La oposición venezolana logra 1,5 millones de firmas para echar a Maduro
Líderes contrarios al presidente venezolano hacen un simbólico gesto de unidad para deponer al mandatario
Alfredo Meza
Caracas, El País
La oposición venezolana exhibió este viernes su unidad con un gesto de calado. El gobernador del Estado de Miranda, Henrique Capriles (del partido Primero Justicia) y el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup (de Acción Democrática), se trasladaron a la prisión de Ramo Verde para obtener la firma de Leopoldo López (dirigente de Voluntad Popular), encarcelado desde febrero de 2014, y sumarla a las más de 1,5 millones de rúbricas reunidas para iniciar los trámites para destituir al presidente Nicolás Maduro.
A ambos dirigentes los acompañaron el jefe de la fracción parlamentaria de la opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD), Julio Borges, y el presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, el arzobispo Diego Padrón.
Más allá del éxito de la gestión, que tiene pocas posibilidades de prosperar debido al riguroso régimen de visitas impuesto al líder opositor, el gesto es significativo. Durante muchos meses, los tres dirigentes de oposición más importantes del país se han mantenido unidos obligados por las circunstancias, pero sus agendas y su postura frente al Gobierno chavista son a menudo distintas. Ramos Allup, por ejemplo, era partidario de reducir mediante una enmienda de la Constitución la permanencia de Maduro en su cargo y López siempre ha invocado al poder constituyente para redactar una nueva Carta Magna que socave el poder discrecional del Ejecutivo.
La propuesta impulsada por Capriles ha ganado la mano y todos los partidos lo han reconocido. Más que un espaldarazo a su liderazgo, que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE) haya dado el pistoletazo de salida al referéndum para pedir la revocación del mandato de Maduro le ha dado también forma estratégica a la lucha de la oposición por llegar al poder central tras 16 años de Gobiernos chavistas. Solo son necesarias 197.978 firmas —el 1% del padrón electoral— para cumplir con el primer paso exigido por el CNE. “Ya no necesitamos más firmas”, afirmó ayer en Twitter Capriles, excandidato presidencial. Una afirmación que pretende preparar a sus seguidores para los obstáculos que se encontrarán a lo largo del camino.
Después de una verificación interna, la oposición entregará al organismo electoral los documentos con las firmas reunidas. Transcurridos cinco días hábiles —que en realidad son dos semanas, porque en Venezuela, por orden del Gobierno, la Administración pública solo trabaja lunes y martes hasta la una de la tarde— se sabrá si el CNE autoriza un nuevo operativo que supone un reto mayor: reunir el apoyo del 20% del registro de votantes para fijar la fecha de la consulta. Pero antes de este anuncio el organismo se encargará de llamar de nuevo a las 197.978 personas para que den fe de que sus datos no han sido usados sin su consentimiento. “Nosotros pediremos que esas firmas sean revisadas una a una”, dijo el diputado Diosdado Cabello, expresidente de la Asamblea Nacional y segundo hombre más poderoso del régimen chavista. Se espera que las autoridades sean restrictivas en el cumplimiento de la norma.
Capriles afirmó que, si se cumplen los requisitos, la oposición no permitirá que el Gobierno impida que el referéndum para destituir a Maduro se organice este año.
La fecha de la consulta
Los dirigentes de la oposición están seguros de que la cantidad de días feriados otorgados por el Gobierno son en realidad una maniobra que busca retrasar la consulta hasta el año que viene. Si se efectúa después de la primera quincena de enero de 2017 y es favorable a la salida de Maduro, el vicepresidente de la República asumiría el cargo hasta el final del período en enero de 2019. Antes de esa fecha, siempre que los adversarios del régimen chavista obtengan un voto más que los recogidos por Maduro en los comicios celebrados tras la muerte de Hugo Chávez —el hoy presidente obtuvo entonces 7.587.532 sufragios—, se organizarían elecciones en 30 días para escoger al nuevo presidente.
Esta presión es tan solo parte de una agenda que tampoco ha dejado aparcadas las manifestaciones por la altísima inflación, que el FMI estima para 2016 en el 700%, y los prolongados cortes de energía. La Mesa de la Unidad Democrática, coalición opositora, organizó ayer manifestaciones frente a las oficinas de la estatal eléctrica Corpoelec. Su secretario general, Jesús Torrealba, fue agredido en las cercanías de los cuarteles generales en Caracas, aunque sin consecuencias graves.
Caracas, El País
La oposición venezolana exhibió este viernes su unidad con un gesto de calado. El gobernador del Estado de Miranda, Henrique Capriles (del partido Primero Justicia) y el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup (de Acción Democrática), se trasladaron a la prisión de Ramo Verde para obtener la firma de Leopoldo López (dirigente de Voluntad Popular), encarcelado desde febrero de 2014, y sumarla a las más de 1,5 millones de rúbricas reunidas para iniciar los trámites para destituir al presidente Nicolás Maduro.
A ambos dirigentes los acompañaron el jefe de la fracción parlamentaria de la opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD), Julio Borges, y el presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, el arzobispo Diego Padrón.
Más allá del éxito de la gestión, que tiene pocas posibilidades de prosperar debido al riguroso régimen de visitas impuesto al líder opositor, el gesto es significativo. Durante muchos meses, los tres dirigentes de oposición más importantes del país se han mantenido unidos obligados por las circunstancias, pero sus agendas y su postura frente al Gobierno chavista son a menudo distintas. Ramos Allup, por ejemplo, era partidario de reducir mediante una enmienda de la Constitución la permanencia de Maduro en su cargo y López siempre ha invocado al poder constituyente para redactar una nueva Carta Magna que socave el poder discrecional del Ejecutivo.
La propuesta impulsada por Capriles ha ganado la mano y todos los partidos lo han reconocido. Más que un espaldarazo a su liderazgo, que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE) haya dado el pistoletazo de salida al referéndum para pedir la revocación del mandato de Maduro le ha dado también forma estratégica a la lucha de la oposición por llegar al poder central tras 16 años de Gobiernos chavistas. Solo son necesarias 197.978 firmas —el 1% del padrón electoral— para cumplir con el primer paso exigido por el CNE. “Ya no necesitamos más firmas”, afirmó ayer en Twitter Capriles, excandidato presidencial. Una afirmación que pretende preparar a sus seguidores para los obstáculos que se encontrarán a lo largo del camino.
Después de una verificación interna, la oposición entregará al organismo electoral los documentos con las firmas reunidas. Transcurridos cinco días hábiles —que en realidad son dos semanas, porque en Venezuela, por orden del Gobierno, la Administración pública solo trabaja lunes y martes hasta la una de la tarde— se sabrá si el CNE autoriza un nuevo operativo que supone un reto mayor: reunir el apoyo del 20% del registro de votantes para fijar la fecha de la consulta. Pero antes de este anuncio el organismo se encargará de llamar de nuevo a las 197.978 personas para que den fe de que sus datos no han sido usados sin su consentimiento. “Nosotros pediremos que esas firmas sean revisadas una a una”, dijo el diputado Diosdado Cabello, expresidente de la Asamblea Nacional y segundo hombre más poderoso del régimen chavista. Se espera que las autoridades sean restrictivas en el cumplimiento de la norma.
Capriles afirmó que, si se cumplen los requisitos, la oposición no permitirá que el Gobierno impida que el referéndum para destituir a Maduro se organice este año.
La fecha de la consulta
Los dirigentes de la oposición están seguros de que la cantidad de días feriados otorgados por el Gobierno son en realidad una maniobra que busca retrasar la consulta hasta el año que viene. Si se efectúa después de la primera quincena de enero de 2017 y es favorable a la salida de Maduro, el vicepresidente de la República asumiría el cargo hasta el final del período en enero de 2019. Antes de esa fecha, siempre que los adversarios del régimen chavista obtengan un voto más que los recogidos por Maduro en los comicios celebrados tras la muerte de Hugo Chávez —el hoy presidente obtuvo entonces 7.587.532 sufragios—, se organizarían elecciones en 30 días para escoger al nuevo presidente.
Esta presión es tan solo parte de una agenda que tampoco ha dejado aparcadas las manifestaciones por la altísima inflación, que el FMI estima para 2016 en el 700%, y los prolongados cortes de energía. La Mesa de la Unidad Democrática, coalición opositora, organizó ayer manifestaciones frente a las oficinas de la estatal eléctrica Corpoelec. Su secretario general, Jesús Torrealba, fue agredido en las cercanías de los cuarteles generales en Caracas, aunque sin consecuencias graves.
