika Guevara-Rosas.
La delegación de Amnistía Internacional habló con autoridades públicas, organizaciones de la sociedad civil, personas defensoras de derechos humanos, abogados y sobrevivientes de violaciones de derechos humanos en Caracas, Guarenas y en el estado Táchira, en la frontera con Colombia. Muchas personas hablaron de la falta crónica de productos alimenticios esenciales y medicamentos, mientras el país enfrenta una de las peores crisis económicas en décadas.
"Las políticas obstinadas están afectando seriamente millones de vidas. La combinación letal del severo desabastecimiento de comida y medicinas, junto con los altísimos niveles de criminalidad, persistentes violaciones de derechos humanos y políticas que se enfocan en asegurar que las personas no se quejen en vez de responder a sus pedidos desesperados de ayuda, es la receta perfecta para una catástrofe épica", afirmó Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
"Se ha acabado el tiempo para la política mezquina. El gobierno del presidente Maduro, la oposición, empresarios, gremios y la comunidad internacional deben participar de manera urgente en un diálogo para identificar e implementar mecanismos innovadores, eficaces y no discriminatorios para llevar ayuda vital a los millones de personas que la necesitan. Todos los actores políticos deben dejar sus propios intereses en la puerta de entrada y pensar en las personas que deben ayudar.
"Si aquellos en el poder no dan un giro completo en la forma en la que están abordando esta dramática crisis, la que ya es una situación extremadamente seria se va a convertir en una pesadilla inimaginable".
Desabastecimiento de alimentos
Amnistía Internacional constató también que la escasez de alimentos y otros productos básicos ha aumentado en todo el país en los últimos meses. En un intento por mitigar la alta tasa de inflación, el Gobierno mantiene un sistema de precios "regulados" para un número de productos básicos, incluyendo harina, arroz, pasta, aceite y papel higiénico, entre otros. Estos productos son vendidos a precios considerablemente más bajos en negocios privados y supermercados estatales. A la gente se le permite comprar una vez por semana, de acuerdo con su número de identificación nacional.
Sin embargo, decenas de personas que hablaron con Amnistía Internacional dijeron que los productos a precios regulados muchas veces no están disponibles, lo que los fuerza a buscarlos en el mercado negro, a precios prohibitivos.
El sueldo local promedio es de aproximadamente entre 30 y 60 dólares por mes (dependiendo en la tasa de cambio que se utilice). Un kilo de harina se vende en el mercado no regulado en aproximadamente USD 2, un litro de leche casi USD 2 y un kilo de pasta unos USD 3,50. El azúcar y los productos de higiene son muy difíciles de conseguir.
Cientos de personas son forzadas a hacer filas frente a los supermercados desde la madrugada para asegurarse de poder acceder a los productos, aunque nunca saben qué estará disponible.
Cientos de personas son forzadas a hacer filas frente a los supermercados desde la madrugada para asegurarse de poder acceder a los productos
Esperanza, una abuela de 59 años de la ciudad de Guarenas, a 30 minutos de Caracas, dijo a Amnistía Internacional que había estado haciendo fila por cinco horas y que todavía no había logrado comprar nada. "Hace un día y medio que no como nada. Si no puedo comprar algo hoy, voy a ir a la cama sin cenar, otra vez. Voy a tener que hacer que mis nietos duerman temprano así no me piden comida".
Varias personas le dijeron a Amnistía Internacional que habían disminuido drásticamente la cantidad de comida que consumen y que su principal fuente de nutrición eran las arepas (tortillas de harina de maíz).
Doctores en hospitales públicos en Guarenas y San Cristóbal comentaron a Amnistía Internacional que han visto un aumento de casos de desnutrición, pérdida de peso y estrés agudo causado por la falta de alimentos.
Una maestra de jardín de infantes dijo que hay niños que son enviados a la escuela sin nada más que un mango, lo que está afectando seriamente su capacidad de aprender.
El hambre y la desesperación también están poniendo a muchas personas en peligro en un país conocido por sus altos índices de violencia policial. Jenny Ortiz, una madre soltera de 42 años, fue asesinada por perdigones el 5 de junio cuando un policía le disparó a corta distancia durante un operativo policial para controlar a un grupo de personas concentradas cerca de galpones de depósito de productos alimenticios en San Cristóbal, Táchira. La hija de Jenny le dijo a Amnistía Internacional que cuando su mamá escuchó los disparos desde su casa cerca del lugar de los hechos, corrió para buscar a su hijo de 16 años, quien se encontraba fuera.
"No hay ninguna excusa para que la gente pase hambre en Venezuela. Si la falta de alimentos es causada por incompetencia de funcionarios o por individuos inescrupulosos, es tiempo de cambiar las recetas que no están funcionando" dijo Erika Guevara-Rosas.
Desabastecimiento de medicamentos
La crisis económica, la deuda externa y las altas tasas de inflación significan que Venezuela no puede importar medicamentos, la materia prima para fabricarlos ni insumos hospitalarios básicos sin apoyo de las escasas divisas del Estado. Un número de profesionales de la salud que hablaron con Amnistía Internacional dijeron que la falta de medicamentos está teniendo un efecto devastador sobre su habilidad de tratar a pacientes y salvar vidas.
Doctoras en un hospital de Guarenas dijeron que usualmente les falta solución fisiológica, antibióticos y medicamentos para tratar a pacientes con epilepsia. Drogas para tratar enfermedades potencialmente letales como el cáncer y el VIH son casi imposibles de conseguir.
Mal uso del Sistema de Justicia
Venezuela es una las naciones más violentas del mundo, el promedio de homicidios es de 58 por 100.000 habitantes, de acuerdo con cifras oficiales. Grupos locales, incluyendo el Observatorio Venezolano de Violencia, dicen que el número es mucho más alto, 91 por 100.000. La proliferación de armas ilícitas sólo hace que el problema sea peor.
En este contexto, el sistema judicial de Venezuela ha sido culpado por ser incapaz de abordar el tema del crimen y enfocar sus recursos en criminalizar a aquellos que se atreven a levantar la voz contra las políticas del Gobierno.
El sistema judicial ha sido muy cuestionado por su falta de independencia e imparcialidad. Los jueces, por ejemplo, no tienen puestos permanentes y pueden ser removidos en cualquier momento por las autoridades, lo que socava la función fundamental que deben desempeñar.
Las protestas antigubernamentales a lo largo del país en 2014 terminaron en enfrentamientos violentos con las fuerzas del orden público y dejaron un saldo de 43 personas muertas, cientos de heridos y decenas de personas encarceladas. Hasta el momento sólo se han abierto dos investigaciones penales.
Venezuela no tiene un sistema institucionalizado para proteger efectivamente a defensores de derechos humanos, incluyendo periodistas, abogados y jueces que reciben amenazas o cuya vida corre peligro por el trabajo que realizan.
"El gobierno del presidente Maduro y la Asamblea Nacional deben entablar un diálogo inmediatamente para buscar formas efectivas de abordar las necesidades urgentes de todas las personas en Venezuela, incluyendo acordar un sistema para solicitar cooperación internacional. El diálogo debe tener como base la plena protección y respeto de los derechos humanos de todas las personas sin discriminación", dijo Erika Guevara-Rosas.
