"Nicolás Maduro decreta la tiranía", los alcances del estado de excepción ordenado por el chavismo
La nueva medida impulsada por el gobierno venezolano limita a la Asamblea Nacional, da poderes al presidente por sobre la Constitución, abre la posibilidad a la violación de los derechos humanos y a la represión
Reuters
Se trata del Decreto N° 2.323 publicado el lunes pasado en la Gaceta Oficial. Según los expertos, dicha disposición fortalece la concentración de poder en la figura de Nicolás Maduro y propasa límites constitucionales bajo el argumento de un "temporal estado de excepción".
El periódico Correo del Caroní publicó un artículo donde el abogado Jesús María Casal, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) de Caracas analizó el decreto de "estado de excepción y emergencia económica" sancionado por el presidente de Venezuela.
En su explicación, detalla que en esta oportunidad, el mandatario aprovechó la situación para incluir nuevas atribuciones, ya que no sólo contiene elementos para un estado de emergencia económica, sino también para "conmoción interior y de estado de alarma".
Dado que el decreto alude a elementos para controlar "intentos de desestabilización", le otorga la posibilidad al mandatario de utilizar cualquier medida que estime conveniente. Entre las herramientas más polémicas, se encuentra la de suspender las atribuciones de la Asamblea Nacional en la aprobación de contratos públicos y votos de censura para la remoción del presidente.
"Es una manera subrepticia de soslayar el límite constitucional, porque ya existía un estado de emergencia económica por 120 días, es decir, ya tuvo una prórroga y la Constitución solo permite una", afirma Casal y explica que "como no se podía adoptar otra prórroga, se dicta un nuevo decreto"
En un estado de excepción, la Asamblea Nacional conserva todos sus poderes de legislación y control, sin embargo este decreto en particular se excede y otorga atribuciones que no corresponden al otro poder.
Esa extralimitación puede dar lugar a violaciones en los derechos humanos, afectar la libertad económica y otros derechos relacionados con protestas enmarcados, según el decreto, en términos de "orden público" para dificultar las manifestaciones de la oposición.
"La doctrina internacional establece claramente que el estado de excepción no puede suspender el Estado de Derecho. Sin embargo, este decreto termina por suspender los restos que quedaban del Estado de Derecho", afirma Casal.
El decreto de excepción indica que la oposición, que es mayoritaria en el Parlamento, pretende el "desconocimiento de todos los poderes públicos" e impulsa la "interrupción del período" de Maduro, en alusión al referendo revocatorio que promueven en su contra.
También alude a un vínculo entre opositores y grupos criminales "financiados desde el exterior" para generar "problemas de orden público" que "justifiquen una intervención de poderes extranjeros".
Aunque no precisa restricciones al derecho de protesta y reunión, habilita al gobierno para "ejecutar planes especiales de seguridad que garanticen el sostenimiento del orden público". Además, ordena a la Fuerza Armada Bolivariana y demás órganos de seguridad "garantizar la correcta distribución y comercialización de alimentos y productos de primera necesidad", que se encuentran en grave escasez.
En el artículo publicado por el periódico venezolano, los especialistas sostienen que para afrontar la crisis económica el paso democrático que debía ejecutar el gobierno era el de plantear proyectos de ley en la Asamblea Nacional si es que se consideraban insuficientes las normas legales para actuar frente a los problemas del país.
"Se ha tergiversado el sentido del estado de excepción", afirma Casal, dado que se incluyen temas que no son propios para una situación así, sino que se trata de problemas estructurales que se deben abordar a través de la política ordinaria.
"No puede pretenderse que el estado de excepción se haga normalidad y cuando aquí se dice que durante un año se va a estar en estado de excepción eso significa que se pretende hacer de eso una normalidad", concluye el especialista en derecho constitucional.
Las tensiones políticas crecen mientras los venezolanos enfrentan una desbordada inflación, que se estima podría alcanzar este año el 720%, severa escasez de alimentos, medicinas y productos básicos en conjunto con una recesión económica que tiende a complicarse por la caída del precio del petróleo, la principal fuente de ingresos por exportaciones del país.
Ante esa situación, la oposición busca impulsar un referendo revocatorio al presidente y llamar a nuevas elecciones.
Se trata del Decreto N° 2.323 publicado el lunes pasado en la Gaceta Oficial. Según los expertos, dicha disposición fortalece la concentración de poder en la figura de Nicolás Maduro y propasa límites constitucionales bajo el argumento de un "temporal estado de excepción".
El periódico Correo del Caroní publicó un artículo donde el abogado Jesús María Casal, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) de Caracas analizó el decreto de "estado de excepción y emergencia económica" sancionado por el presidente de Venezuela.
En su explicación, detalla que en esta oportunidad, el mandatario aprovechó la situación para incluir nuevas atribuciones, ya que no sólo contiene elementos para un estado de emergencia económica, sino también para "conmoción interior y de estado de alarma".
Dado que el decreto alude a elementos para controlar "intentos de desestabilización", le otorga la posibilidad al mandatario de utilizar cualquier medida que estime conveniente. Entre las herramientas más polémicas, se encuentra la de suspender las atribuciones de la Asamblea Nacional en la aprobación de contratos públicos y votos de censura para la remoción del presidente.
"Es una manera subrepticia de soslayar el límite constitucional, porque ya existía un estado de emergencia económica por 120 días, es decir, ya tuvo una prórroga y la Constitución solo permite una", afirma Casal y explica que "como no se podía adoptar otra prórroga, se dicta un nuevo decreto"
En un estado de excepción, la Asamblea Nacional conserva todos sus poderes de legislación y control, sin embargo este decreto en particular se excede y otorga atribuciones que no corresponden al otro poder.
Esa extralimitación puede dar lugar a violaciones en los derechos humanos, afectar la libertad económica y otros derechos relacionados con protestas enmarcados, según el decreto, en términos de "orden público" para dificultar las manifestaciones de la oposición.
"La doctrina internacional establece claramente que el estado de excepción no puede suspender el Estado de Derecho. Sin embargo, este decreto termina por suspender los restos que quedaban del Estado de Derecho", afirma Casal.
El decreto de excepción indica que la oposición, que es mayoritaria en el Parlamento, pretende el "desconocimiento de todos los poderes públicos" e impulsa la "interrupción del período" de Maduro, en alusión al referendo revocatorio que promueven en su contra.
También alude a un vínculo entre opositores y grupos criminales "financiados desde el exterior" para generar "problemas de orden público" que "justifiquen una intervención de poderes extranjeros".
Aunque no precisa restricciones al derecho de protesta y reunión, habilita al gobierno para "ejecutar planes especiales de seguridad que garanticen el sostenimiento del orden público". Además, ordena a la Fuerza Armada Bolivariana y demás órganos de seguridad "garantizar la correcta distribución y comercialización de alimentos y productos de primera necesidad", que se encuentran en grave escasez.
En el artículo publicado por el periódico venezolano, los especialistas sostienen que para afrontar la crisis económica el paso democrático que debía ejecutar el gobierno era el de plantear proyectos de ley en la Asamblea Nacional si es que se consideraban insuficientes las normas legales para actuar frente a los problemas del país.
"Se ha tergiversado el sentido del estado de excepción", afirma Casal, dado que se incluyen temas que no son propios para una situación así, sino que se trata de problemas estructurales que se deben abordar a través de la política ordinaria.
"No puede pretenderse que el estado de excepción se haga normalidad y cuando aquí se dice que durante un año se va a estar en estado de excepción eso significa que se pretende hacer de eso una normalidad", concluye el especialista en derecho constitucional.
Las tensiones políticas crecen mientras los venezolanos enfrentan una desbordada inflación, que se estima podría alcanzar este año el 720%, severa escasez de alimentos, medicinas y productos básicos en conjunto con una recesión económica que tiende a complicarse por la caída del precio del petróleo, la principal fuente de ingresos por exportaciones del país.
Ante esa situación, la oposición busca impulsar un referendo revocatorio al presidente y llamar a nuevas elecciones.
