Del Granado propone abolir la jurisdicción militar
Erbol Digital
Eliminar la jurisdicción militar, suprimir la "carrera judicial” e incrementar a 20 años de cárcel la sanción para jueces corruptos, están entre las propuestas para la reforma de la justicia en Bolivia que se conocieron en las últimas horas tanto desde el oficialismo como de la oposición.
La agrupación ciudadana Soberanía y Libertad (SOL.BO) presentó su propuesta que fue elaborada por el exalcalde de La Paz, Juan del Granado.
En este texto, el excandidato a la presidencia planteó "eliminar la jurisdicción militar”, en la cual las Fuerzas Armadas se amparan para tener sus propios tribunales y procedimientos para juzgar los delitos de sus miembros.
Además, Del Granado propuso "eliminar el equivocado concepto de ‘carrera judicial’ para que, a tiempo de garantizar inamovilidad en la función judicial, se borren jerarquías, subordinaciones y privilegios internos, eliminado el nombramiento interno de los jueces departamentales”.
En el documento, se afirma que el Gobierno ha fracasado en encarar esta problemática, por lo que Juan planteó un Diálogo Nacional Ciudadano por la Justicia que genere una agenda nacional de reforma.
Además, en el texto, Del Granado propuso que por ahora no se debe cambiar la Constitución para mejorar el modo de elección de magistrados y consejeros de la Magistratura, sino que la Asamblea debe establecer un "organismo” o "comisión de notables”, que esté encargado de la preselección de candidatos que irían a voto popular.
La propuesta de Borda
El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, anticipó que presentará seis proyectos de ley para mejorar la administración de justicia, con miras a la Cumbre Judicial.
Una de sus propuestas consiste en modificar el Código Penal para endurecer las sanciones para jueces corruptos, con un procedimiento especial que fije plazos.
"Muchos de los jueces hacen consorcios, cometen delitos, prevaricato, resoluciones contrarias a la Constitución, en perjuicio del litigante. Estamos planteando que sean sancionados con privación de libertad de 20 a 25 años”, precisó.
También Borda planteó que cambie el régimen de medidas cautelares, para que acusados de feminicidio y otros crímenes graves sean directamente detenidos de forma preventiva para que vayan a juicio. Explicó que con esta medida los fiscales y jueces se dedicarán a establecer la verdad histórica de los hechos, y no se distraerán en recursos sobre la liberación del imputado.
En otra propuesta, el diputado sugirió modificar el procedimiento en casos de delitos flagrantes, para eliminar las medidas cautelares y los implicados vayan directo a un juicio y tengan sentencia inmediata.
Además, el oficialista propuso que por ley se establezca criterios y mecanismos para el control de calidad del trabajo de los jueces, y que los mismos sean sometidos a auditorias jurídicas.
Otro planteamiento consiste en que los procesos disciplinaros contra jueces tengan plazos perentorios y que, incluso, se convoque a jueces ciudadanos. Por último, Borda reiteró que debe existir una ley para acortar el mandato de todos los operadores de justicia, para una renovación.
Eliminar la jurisdicción militar, suprimir la "carrera judicial” e incrementar a 20 años de cárcel la sanción para jueces corruptos, están entre las propuestas para la reforma de la justicia en Bolivia que se conocieron en las últimas horas tanto desde el oficialismo como de la oposición.
La agrupación ciudadana Soberanía y Libertad (SOL.BO) presentó su propuesta que fue elaborada por el exalcalde de La Paz, Juan del Granado.
En este texto, el excandidato a la presidencia planteó "eliminar la jurisdicción militar”, en la cual las Fuerzas Armadas se amparan para tener sus propios tribunales y procedimientos para juzgar los delitos de sus miembros.
Además, Del Granado propuso "eliminar el equivocado concepto de ‘carrera judicial’ para que, a tiempo de garantizar inamovilidad en la función judicial, se borren jerarquías, subordinaciones y privilegios internos, eliminado el nombramiento interno de los jueces departamentales”.
En el documento, se afirma que el Gobierno ha fracasado en encarar esta problemática, por lo que Juan planteó un Diálogo Nacional Ciudadano por la Justicia que genere una agenda nacional de reforma.
Además, en el texto, Del Granado propuso que por ahora no se debe cambiar la Constitución para mejorar el modo de elección de magistrados y consejeros de la Magistratura, sino que la Asamblea debe establecer un "organismo” o "comisión de notables”, que esté encargado de la preselección de candidatos que irían a voto popular.
La propuesta de Borda
El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, anticipó que presentará seis proyectos de ley para mejorar la administración de justicia, con miras a la Cumbre Judicial.
Una de sus propuestas consiste en modificar el Código Penal para endurecer las sanciones para jueces corruptos, con un procedimiento especial que fije plazos.
"Muchos de los jueces hacen consorcios, cometen delitos, prevaricato, resoluciones contrarias a la Constitución, en perjuicio del litigante. Estamos planteando que sean sancionados con privación de libertad de 20 a 25 años”, precisó.
También Borda planteó que cambie el régimen de medidas cautelares, para que acusados de feminicidio y otros crímenes graves sean directamente detenidos de forma preventiva para que vayan a juicio. Explicó que con esta medida los fiscales y jueces se dedicarán a establecer la verdad histórica de los hechos, y no se distraerán en recursos sobre la liberación del imputado.
En otra propuesta, el diputado sugirió modificar el procedimiento en casos de delitos flagrantes, para eliminar las medidas cautelares y los implicados vayan directo a un juicio y tengan sentencia inmediata.
Además, el oficialista propuso que por ley se establezca criterios y mecanismos para el control de calidad del trabajo de los jueces, y que los mismos sean sometidos a auditorias jurídicas.
Otro planteamiento consiste en que los procesos disciplinaros contra jueces tengan plazos perentorios y que, incluso, se convoque a jueces ciudadanos. Por último, Borda reiteró que debe existir una ley para acortar el mandato de todos los operadores de justicia, para una renovación.