Ferreira atribuye a algunos ministros el escándalo

Página Siete / La Paz
El ministro de Defensa, Reymi Ferreira, responsabilizó del escándalo que envuelve al presidente Evo Morales a algunos "ministros” por no denunciar oportunamente que la expareja del Presidente, Gabriela Zapata, ingresó sin ninguna restricción a varios ministerios durante años.


"Había algunos ministerios en los que Zapata se presentaba con el certificado (de nacimiento) del niño para pedir informes. Lamentablemente, algunos hasta la recibieron porque le creían; ‘por qué no me avisan’, decía (el Presidente). Por ese tipo de acciones es que ahora la imagen de Evo Morales está siendo dañada y es responsabilidad nuestra, de los ministros”, aseguró Ferreira en una entrevista en Gigavisión.

Ferreira dijo que los ministros "cayeron en la trampa de Zapata” porque ella decía "yo soy la madre del hijo del Presidente”.

Al tener acceso a varios ministerios, Zapata se reunía con empresarios y autoridades de Estado, por lo que Ferreira -sin dar nombres de los supuestos responsables- demandó una investigación íntegra para hallar a los responsables.

"No son ministros actuales. Esto no va a quedar así, va a tener que ir más allá”, aclaró e indicó que es culpa de ellos que el Jefe de Estado sufra de desprestigio actualmente.

El 1 de marzo, el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, reveló que la exnovia de Evo Morales ingresó al menos unas 40 veces a las oficinas de Gestión Social, dependiente del Ministerio de la Presidencia, para hacer sus negocios.

"Usaba vehículos de la institución y un chofer, precisamente el chofer de Cristina Choque (jefa de la unidad y amiga de Zapata), y que allí sostenía reuniones con gente, empresarios, con los que hacía supuestos negocios”, dijo.

El senador opositor Arturo Murillo (UD) pidió investigar los nexos entre Zapata y el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, porque ella daba órdenes desde el exdespacho de la primera dama.

Zapata está acusada de los delitos de enriquecimiento ilícito, enriquecimiento de particulares con afectación al Estado y uso indebido de influencias, en grado de complicidad.

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