TRIBUNA / El dolor y la esperanza
Atacar a médicos y hospitales en zonas de conflicto se está convirtiendo en aberrante normalidad
José Manuel García-Margallo
El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, nos ha convocado a la I Cumbre Humanitaria mundial. Estamos llamados a dar respuesta a las crisis humanitarias que asolan buena parte del planeta. Más de 125 millones de personas están necesitadas de asistencia y protección urgente y más de 60 millones han sido desplazadas de sus hogares como consecuencia de guerras como las de Siria o Yemen o de catástrofes como el terremoto de Ecuador.
No se trata de situaciones esporádicas sino de crisis estructurales. Somos conscientes de que la comunidad humanitaria está al límite de su capacidad de respuesta. Tan solo en Siria, desde 2011, han muerto más de 280.000 personas, son 6,5 millones los desplazados internos y hay más de cuatro millones de refugiados. Trece millones de sirios requieren asistencia humanitaria inmediata. Aunque la comunidad internacional intenta responder con generosidad a las llamadas de ayuda, estamos lejos de poder colmarlas. ¿Qué puede hacer un país como España ante una situación así? Desde luego, no cruzarnos de brazos. He mencionado Siria, porque en este conflicto desempeñamos un papel destacado como miembro no permanente del Consejo de Seguridad. Voy a ilustrarlo con un ejemplo preñado de dolor y de esperanza.
Nadie quiere vivir cerca de un hospital en Alepo, ciudad devastada tras cinco años de guerra civil en Siria. En las últimas semanas, media docena de instalaciones médicas han sido destruidas por un recrudecimiento de los combates que han dejado cientos de muertos en una villa antaño vibrante y convertida hoy en un desolado paisaje de ruinas. En uno de esos ataques pereció Mohamed Wasim Moaz, pediatra que rehusó abandonar a los niños que han perdido su infancia bajo el fuego de la guerra. Como Mohamed, otros muchos doctores y personal médico están cayendo en zonas de conflicto, a menudo a causa de ataques intencionados dirigidos a segar las vidas de quienes han jurado salvar las de sus semejantes, incluso las de sus enemigos declarados. El derecho internacional es inequívoco: todo ataque deliberado contra personal e instalaciones médicas en un conflicto armado constituye un crimen de guerra. Como ha afirmado la doctora Joanne Liu, presidenta internacional de Médicos sin Fronteras, estamos asistiendo a una auténtica epidemia de agresiones contra médicos y hospitales, antes considerados sacrosantos. En Siria, en Yemen, en Sudán del Sur o en Afganistán puede ser hoy más peligroso ser un doctor o un enfermo que un combatiente. Lo que antes era una excepción se está convirtiendo en una aberrante normalidad...
Detener esa inicua deriva es el objetivo de la resolución 2.286 sobre “atención médica en conflictos armados”, adoptada unánimemente el pasado 4 de mayo por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Impulsada por España y otros cuatro miembros no permanentes del Consejo —Nueva Zelanda, Egipto, Uruguay y Japón— fue copatrocinada por 85 países. La resolución es un aldabonazo a la conciencia de la comunidad internacional. Peter Maurer, presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, la saludó como un valioso instrumento para ayudar a poner fin a la abominación que supone “atacar un hospital, amenazar a un doctor, obligar al personal sanitario a dar tratamiento preferencial a combatientes, secuestrar ambulancias o utilizar pacientes como escudos humanos”. Su propósito es prevenir, investigar y no dejar impunes los ataques contra la neutralidad médica y la asistencia sanitaria en conflictos. Entre otras medidas, establece un mecanismo de información regular acerca de las violaciones perpetradas contra dicho principio. Solo nos daremos por satisfechos cuando esos informes sean una página en blanco.
Mientras llega ese día, podemos sentirnos legítimamente orgullosos del papel desempeñado por España en este logro. Su negociación ha sido reconocida como un modelo de buen hacer. Su contenido se ciñe escrupulosamente al derecho internacional e incorpora las contribuciones de los actores humanitarios más relevantes. El resultado puede no ser perfecto, pero es un paso decisivo.
A quienes asesinaron al doctor Moaz y a tantos otros como él, les decimos alto y claro: vuestros crímenes no quedarán impunes. Este es el mensaje que hemos traído a Estambul. Se lo debemos al último pediatra de Alepo y a todos los buenos samaritanos.
José Manuel García-Margallo es ministro de Asuntos Exteriores de España en funciones.
El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, nos ha convocado a la I Cumbre Humanitaria mundial. Estamos llamados a dar respuesta a las crisis humanitarias que asolan buena parte del planeta. Más de 125 millones de personas están necesitadas de asistencia y protección urgente y más de 60 millones han sido desplazadas de sus hogares como consecuencia de guerras como las de Siria o Yemen o de catástrofes como el terremoto de Ecuador.
No se trata de situaciones esporádicas sino de crisis estructurales. Somos conscientes de que la comunidad humanitaria está al límite de su capacidad de respuesta. Tan solo en Siria, desde 2011, han muerto más de 280.000 personas, son 6,5 millones los desplazados internos y hay más de cuatro millones de refugiados. Trece millones de sirios requieren asistencia humanitaria inmediata. Aunque la comunidad internacional intenta responder con generosidad a las llamadas de ayuda, estamos lejos de poder colmarlas. ¿Qué puede hacer un país como España ante una situación así? Desde luego, no cruzarnos de brazos. He mencionado Siria, porque en este conflicto desempeñamos un papel destacado como miembro no permanente del Consejo de Seguridad. Voy a ilustrarlo con un ejemplo preñado de dolor y de esperanza.
Nadie quiere vivir cerca de un hospital en Alepo, ciudad devastada tras cinco años de guerra civil en Siria. En las últimas semanas, media docena de instalaciones médicas han sido destruidas por un recrudecimiento de los combates que han dejado cientos de muertos en una villa antaño vibrante y convertida hoy en un desolado paisaje de ruinas. En uno de esos ataques pereció Mohamed Wasim Moaz, pediatra que rehusó abandonar a los niños que han perdido su infancia bajo el fuego de la guerra. Como Mohamed, otros muchos doctores y personal médico están cayendo en zonas de conflicto, a menudo a causa de ataques intencionados dirigidos a segar las vidas de quienes han jurado salvar las de sus semejantes, incluso las de sus enemigos declarados. El derecho internacional es inequívoco: todo ataque deliberado contra personal e instalaciones médicas en un conflicto armado constituye un crimen de guerra. Como ha afirmado la doctora Joanne Liu, presidenta internacional de Médicos sin Fronteras, estamos asistiendo a una auténtica epidemia de agresiones contra médicos y hospitales, antes considerados sacrosantos. En Siria, en Yemen, en Sudán del Sur o en Afganistán puede ser hoy más peligroso ser un doctor o un enfermo que un combatiente. Lo que antes era una excepción se está convirtiendo en una aberrante normalidad...
Detener esa inicua deriva es el objetivo de la resolución 2.286 sobre “atención médica en conflictos armados”, adoptada unánimemente el pasado 4 de mayo por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Impulsada por España y otros cuatro miembros no permanentes del Consejo —Nueva Zelanda, Egipto, Uruguay y Japón— fue copatrocinada por 85 países. La resolución es un aldabonazo a la conciencia de la comunidad internacional. Peter Maurer, presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, la saludó como un valioso instrumento para ayudar a poner fin a la abominación que supone “atacar un hospital, amenazar a un doctor, obligar al personal sanitario a dar tratamiento preferencial a combatientes, secuestrar ambulancias o utilizar pacientes como escudos humanos”. Su propósito es prevenir, investigar y no dejar impunes los ataques contra la neutralidad médica y la asistencia sanitaria en conflictos. Entre otras medidas, establece un mecanismo de información regular acerca de las violaciones perpetradas contra dicho principio. Solo nos daremos por satisfechos cuando esos informes sean una página en blanco.
Mientras llega ese día, podemos sentirnos legítimamente orgullosos del papel desempeñado por España en este logro. Su negociación ha sido reconocida como un modelo de buen hacer. Su contenido se ciñe escrupulosamente al derecho internacional e incorpora las contribuciones de los actores humanitarios más relevantes. El resultado puede no ser perfecto, pero es un paso decisivo.
A quienes asesinaron al doctor Moaz y a tantos otros como él, les decimos alto y claro: vuestros crímenes no quedarán impunes. Este es el mensaje que hemos traído a Estambul. Se lo debemos al último pediatra de Alepo y a todos los buenos samaritanos.
José Manuel García-Margallo es ministro de Asuntos Exteriores de España en funciones.
