Zapata – Toda la verdad
La Paz, Fides
Gabriela Zapata Montaño, por razones desconocidas, maneja los hilos de su situación jurídica como si se tratara de una marioneta, en la que ella es protagonista y víctima a la vez. El guión de sus dosificadas denuncias parece más propio de una telenovela que de un procedimiento judicial.
La confusión es tal que las acusaciones de los fiscales en su contra no muestran claridad. Por un lado, se la acusa de enriquecimiento ilícito, pero no se le ha preguntado cuál es el origen de sus recursos económicos. Ella nunca ha sido funcionaria pública. Se la detuvo, hace mes y medio, en plena calle de una manera irregular.
Un juez decidió su prisión preventiva sin que se hayan conocido cargos jurídicos verificados, más allá de afirmaciones políticas. Se decidió su traslado de prisión en La Paz, cuando esa orden debiera haber sido emitida no por funcionario gubernamental sino por el juez del caso, con motivos probados y comunicados a los abogados de Zapata de manera adecuada.
Una comisión congresal está investigando el caso y hasta ahora, sus responsables señalan que no se ha demostrado tráfico de influencias. Uno de sus abogados, Eduardo León, insiste que no hay cargos en contra de su defendida y la ha calificado como “presa política”, pero la propia Zapata presenta denuncias a cuenta gotas por motivos que invitan a muchas especulaciones.
Ella dijo hace unos días que era madre de tres hijos menores, para uno señaló a Evo Morales como padre, pero la paternidad de los otros dos, uno de ellos mujercita, queda pendiente de identificar. La pregunta obvia es ¿Hasta cuándo Zapata seguirá dosificando sus denuncias sin decir toda la verdad completa y por qué se comporta así y qué busca con aquello?
Gabriela Zapata Montaño, por razones desconocidas, maneja los hilos de su situación jurídica como si se tratara de una marioneta, en la que ella es protagonista y víctima a la vez. El guión de sus dosificadas denuncias parece más propio de una telenovela que de un procedimiento judicial.
La confusión es tal que las acusaciones de los fiscales en su contra no muestran claridad. Por un lado, se la acusa de enriquecimiento ilícito, pero no se le ha preguntado cuál es el origen de sus recursos económicos. Ella nunca ha sido funcionaria pública. Se la detuvo, hace mes y medio, en plena calle de una manera irregular.
Un juez decidió su prisión preventiva sin que se hayan conocido cargos jurídicos verificados, más allá de afirmaciones políticas. Se decidió su traslado de prisión en La Paz, cuando esa orden debiera haber sido emitida no por funcionario gubernamental sino por el juez del caso, con motivos probados y comunicados a los abogados de Zapata de manera adecuada.
Una comisión congresal está investigando el caso y hasta ahora, sus responsables señalan que no se ha demostrado tráfico de influencias. Uno de sus abogados, Eduardo León, insiste que no hay cargos en contra de su defendida y la ha calificado como “presa política”, pero la propia Zapata presenta denuncias a cuenta gotas por motivos que invitan a muchas especulaciones.
Ella dijo hace unos días que era madre de tres hijos menores, para uno señaló a Evo Morales como padre, pero la paternidad de los otros dos, uno de ellos mujercita, queda pendiente de identificar. La pregunta obvia es ¿Hasta cuándo Zapata seguirá dosificando sus denuncias sin decir toda la verdad completa y por qué se comporta así y qué busca con aquello?