Evo Morales plantea hacer otro referendo sobre su reelección
El Movimiento al Socialismo ha comenzado a gestionar una nueva consulta para cambiar la Constitución
La Paz, El País
Con el argumento de que Evo Morales perdió el referendo del 21 de febrero pasado por culpa de las “mentiras” que la prensa y la oposición tejieron en su contra antes de su realización, el oficialista Movimiento al Socialismo ha comenzado a gestionar la convocatoria a una nueva consulta popular para cambiar la Constitución y permitir que el presidente postule por cuarta vez consecutiva a su reelección cuando su actual mandato (2015-2020) finalice. Evo Morales ha dicho, con metáfora futbolística, que el anterior referendo fue “el primer tiempo” y que en el segundo “veremos quién es quién”.
Al hablar de “mentiras”, el Gobierno se refiere a la información publicada por la prensa en la que se dio a conocer la relación que Evo Morales mantuvo con Gabriela Zapata, una mujer que trabajaba para una empresa china contratista del Ejecutivo y que actualmente se encuentra encarcelada por supuesto tráfico de influencias, y el supuesto hijo que habían tenido juntos y que Morales, según el presidente, creía fallecido en 2007. La familia de Zapata acusó al dirigente de mentir y no querer hacerse cargo del menor. Posteriormente, una juez afirmó que el menor no existía.
Como tampoco se ha podidodemostrar que el presidente estuviera al tanto de los hechos que llevaron a su examante a prisión, el Gobierno ha quedado aliviado de culpa y ha contratacado con todos su recursos propagandísticos, criticando a la prensa que se hizo eco de las sospechas y lanzando diversas iniciativas para “devolver” a Morales lo que “le robaron”. En otras palabras, el derecho a una cuarta reelección, actualmente prohibida por la Constitución.
Si es legal o no convocar una nueva consulta para decidir sobre un tema ya zanjado en un referéndum anterior depende del jurista al que se pregunte. Los opositores consideran que, puesto que la ley dice que las resoluciones de un referéndum son “vinculantes”, es decir de obligado cumplimiento, una nueva convocatoria sería ilegal.
Los oficialistas, por su parte, señalan que la ley no especifica hasta cuándo el resultado de la consulta posee esta condición vinculante, por lo que puede considerarse que el mandato obligatorio del referéndum del 21 de febrero se consumó en ese mismo momento, cuando la reforma constitucional propuesta por el oficialismo no llegó a la Constitución. Por tanto, según estos abogados, es posible convocar una nueva consulta del mismo tipo en 2017 o 2018 (la ley prohíbe la realización de dos referendos; o de un referéndum y una elección nacional, en el mismo año).
Samuel Doria Medina, candidato opositor en las últimas elecciones, declaró que “si Evo quiere un segundo tiempo, perderá por goleada”. Pero esto no significa que la oposición no vaya a dar una batalla legal y mediática para impedir la anunciada convocatoria, que algunos han considerado una “burla” a la voluntad popular y que han comparado con el impeachment que sacó de su puesto a la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, ya que consideran que en ambos casos se impuso un recurso legal sobre la voluntad popular.
Con el argumento de que Evo Morales perdió el referendo del 21 de febrero pasado por culpa de las “mentiras” que la prensa y la oposición tejieron en su contra antes de su realización, el oficialista Movimiento al Socialismo ha comenzado a gestionar la convocatoria a una nueva consulta popular para cambiar la Constitución y permitir que el presidente postule por cuarta vez consecutiva a su reelección cuando su actual mandato (2015-2020) finalice. Evo Morales ha dicho, con metáfora futbolística, que el anterior referendo fue “el primer tiempo” y que en el segundo “veremos quién es quién”.
Al hablar de “mentiras”, el Gobierno se refiere a la información publicada por la prensa en la que se dio a conocer la relación que Evo Morales mantuvo con Gabriela Zapata, una mujer que trabajaba para una empresa china contratista del Ejecutivo y que actualmente se encuentra encarcelada por supuesto tráfico de influencias, y el supuesto hijo que habían tenido juntos y que Morales, según el presidente, creía fallecido en 2007. La familia de Zapata acusó al dirigente de mentir y no querer hacerse cargo del menor. Posteriormente, una juez afirmó que el menor no existía.
Como tampoco se ha podidodemostrar que el presidente estuviera al tanto de los hechos que llevaron a su examante a prisión, el Gobierno ha quedado aliviado de culpa y ha contratacado con todos su recursos propagandísticos, criticando a la prensa que se hizo eco de las sospechas y lanzando diversas iniciativas para “devolver” a Morales lo que “le robaron”. En otras palabras, el derecho a una cuarta reelección, actualmente prohibida por la Constitución.
Si es legal o no convocar una nueva consulta para decidir sobre un tema ya zanjado en un referéndum anterior depende del jurista al que se pregunte. Los opositores consideran que, puesto que la ley dice que las resoluciones de un referéndum son “vinculantes”, es decir de obligado cumplimiento, una nueva convocatoria sería ilegal.
Los oficialistas, por su parte, señalan que la ley no especifica hasta cuándo el resultado de la consulta posee esta condición vinculante, por lo que puede considerarse que el mandato obligatorio del referéndum del 21 de febrero se consumó en ese mismo momento, cuando la reforma constitucional propuesta por el oficialismo no llegó a la Constitución. Por tanto, según estos abogados, es posible convocar una nueva consulta del mismo tipo en 2017 o 2018 (la ley prohíbe la realización de dos referendos; o de un referéndum y una elección nacional, en el mismo año).
Samuel Doria Medina, candidato opositor en las últimas elecciones, declaró que “si Evo quiere un segundo tiempo, perderá por goleada”. Pero esto no significa que la oposición no vaya a dar una batalla legal y mediática para impedir la anunciada convocatoria, que algunos han considerado una “burla” a la voluntad popular y que han comparado con el impeachment que sacó de su puesto a la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, ya que consideran que en ambos casos se impuso un recurso legal sobre la voluntad popular.
