La tensión entre el poder político y el judicial estalla en Brasil
El expresidente Lula enfrenta una petición de prisión preventiva por comprometer el "orden público"
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Raquel Seco
São Paulo, El País
La sociedad brasileña no cree mucho en la justicia. Un 10% de los brasileños la eligió como la institución más confiable en la última encuesta de 2015, frente al 53% que eligió a la Iglesia. Pero creen todavía menos en el Gobierno (1,1%) y los partidos políticos (0,1%). Y, a este paso en un futuro no muy lejano quizá no crean en nada, porque la tensión entre el Ejecutivo y las instituciones judiciales no para de crecer, cada día, y a un ritmo imprevisible.
La última escalada de tensión ocurrió este jueves. Tres fiscales brasileños lanzaron una petición de cárcel preventiva contra Luiz Inácio Lula da Silva, una medida sorprendentemente dura contra un expresidente todavía idolatrado por la izquierda brasileña. El documento de la acusación lo señala a él y a sus simpatizantes por promover la violencia y faltar al respeto a las instituciones, ya que habló en público después de ser llevado a declarar por corrupción la semana pasada, y sostiene que su detención contribuiría a mantener el “orden público”. Expertos jurídicos ven muchos errores en el proceso, creen que la petición no se sostiene, y que además puede perjudicar a la macrooperación anticorrupción Lava Jato, que investiga de forma paralela y mucho más ambiciosa a Lula, entre otros muchos empresarios y políticos. Para algunos, el expresidente está siendo víctima de una caza de brujas política, y los jueces son los responsables.
En medio de la tormenta, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, trata de mantener la compostura. “No tengo cara de quien va a renunciar”, dijo el viernes en una rueda de prensa en Brasilia. Los periodistas y los asesores recibieron las palabras entre risas cómplices, pero fuera del Palacio del Planalto (sede del Ejecutivo brasileño) el ambiente es de todo menos risueño. Ella y su padrino político, Lula, se enfrentan estos días a los peores momentos de la crisis desde hace un año.
La frase de Rousseff era una respuesta velada a Aécio Nieves, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), el rival al que derrotó en las elecciones de 2014. Esta semana, el senador aseguró que Rousseff ha perdido las “condiciones mínimas” para gobernar y sugirió que la renuncia sería “un gesto magnánimo, un gesto generoso para que Brasil inicie una nueva etapa en su historia”. No es el único que piensa así. El domingo, movimientos sociales y políticos de oposición planean una gran manifestación contra el Gobierno en decenas de ciudades de todo el país. Si la convocatoria tiene éxito, aumentará la presión sobre la mandataria del Partido de los Trabajadores (PT), que encara una petición de destitución por supuestas maniobras fiscales y sufre con pocos apoyos en la Cámara de Diputados y una bajísima popularidad entre los brasileños (un 11%, según las últimas encuestas). El Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), el principal partido que aún apoya a la presidenta, debate este fin de semana en su congreso nacional si romper definitivamente con ella.
Dilma se defiende
“Solicitar mi renuncia es reconocer que no existe base para el impeachment. Inténtenlo, y nosotros vamos a discutir con el país entero por qué quieren quitar a un presidente legítimamente electo”, subrayó Rousseff. Por el contrario, algunos medios brasileños anunciaron el viernes que Rousseff ya está resignada ante la posibilidad de tener que abandonar el poder. “Yo no estoy resignada con nada. No tengo esta postura ante la vida”, contraatacó la mandataria.
Sobre Rousseff pesa no solo su proceso de destitución, sino las últimas acusaciones contra Lula. Hace una semana, en una escena sin precedentes, el expresidente entraba en un coche de la Policía Federal, que antes había registrado su casa de São Paulo. Se lo llevaban a declarar sobre supuestos desvíos de dinero, fruto de la corrupción de la petrolera Petrobras. Días después, otra fiscalía lo denunció, en una investigación paralela, por lavado de dinero y ocultación de patrimonio, y a continuación pidió su prisión preventiva (aunque con unas bases legales dudosas).
La jueza debe tomar una decisión al respecto, aunque no hay plazo para ello. Y mientras, miembros del PT intentan defender al “héroe del pueblo brasileño” con una medida de emergencia, presionando para que Lula obtenga una cartera en el Gobierno. Como ministro, Lula quedaría aforado y solo podría ser juzgado por el Tribunal Supremo. Algunos medios brasileños apuntan ya a que Rousseff ha ofrecido nada más y nada menos que el cargo de responsable de la Casa Civil, una especie de puesto de primer ministro. La presidenta intentó salir como pudo de la pregunta en la rueda de prensa, diciendo: “Tendría orgullo de tener a Lula en mi Gobierno, él haría una inmensa contribución. Pero no voy a discutir con usted si él va a estar o no”.
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São Paulo, El País
La sociedad brasileña no cree mucho en la justicia. Un 10% de los brasileños la eligió como la institución más confiable en la última encuesta de 2015, frente al 53% que eligió a la Iglesia. Pero creen todavía menos en el Gobierno (1,1%) y los partidos políticos (0,1%). Y, a este paso en un futuro no muy lejano quizá no crean en nada, porque la tensión entre el Ejecutivo y las instituciones judiciales no para de crecer, cada día, y a un ritmo imprevisible.
La última escalada de tensión ocurrió este jueves. Tres fiscales brasileños lanzaron una petición de cárcel preventiva contra Luiz Inácio Lula da Silva, una medida sorprendentemente dura contra un expresidente todavía idolatrado por la izquierda brasileña. El documento de la acusación lo señala a él y a sus simpatizantes por promover la violencia y faltar al respeto a las instituciones, ya que habló en público después de ser llevado a declarar por corrupción la semana pasada, y sostiene que su detención contribuiría a mantener el “orden público”. Expertos jurídicos ven muchos errores en el proceso, creen que la petición no se sostiene, y que además puede perjudicar a la macrooperación anticorrupción Lava Jato, que investiga de forma paralela y mucho más ambiciosa a Lula, entre otros muchos empresarios y políticos. Para algunos, el expresidente está siendo víctima de una caza de brujas política, y los jueces son los responsables.
En medio de la tormenta, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, trata de mantener la compostura. “No tengo cara de quien va a renunciar”, dijo el viernes en una rueda de prensa en Brasilia. Los periodistas y los asesores recibieron las palabras entre risas cómplices, pero fuera del Palacio del Planalto (sede del Ejecutivo brasileño) el ambiente es de todo menos risueño. Ella y su padrino político, Lula, se enfrentan estos días a los peores momentos de la crisis desde hace un año.
La frase de Rousseff era una respuesta velada a Aécio Nieves, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), el rival al que derrotó en las elecciones de 2014. Esta semana, el senador aseguró que Rousseff ha perdido las “condiciones mínimas” para gobernar y sugirió que la renuncia sería “un gesto magnánimo, un gesto generoso para que Brasil inicie una nueva etapa en su historia”. No es el único que piensa así. El domingo, movimientos sociales y políticos de oposición planean una gran manifestación contra el Gobierno en decenas de ciudades de todo el país. Si la convocatoria tiene éxito, aumentará la presión sobre la mandataria del Partido de los Trabajadores (PT), que encara una petición de destitución por supuestas maniobras fiscales y sufre con pocos apoyos en la Cámara de Diputados y una bajísima popularidad entre los brasileños (un 11%, según las últimas encuestas). El Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), el principal partido que aún apoya a la presidenta, debate este fin de semana en su congreso nacional si romper definitivamente con ella.
Dilma se defiende
“Solicitar mi renuncia es reconocer que no existe base para el impeachment. Inténtenlo, y nosotros vamos a discutir con el país entero por qué quieren quitar a un presidente legítimamente electo”, subrayó Rousseff. Por el contrario, algunos medios brasileños anunciaron el viernes que Rousseff ya está resignada ante la posibilidad de tener que abandonar el poder. “Yo no estoy resignada con nada. No tengo esta postura ante la vida”, contraatacó la mandataria.
Sobre Rousseff pesa no solo su proceso de destitución, sino las últimas acusaciones contra Lula. Hace una semana, en una escena sin precedentes, el expresidente entraba en un coche de la Policía Federal, que antes había registrado su casa de São Paulo. Se lo llevaban a declarar sobre supuestos desvíos de dinero, fruto de la corrupción de la petrolera Petrobras. Días después, otra fiscalía lo denunció, en una investigación paralela, por lavado de dinero y ocultación de patrimonio, y a continuación pidió su prisión preventiva (aunque con unas bases legales dudosas).
La jueza debe tomar una decisión al respecto, aunque no hay plazo para ello. Y mientras, miembros del PT intentan defender al “héroe del pueblo brasileño” con una medida de emergencia, presionando para que Lula obtenga una cartera en el Gobierno. Como ministro, Lula quedaría aforado y solo podría ser juzgado por el Tribunal Supremo. Algunos medios brasileños apuntan ya a que Rousseff ha ofrecido nada más y nada menos que el cargo de responsable de la Casa Civil, una especie de puesto de primer ministro. La presidenta intentó salir como pudo de la pregunta en la rueda de prensa, diciendo: “Tendría orgullo de tener a Lula en mi Gobierno, él haría una inmensa contribución. Pero no voy a discutir con usted si él va a estar o no”.
