La Unión Europea se esfuerza para que la expulsión de migrantes sea discreta
El organismo procura que las devoluciones a Turquía transcurran sin el testimonio directo de los afectados
Naiara Galarraga (Enviada especial)
Lesbos, El País
Lo que se sabe sobre las peripecias, anhelos o temores de los migrantes que llegaron a Grecia desde Turquía por mar a partir del 20 de marzo —incluidos los 202 expulsados el lunes— es porque alguno de ellos lo ha gritado desde el otro lado de una verja, lo ha escrito en un cartel que exhibe tras la malla de alambre o alguien que ha logrado entrar en los centros donde están detenidos desde aquel día ha logrado sacar su testimonio a escondidas. Todos los llegados desde esa fecha están detenidos y, salvo que la política vigente cambie, así seguirán hasta que suban al barco rumbo al país del que vinieron. La maquinaria de la Unión Europea se aplica para que el proceso de hacer realidad lo más espinoso del pacto de los Veintiocho con Turquía sea aséptico.
La puesta en escena de la expulsión en los puertos de Lesbos y Quíos y luego en el de Dikili, donde desembarcaron, era innecesaria pero fue como la seda para las autoridades europeas. No hubo protestas, gritos ni forcejeos. Pero nadie, ni los periodistas ni los representantes de las ONG, mantenidos todos a distancia, pudo hablar con ellos.
Era innecesaria porque, con la ley en la mano y si ninguno de los 202 del lunes pidió realmente asilo, como sostuvo una portavoz de Frontex en Lesbos, serían inmigrantes económicos que podían haber sido devueltos a Turquía antes del pacto del 20 de marzo, explicaba este martes en el muelle del que partieron los ferris Gauri van Gulik, de Amnistía Internacional.
Esta ONG y Human Rights Watch (HRW) encabezan las críticas a la falta de transparencia en torno a la implementación de lo acordado en Bruselas para frenar la llegada a gran escala de migrantes a la UE. “Estamos preocupados sobre todo por el barco de Quíos, está menos claro quiénes estaban en el barco. Sabemos sus nacionalidades, pero no quiénes eran, qué proceso tuvieron”, detallaba Van Gulik. Horas después, las sospechas empezaban a tomar cuerpo. El jefe de Acnur (la agencia de la ONU para los refugiados) en Europa, Vincent Cochetel, revelaba al diario The Guardian que la policía de Quíos “olvidó” presentar formalmente las solicitudes de asilo de 13 de los expulsados el lunes —de Afganistán y Congo— en medio del caos administrativo.
Las expulsiones, como antes ocurrió con las reubicaciones (de las 160.000 prometidas se han hecho unas 1.000), van más lentas de lo deseado por las autoridades europeas, que sí lograron deportar a los primeros en la fecha anunciada pero que no dieron públicamente un calendario más allá. Este martes no hubo ningún transporte más a Turquía desde las islas griegas y no serán retomadas hasta el viernes, según fuentes turcas citadas por Reuters.
Moria, el centro cerrado de Lesbos, es una fortaleza de casetas prefabricadas rodeada de una gran valla y vigilada por decenas de policías. La delegación de HRW que ha viajado a la isla para seguir la aplicación de lo pactado con Turquía intentó visitar el lunes estas instalaciones, en las que según Wenzel Michalski, representante de la ONG, tratan a los migrantes “como delincuentes”, incluidos “los menores, las mujeres embarazadas, los ancianos…”. Acnur critica el hacinamiento, la escasez de comida y busca con las autoridades alternativas a la detención para familias con niños, ancianos, menores no acompañados...
A los representantes de HRW les impidieron entrar. Michalski se indignó. “Es un escándalo que las organizaciones de derechos humanos no tengan acceso al campo de Moria para supervisar el proceso de solicitud de asilo”, tuiteó. Varias ONG han dejado de trabajar en el lugar desde que dejó de ser un centro abierto.
En Lesbos hay (por ahora) otros campos. Pikpa, creado al margen de las instituciones y financiado con donaciones privadas, es uno de ellos. Este lugar dedicado a atender a los migrantes más necesitados (discapacitados, enfermos mentales, supervivientes de torturas) en un terreno municipal acaba de ser advertido por el alcalde de que debe ser evacuado. “No, por ahora no nos han dado plazos pero quieren que sea rápido”, explicaba una de sus fundadoras, Efi Latsoudi. Las 75 personas que, atendidas por 30 voluntarios, viven en estas tiendas de campaña y cuartos prefabricados están en un limbo, aunque ellos sí pueden entrar y salir.
El desafío ahora es tramitar las peticiones de asilo que presenten las 5.814 personas llegadas a Grecia desde el 20 de marzo hasta el lunes 4, según la ONU, y que están detenidas en cinco campos cerrados de las islas de Lesbos, Quíos, Samos, Leros y Cos. Unos centros que la UE creó para identificar y procesar a los migrantes antes de que las reglas cambiaran radicalmente al entrar en vigor el pacto logrado poco más de 24 horas antes entre Bruselas y Ankara.
Lesbos, El País
Lo que se sabe sobre las peripecias, anhelos o temores de los migrantes que llegaron a Grecia desde Turquía por mar a partir del 20 de marzo —incluidos los 202 expulsados el lunes— es porque alguno de ellos lo ha gritado desde el otro lado de una verja, lo ha escrito en un cartel que exhibe tras la malla de alambre o alguien que ha logrado entrar en los centros donde están detenidos desde aquel día ha logrado sacar su testimonio a escondidas. Todos los llegados desde esa fecha están detenidos y, salvo que la política vigente cambie, así seguirán hasta que suban al barco rumbo al país del que vinieron. La maquinaria de la Unión Europea se aplica para que el proceso de hacer realidad lo más espinoso del pacto de los Veintiocho con Turquía sea aséptico.
La puesta en escena de la expulsión en los puertos de Lesbos y Quíos y luego en el de Dikili, donde desembarcaron, era innecesaria pero fue como la seda para las autoridades europeas. No hubo protestas, gritos ni forcejeos. Pero nadie, ni los periodistas ni los representantes de las ONG, mantenidos todos a distancia, pudo hablar con ellos.
Era innecesaria porque, con la ley en la mano y si ninguno de los 202 del lunes pidió realmente asilo, como sostuvo una portavoz de Frontex en Lesbos, serían inmigrantes económicos que podían haber sido devueltos a Turquía antes del pacto del 20 de marzo, explicaba este martes en el muelle del que partieron los ferris Gauri van Gulik, de Amnistía Internacional.
Esta ONG y Human Rights Watch (HRW) encabezan las críticas a la falta de transparencia en torno a la implementación de lo acordado en Bruselas para frenar la llegada a gran escala de migrantes a la UE. “Estamos preocupados sobre todo por el barco de Quíos, está menos claro quiénes estaban en el barco. Sabemos sus nacionalidades, pero no quiénes eran, qué proceso tuvieron”, detallaba Van Gulik. Horas después, las sospechas empezaban a tomar cuerpo. El jefe de Acnur (la agencia de la ONU para los refugiados) en Europa, Vincent Cochetel, revelaba al diario The Guardian que la policía de Quíos “olvidó” presentar formalmente las solicitudes de asilo de 13 de los expulsados el lunes —de Afganistán y Congo— en medio del caos administrativo.
Las expulsiones, como antes ocurrió con las reubicaciones (de las 160.000 prometidas se han hecho unas 1.000), van más lentas de lo deseado por las autoridades europeas, que sí lograron deportar a los primeros en la fecha anunciada pero que no dieron públicamente un calendario más allá. Este martes no hubo ningún transporte más a Turquía desde las islas griegas y no serán retomadas hasta el viernes, según fuentes turcas citadas por Reuters.
Moria, el centro cerrado de Lesbos, es una fortaleza de casetas prefabricadas rodeada de una gran valla y vigilada por decenas de policías. La delegación de HRW que ha viajado a la isla para seguir la aplicación de lo pactado con Turquía intentó visitar el lunes estas instalaciones, en las que según Wenzel Michalski, representante de la ONG, tratan a los migrantes “como delincuentes”, incluidos “los menores, las mujeres embarazadas, los ancianos…”. Acnur critica el hacinamiento, la escasez de comida y busca con las autoridades alternativas a la detención para familias con niños, ancianos, menores no acompañados...
A los representantes de HRW les impidieron entrar. Michalski se indignó. “Es un escándalo que las organizaciones de derechos humanos no tengan acceso al campo de Moria para supervisar el proceso de solicitud de asilo”, tuiteó. Varias ONG han dejado de trabajar en el lugar desde que dejó de ser un centro abierto.
En Lesbos hay (por ahora) otros campos. Pikpa, creado al margen de las instituciones y financiado con donaciones privadas, es uno de ellos. Este lugar dedicado a atender a los migrantes más necesitados (discapacitados, enfermos mentales, supervivientes de torturas) en un terreno municipal acaba de ser advertido por el alcalde de que debe ser evacuado. “No, por ahora no nos han dado plazos pero quieren que sea rápido”, explicaba una de sus fundadoras, Efi Latsoudi. Las 75 personas que, atendidas por 30 voluntarios, viven en estas tiendas de campaña y cuartos prefabricados están en un limbo, aunque ellos sí pueden entrar y salir.
El desafío ahora es tramitar las peticiones de asilo que presenten las 5.814 personas llegadas a Grecia desde el 20 de marzo hasta el lunes 4, según la ONU, y que están detenidas en cinco campos cerrados de las islas de Lesbos, Quíos, Samos, Leros y Cos. Unos centros que la UE creó para identificar y procesar a los migrantes antes de que las reglas cambiaran radicalmente al entrar en vigor el pacto logrado poco más de 24 horas antes entre Bruselas y Ankara.
