Un juez procesa por primera vez a Cristina Fernández de Kirchner
Claudio Bonadio la acusa de perjudicar al Estado y dicta un embargo de un millón de dólares
Mar Centenera
Buenos Aires, El País
Pocos meses después de perder el poder, los tribunales se han convertido en la peor pesadilla para los Kirchner. El juez federal argentino Claudio Bonadío ha decidido procesar por primera vez en su vida a Cristina Fernández de Kirchner, pero no por un asunto de corrupción sino por haber perjudicado al Estado en una operación de venta de dólares poco antes de que terminara su mandato. Bonadío, que ya obligó a declarar a Fernández de Kirchner mientras miles de personas la vitoreaban a la puerta de los juzgados, dicta un embargo de un millón de dólares. Aún así, según fuentes judiciales, es prácticamente imposible que vaya a la cárcel al menos por este asunto.
Buena parte de la política argentina y de los comentarios en los despachos del poder giran alrededor de una pregunta: ¿irá a prisión Fernández de Kirchner? Aún debilitada, derrotada en las últimas elecciones y en minoría dentro de su movimiento, el peronismo, la expresidenta sigue siendo un enemigo político temible. Tal vez no pueda ganar elecciones, pero sabe cómo movilizar a la calle y a sus miles de fieles y su reaparición, precisamente en un multitudinario mitin después de declarar ante Bonadío, mostró esa fortaleza.
Desde ese día, no por casualidad, el peronismo ha endurecido su posición y los sindicatos peronistas se han movilizado contra el Gobierno. Muchos de los votantes de Mauricio Macri quieren ver a Fernández de Kirchner presa y lo piden en las redes sociales y en los programas de radio cada día. Pero al Gobierno le preocupa que pueda convertirse en mártir.
En este caso, todas las fuentes coinciden en que Bonadío, que fue peronista, va por libre, no obedece al Gobierno y se ha convertido en el más duro enemigo judicial de los Kirchner, aunque no el único. La familia afronta varios procesos y algunos fiscales ya piden que la imputen a ella por cohecho.
Otros jueces esperan pero Bonadío marca el camino: dictó un auto de procesamiento y embargo durísimo. Mientras, otros magistrado ha encarcelado a un personaje clave del entorno empresarial kirchnerista como Lázaro Báez. El primogénito de los Kirchner, Máximo, ahora diputado, denuncia una “persecución” contra su familia. Mientras tuvieron el poder los casos parecían dormidos, ahora todos se han despertado a la vez.
La acusación contra Kirchner, que ha tratado de convertir este proceso en una persecución política similar a la que sufrió Juan Domingo Perón, 18 años exiliado en la España de Franco, se basa en una decisión muy polémica de los últimos meses de su mandato. El magistrado la procesó por "administración infiel en perjuicio de la administración pública" y ordenó un embargo sobre sus bienes por 15 millones de pesos (poco más de un millón de dólares). Fernández está acusada de haber perjudicado de forma deliberada al Estado al vender dólares a un precio inferior al de mercado con la intención de mantener artificialmente bajo el dólar para beneficiar la campaña del peronista Daniel Scioli, su candidato.
Según los denunciantes, el senador macrista Federico Pinedo y el diputado radical Mario Negri, el Banco Central vendió a los inversores el llamado "dólar futuro" a 10 pesos cuando los economistas anticipaban que ganara quien ganara después de las elecciones iba a devaluar. Los compradores de los "dólares futuro" cobraron en marzo, cuando vencieron los titulos, un 50 % más de lo que invirtieron. A juicio de los denunciantes, la maniobra causó un fuerte perjuicio al Estado, que tuvo que hacer frente a los pagos. La polémica crece y da vueltas porque algunos de los compradores de esos dólares baratos son las familias más ricas de Argentina, y entre ellas hay algunos miembros del Gobierno de Macri, que se beneficiaron así de la maniobra.
Según la resolución del juez, publicada por el Centro de Información Judicial, "es impensable que una operación financiera de esta magnitud, en la cual en menos de 45 días hábiles se abrieron posiciones del Banco Central de U$s 5.000 millones a U$S 17.000 millones, que tendría claros efectos económicos y políticos en un futuro inmediato, sea desarrollada sin la aprobación expresa del más alto nivel de decisión económico y político del Poder Ejecutivo Nacional". En el mismo proceso también quedaron procesados el exministro de Economía, Axel Kicillof, y el extitular del Banco Central (BCRA), Alejandro Vanoli, y los abogados de la expresidenta tratan de demostrar que ella no tomó esa decisión.
"Resultó evidente que la entonces Presidente de la Nación impartió instrucciones –que sin duda fueron elaboradas conjuntamente- a su ministro de Economía para que esta operación financiera se lleve a cabo, procediendo éste a su vez a impartir directivas a los funcionarios del Central, y por supuesto, a los directores de la Comisión Nacional de Valores, todos los cuales –es preciso resaltarlo- eran totalmente intercambiables en caso de disidencia con la orden, o en el caso de ser remisos al acatamiento", agregó el magistrado.
Bonadio dispuso que las partes comparezcan ante su juzgado a los tres días de ser notificados del procesamiento, lo que obligará a Fernández de Kirchner a volver a abandonar su retiro en el sur del país y regresar a Buenos Aires.
Este caso parece solo el principio de una ola. “Los mecanismos se han puesto en marcha y ya no hay nadie que lo pueda parar, se acabarán unificando las causas pendientes y los Kirchner van a tener muchos problemas, le guste o no al Gobierno”, señalaba esta semana un juez federal. Otros creen que este tipo de decisiones benefician a Macri porque la atención se fija en algo que no sea la inflación y los ajustes. Sea como sea, la maquinaria judicial parece ya imparable.
Buenos Aires, El País
Pocos meses después de perder el poder, los tribunales se han convertido en la peor pesadilla para los Kirchner. El juez federal argentino Claudio Bonadío ha decidido procesar por primera vez en su vida a Cristina Fernández de Kirchner, pero no por un asunto de corrupción sino por haber perjudicado al Estado en una operación de venta de dólares poco antes de que terminara su mandato. Bonadío, que ya obligó a declarar a Fernández de Kirchner mientras miles de personas la vitoreaban a la puerta de los juzgados, dicta un embargo de un millón de dólares. Aún así, según fuentes judiciales, es prácticamente imposible que vaya a la cárcel al menos por este asunto.
Buena parte de la política argentina y de los comentarios en los despachos del poder giran alrededor de una pregunta: ¿irá a prisión Fernández de Kirchner? Aún debilitada, derrotada en las últimas elecciones y en minoría dentro de su movimiento, el peronismo, la expresidenta sigue siendo un enemigo político temible. Tal vez no pueda ganar elecciones, pero sabe cómo movilizar a la calle y a sus miles de fieles y su reaparición, precisamente en un multitudinario mitin después de declarar ante Bonadío, mostró esa fortaleza.
Desde ese día, no por casualidad, el peronismo ha endurecido su posición y los sindicatos peronistas se han movilizado contra el Gobierno. Muchos de los votantes de Mauricio Macri quieren ver a Fernández de Kirchner presa y lo piden en las redes sociales y en los programas de radio cada día. Pero al Gobierno le preocupa que pueda convertirse en mártir.
En este caso, todas las fuentes coinciden en que Bonadío, que fue peronista, va por libre, no obedece al Gobierno y se ha convertido en el más duro enemigo judicial de los Kirchner, aunque no el único. La familia afronta varios procesos y algunos fiscales ya piden que la imputen a ella por cohecho.
Otros jueces esperan pero Bonadío marca el camino: dictó un auto de procesamiento y embargo durísimo. Mientras, otros magistrado ha encarcelado a un personaje clave del entorno empresarial kirchnerista como Lázaro Báez. El primogénito de los Kirchner, Máximo, ahora diputado, denuncia una “persecución” contra su familia. Mientras tuvieron el poder los casos parecían dormidos, ahora todos se han despertado a la vez.
La acusación contra Kirchner, que ha tratado de convertir este proceso en una persecución política similar a la que sufrió Juan Domingo Perón, 18 años exiliado en la España de Franco, se basa en una decisión muy polémica de los últimos meses de su mandato. El magistrado la procesó por "administración infiel en perjuicio de la administración pública" y ordenó un embargo sobre sus bienes por 15 millones de pesos (poco más de un millón de dólares). Fernández está acusada de haber perjudicado de forma deliberada al Estado al vender dólares a un precio inferior al de mercado con la intención de mantener artificialmente bajo el dólar para beneficiar la campaña del peronista Daniel Scioli, su candidato.
Según los denunciantes, el senador macrista Federico Pinedo y el diputado radical Mario Negri, el Banco Central vendió a los inversores el llamado "dólar futuro" a 10 pesos cuando los economistas anticipaban que ganara quien ganara después de las elecciones iba a devaluar. Los compradores de los "dólares futuro" cobraron en marzo, cuando vencieron los titulos, un 50 % más de lo que invirtieron. A juicio de los denunciantes, la maniobra causó un fuerte perjuicio al Estado, que tuvo que hacer frente a los pagos. La polémica crece y da vueltas porque algunos de los compradores de esos dólares baratos son las familias más ricas de Argentina, y entre ellas hay algunos miembros del Gobierno de Macri, que se beneficiaron así de la maniobra.
Según la resolución del juez, publicada por el Centro de Información Judicial, "es impensable que una operación financiera de esta magnitud, en la cual en menos de 45 días hábiles se abrieron posiciones del Banco Central de U$s 5.000 millones a U$S 17.000 millones, que tendría claros efectos económicos y políticos en un futuro inmediato, sea desarrollada sin la aprobación expresa del más alto nivel de decisión económico y político del Poder Ejecutivo Nacional". En el mismo proceso también quedaron procesados el exministro de Economía, Axel Kicillof, y el extitular del Banco Central (BCRA), Alejandro Vanoli, y los abogados de la expresidenta tratan de demostrar que ella no tomó esa decisión.
"Resultó evidente que la entonces Presidente de la Nación impartió instrucciones –que sin duda fueron elaboradas conjuntamente- a su ministro de Economía para que esta operación financiera se lleve a cabo, procediendo éste a su vez a impartir directivas a los funcionarios del Central, y por supuesto, a los directores de la Comisión Nacional de Valores, todos los cuales –es preciso resaltarlo- eran totalmente intercambiables en caso de disidencia con la orden, o en el caso de ser remisos al acatamiento", agregó el magistrado.
Bonadio dispuso que las partes comparezcan ante su juzgado a los tres días de ser notificados del procesamiento, lo que obligará a Fernández de Kirchner a volver a abandonar su retiro en el sur del país y regresar a Buenos Aires.
Este caso parece solo el principio de una ola. “Los mecanismos se han puesto en marcha y ya no hay nadie que lo pueda parar, se acabarán unificando las causas pendientes y los Kirchner van a tener muchos problemas, le guste o no al Gobierno”, señalaba esta semana un juez federal. Otros creen que este tipo de decisiones benefician a Macri porque la atención se fija en algo que no sea la inflación y los ajustes. Sea como sea, la maquinaria judicial parece ya imparable.
