Morir por un gol y otras historias para entender los 1.380 asesinatos en dos meses en El Salvador
San Salvador, BBCEn El Salvador te pueden matar por cuidar a la hija del presidente, como le pasó a Misael Navas. O por dar clases en una zona que se disputan las pandillas, como a Sandra Rivera. O simplemente por meter un gol en un partido de fútbol a un equipo de pandilleros.
Ese último fue el caso de Cristian Alexander Campos Sosa, de 19 años, asesinado el pasado 23 de febrero, en San Martín, unos 18 kilómetros al oeste de la capital, San Salvador.
Y los tres casos sirven para ilustrar la situación de violencia que vive El Salvador, un país de 6.5 millones de habitantes en el que el año pasado ocurrieron 6,657 muertes violentas, para una tasa de homicidios de 103 por cada 100,000 habitantes.
De hecho, en 2015 El Salvador se volvió a "coronar" como el país más violento del mundo. Y el 2016 empezó peor.
Entre el 1 de enero y el 28 de febrero de 2016, 1.380 personas fueron asesinadas, de acuerdo siempre a cifras de la Policía Nacional Civil.
La cifra duplica la cantidad de homicidios en enero y febrero de 2015.
La guerra contra las pandillas
Los analistas suelen definir la violencia salvadoreña como "un fenómeno multicausal", pero una de las explicaciones de su auge está en la política gubernamental de combate a las maras o pandillas.
Las principales son el Barrio 18 y la MS-13 que surgieron en Los Ángeles, EE.UU., y saltaron a Centroamérica a inicios de los 90, tras las deportaciones masivas iniciadas durante el gobierno de Bill Clinton.
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Espoleadas por las políticas de mano dura en la primera década del siglo XXI, las pandillas se convirtieron en un problema de seguridad nacional.
Entre 2012 y 2013, el primer gobierno de izquierda en la historia ensayó una negociación conocida como la tregua, que redujo drásticamente los niveles de homicidios pero nunca tuvo aprobación popular.
Pero el 5 de enero de 2015, el segundo gobierno de izquierda –del actual presidente Salvador Sánchez Cerén– le declaró la guerra a las pandillas. Dijo que su gobierno no volvería al esquema de negociación y finiquitó la tregua.
Esa orden presidencial incidió directamente en los niveles de violencia que El Salvador vive ahora.
Durante 2012 y 2013, los dos años fuertes de la tregua, el país tuvo un promedio de siete homicidios por día. En 2014, subió a 10 y en el año de la guerra abierta, 2015, la cantidad subió a 18. El febrero que recién terminó promedió 22 asesinatos cada día.
Cuando el presidente enterró la tregua, la Policía y la Fuerza Armada se fueron a la ofensiva. Y también empezaron a sufrir los embates. El año pasado, 63 policías y 24 soldados fueron asesinados. 2016 lleva la misma tónica.
El escolta presidencial
José Misael Navas, un subsargento que sirvió en la guerra de Irak liderada por Estados Unidos, fue asesinado el pasado 15 de febrero.
Entre el 13 y el 19 de febrero también fueron asesinados otros tres militares.
Nelson Rauda
Navas era miembro del Estado Mayor Presidencial y cuidaba a una de las tres hijas del presidente de la República. El crimen sucedió en una colonia del municipio de Santa Tecla en la que viven familiares del presidente y del vicepresidente.
Al subsargento le dispararon desde un sedán gris –un Chevrolet Aveo– un carro que la Policía ha rastreado sin éxito hasta el momento.
Su homicidio puso en evidencia lo desprotegidos que están los soldados que custodian al mandatario.
Ni Navas ni su otro compañero –quien sobrevivió al ataque– tenían una caseta para protegerse. De hecho, días después del asesinato seguían guardando sus enseres personales en una jardinera de la vía pública, guarecidos solo por la sombra de un árbol.
Navas también vivía en una zona controlada por pandillas. Vivir en territorios controlados significa estar bajo la vigilancia de los pandilleros. Ellos pueden cuestionar y prohibir quien entra a una colonia.
Nelson Rauda
Los pandilleros cobran cuotas de extorsión a los negocios, a los camiones que reparten Coca Cola, a empleados de compañías de cable y televisión. Matan.
Hay un lema terrible que se pinta en paredes y se inscribe en la psique de los salvadoreños: "ver, oír y callar", dicen los pandilleros.
La sombra de las ejecuciones extrajudiciales
Cristian Campos, el joven aficionado al fútbol asesinado, trabajaba en una empresa de lácteos. La Policía confirmó a BBC Mundo que Campos no tenía vínculos con pandillas.
El crimen ocurrió a las 6:20 de la mañana del 23 de febrero. Campos iba a bordo de una motocicleta en la calle principal del cantón La Flor, San Martín.
EDH Francisco Campos
Un investigador policial dijo a BBC Mundo que en la escena encontraron evidencia de 14 disparos.
La policía presume que los pandilleros que operan en la zona le dispararon, aunque el jefe policial del sector aceptó que no tienen evidencia para sustentar esa hipótesis.
Y el padre de Campos contó, en la escena del crimen, los motivos por los que cree que su hijo fue asesinado.
Días antes del homicidio, Campos había recibido una golpiza y amenazas de parte de soldados de la Fuerza Armada. Los soldados realizan tareas de seguridad pública desde 2009, año en que asumió el primer gobierno de izquierda, de Mauricio Funes.
La razón de esa amenaza fue un gol en un partido de fútbol.
"Mi hijo estaba amenazado por los soldados (de la Fuerza Armada). Donde nosotros vivimos es (dominado por el Barrio) 18 y esos soldados amparan más a los mareros MS (del sector)", explicó el padre.
"Entonces el cipote (muchacho) jugó contra un equipo donde ellos (soldados) están cuidando la gente y les metió un gol", dijo el hombre de unos 50 años.
AFP
El padre relató que "un soldado lo agarró y le pegaron, le dieron duro, todo morado le dejaron el pecho. Le dijeron que la otra vez que lo hallaran lo iban a matar, lo iban a hacer pedazos porque le había metido un gol al equipo que ellos cuidaban".
La policía tampoco ha confirmado la hipótesis del gol ni la de la amenaza por parte de los soldados. Sin embargo, no es una acusación rara.
El 74% de las denuncias por abusos ante la Procuraduría de derechos humanos en 2015 fue contra la Policía y la Fuerza Armada. Un año antes, esa cifra solo había representado el 40%.
Varios periódicos y exfuncionarios han denunciado casos de ejecuciones extrajudiciales, como las masacres de San Blas o Panchimalco, pero la respuesta institucional a estas acusaciones ha sido prácticamente nula.
Y el gobierno intenta quitarle peso a los dramáticos números argumentando que la mayoría de víctimas pertenecen a pandillas, una versión que sin embargo ha sido desmentida.
EDH Francisco Campos
Casa Presidencial dijo que en los primeros cinco meses de 2015, el 60 % de víctimas de homicidio fueron pandilleros, pero las cifras de la propiaPolicía arrojan que sólo el 30 % pertenecían a pandillas.
Sin duda, la política de "combate frontal" –con sospechas de ajusticiamientos– también ha incrementado la violencia.
La Policía admite que sus operaciones generan más muertes y enfrentamientos armados, pero niega su responsabilidad en posibles abusos a derechos humanos.
Una familia marcada por la violencia
La maestra Sandra Élida Rivera Ángel fue asesinada el pasado 15 de febrero, en el municipio de Cojutepeque, departamento de Cuscatlán.
Rivera, de 39 años, fue asesinada cuando iba de camino a su trabajo en el centro escolar católico San Sebastián, que queda cerca de la casa en la que ella vivía.
Un grupo de pandilleros la detuvo cuando caminaba junto a alumnos y la acribillaron.
Nancy Barahona
Investigaciones policiales apuntan a que Rivera fue un blanco de las pandillas por oponerse al reclutamiento de jóvenes estudiantes, que provocan deserción escolar y el engrosamiento de los grupos criminales.
Siete años antes de que la mataran, pandilleros de la MS asesinaron a la hija de Rivera, en un ataque a una clínica pediátrica.
En septiembre de 2015, la Fiscalía condenó a dos pandilleros a 40 y 60 años de prisión, respectivamente, por el ataque con granada a la clínica, en el que murieron, además de la hija de la maestra, de nueve años, otro niño de cuatro años, y su madre de 42.
El secretario de comunicaciones del gobierno salvadoreño, Eugenio Chicas, ha asegurado que la estrategia de seguridad continuará sin cambios hasta finalizar este año.
Para esa fecha, a este ritmo, El Salvador podría contar más de 8,000 víctimas de homicidio.
