México concede la extradición de El Chapo Guzmán a Estados Unidos
El ministerio de Exteriores ha autorizado su traslado, aunque el viaje presumiblemente tardará meses en materializarse
México, El País
La extradición de El Chapo ha dado un paso más. La Secretaria de Exteriores ha autorizado su traslado a Estados Unidos. La decisión supone un nuevo avance en un proceso que, presumiblemente aún tardará meses en materializarse. Tras el visto bueno formal del Gobierno, que era previsible desde que el mismo presidente lo anunciara tras la captura de criminal en enero pasado, se abre el juicio de amparo y su correspondiente recurso de revisión. Dos trámites infestados de vericuetos jurídicos que pueden dilatarse durante meses.
El principal escollo para la salida procede del propio Joaquín Guzmán Loera. Consciente de que en una cárcel de Estados Unidos carece de todo poder, el líder del cártel de Sinaloa ha puesto en marcha una catarata de amparos para retrasar al máximo su traslado. Con el apoyo de 13 abogados, esta estrategia judicial sigue la que marcó el bestial Edgar Valdés Villareal, alias La Barbie, cuya extradición, tras el recibir plácet de Exteriores, tardó cuatro años en cumplirse.
El Chapo tiene en Estados Unidos al menos siete causas abiertas. Pero sólo dos de ellas han sido, de momento, admitidas por la justicia mexicana. Una procede de un tribunal de San Diego (California) y se circunscribe al delito de asociación delictiva para vender cocaína. La segunda responde a una corte texana y es mucho más grave. Ahí se le persigue por homicidio, asociación delictiva, delincuencia organizada, narcotráfico, lavado de dinero y posesión de armas de fuego. El mayor caso, con todo, está radicado en Nueva York y fue investigado en su día por la actual fiscal general de Estados Unidos, Loretta Lynch.
El pronunciamiento de Exteriores se refiere exclusivamente a las solicitudes de San Diego y de Texas. Aunque pueden llegar más, estas dos causas actúan como avanzadilla. Cuando concluya su trámite, se le enviará a Estados Unidos y el resto de sumarios podrá centralizarse.
La extradición, que excluye la pena de muerte, se aceleraría si El Chapo diese su brazo a torcer. Fuentes de la Procuraduría General de la República señalan a EL PAÍS que si el narcotraficante la aprobase, se podría efectuar en dos días. Pero no parece que ese sea el caso. De momento, la defensa del mayor narcotraficante del planeta dispone de 30 días para recurrir la decisión de Exteriores.
El manejo del tiempo se ha vuelto una cuestión vital. El Chapo no sólo está intentado retrasar su partida, sino que, a juicio de algunos medios mexicanos, también quiere ganar tiempo para negociar con las autoridades estadounidenses un acuerdo favorable. En el campo del Gobierno mexicano, el reloj corre en contra. Tras su bochornosa fuga en julio pasado de la cárcel de máxima seguridad de El Altiplano, El Chapo se ha vuelto una cuestión de Estado. Otra huida supondría un golpe de dimensiones históricas para el prestigio del presidente Enrique Peña Nieto. Ante este terrorífico horizonte, las autoridades han sometido al preso, encerrado en Ciudad Juárez, a una vigilancia extraordinaria. Pero son conscientes de que cada día que pasa aumentan las posibilidades de que trate de escapar. Por eso, un proceso corto les conviene.
La extradición de El Chapo ha dado un paso más. La Secretaria de Exteriores ha autorizado su traslado a Estados Unidos. La decisión supone un nuevo avance en un proceso que, presumiblemente aún tardará meses en materializarse. Tras el visto bueno formal del Gobierno, que era previsible desde que el mismo presidente lo anunciara tras la captura de criminal en enero pasado, se abre el juicio de amparo y su correspondiente recurso de revisión. Dos trámites infestados de vericuetos jurídicos que pueden dilatarse durante meses.
El principal escollo para la salida procede del propio Joaquín Guzmán Loera. Consciente de que en una cárcel de Estados Unidos carece de todo poder, el líder del cártel de Sinaloa ha puesto en marcha una catarata de amparos para retrasar al máximo su traslado. Con el apoyo de 13 abogados, esta estrategia judicial sigue la que marcó el bestial Edgar Valdés Villareal, alias La Barbie, cuya extradición, tras el recibir plácet de Exteriores, tardó cuatro años en cumplirse.
El Chapo tiene en Estados Unidos al menos siete causas abiertas. Pero sólo dos de ellas han sido, de momento, admitidas por la justicia mexicana. Una procede de un tribunal de San Diego (California) y se circunscribe al delito de asociación delictiva para vender cocaína. La segunda responde a una corte texana y es mucho más grave. Ahí se le persigue por homicidio, asociación delictiva, delincuencia organizada, narcotráfico, lavado de dinero y posesión de armas de fuego. El mayor caso, con todo, está radicado en Nueva York y fue investigado en su día por la actual fiscal general de Estados Unidos, Loretta Lynch.
El pronunciamiento de Exteriores se refiere exclusivamente a las solicitudes de San Diego y de Texas. Aunque pueden llegar más, estas dos causas actúan como avanzadilla. Cuando concluya su trámite, se le enviará a Estados Unidos y el resto de sumarios podrá centralizarse.
La extradición, que excluye la pena de muerte, se aceleraría si El Chapo diese su brazo a torcer. Fuentes de la Procuraduría General de la República señalan a EL PAÍS que si el narcotraficante la aprobase, se podría efectuar en dos días. Pero no parece que ese sea el caso. De momento, la defensa del mayor narcotraficante del planeta dispone de 30 días para recurrir la decisión de Exteriores.
El manejo del tiempo se ha vuelto una cuestión vital. El Chapo no sólo está intentado retrasar su partida, sino que, a juicio de algunos medios mexicanos, también quiere ganar tiempo para negociar con las autoridades estadounidenses un acuerdo favorable. En el campo del Gobierno mexicano, el reloj corre en contra. Tras su bochornosa fuga en julio pasado de la cárcel de máxima seguridad de El Altiplano, El Chapo se ha vuelto una cuestión de Estado. Otra huida supondría un golpe de dimensiones históricas para el prestigio del presidente Enrique Peña Nieto. Ante este terrorífico horizonte, las autoridades han sometido al preso, encerrado en Ciudad Juárez, a una vigilancia extraordinaria. Pero son conscientes de que cada día que pasa aumentan las posibilidades de que trate de escapar. Por eso, un proceso corto les conviene.
