Expertos: Al normar las redes sociales se criminalizará a usuarios y traerá censura
Varios temores han surgido en la población desde que se habló de regular las redes sociales digitales en Bolivia.
Expertos consultados por Página Siete, sobre esta posibilidad, coinciden en que una regulación de estos espacios "recargará la justicia, traerá la censura previa y hasta criminalizaría el accionar de los usuarios cuando estos practiquen su derecho a la libre expresión”.
Se han anunciado al menos dos iniciativas con miras a regular las redes sociales digitales por grupos o autoridades afines al partido de Gobierno. Esto, luego de conocer los resultados del referendo constitucional del pasado 21 de febrero.
La primera fue anunciada por representantes de las seis federaciones del trópico de Cochabamba y, una segunda, por el diputado por el Movimiento Al Socialismo (MAS) Víctor Borda, quien explicó que con este proyecto se busca sancionar el anonimato y otros delitos como la deshonra, la difamación y la trata y tráfico de personas que se genera en estos espacios.
"Las redes sociales (digitales) se han convertido en instrumento de hechos delictivos (...) Hay gente anónima que crea redes para difamar a cualquier ciudadano, vulnerando los principios constitucionales”, explicó Borda, quien los próximos días dará a conocer su proyecto de ley.
El legislador explicó que el espíritu de esta norma "busca prevenir el mal uso de las cuentas en redes sociales” y en ese sentido se establecerían algunos tipos penales de delitos, que a su parecer, surgen en estos espacios.
Este panorama ha llamado la atención de expertos bolivianos y de gente que vive en el exterior, que trabajan con este tema y que consideran que regular las redes sociales sería una tarea "por demás complicada para el Estado”.
El anonimato "es un derecho”
Para Javier Pallero, analista argentino de políticas públicas en Access Now, una organización internacional que defiende los derechos de los usuarios de internet, la propuesta del diputado Borda es muy "apresurada y general”. "Buscan prohibir el anonimato y ese es un problema, dado que cada persona que abra un perfil anónimo o con seudónimo en redes sociales va a estar incurriendo en un delito. Esto implica que el Estado va a tener que perseguir a cada persona con cuentas de este tipo”.
En septiembre 2015, la Autoridad de Telecomunicación y Transporte (ATT) registró más de cuatro millones de conexiones a internet, a través de tecnología 2.5G-5G. "La mayor parte de estas conexiones están en áreas urbanas de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba”, complementó la boliviana Mariana Leytón, estudiante doctoral en la Escuela de Comunicación de American University (EEUU), enfocada en la intersección entre medios, tecnología y democracia.
De esos cuatro millones "el 90% de la población en el eje urbano-central usa su teléfono inteligente para comunicarse a través de redes sociales”, dijo. Por lo que intentar controlar estos espacios "sería una tarea que demandaría del Estado una fuerte inversión”, indicó Pallero.
Anonimato y la libre expresión
El especialista argentino explicó que prohibir el anonimato atentaría contra la libre expresión. "El anonimato puede ser muy importante para la libertad de expresión porque permite la opinión de los disidentes políticos, el trabajo de los informantes periodísticos y protege las actividades de grupos en situación de vulnerabilidad o peligro”.
Por ello, si la preocupación es dar con gente que incurra en delitos como la trata y tráfico, la estafa, la difamación o calumnias vía redes sociales digitales, Pallero recomienda acudir a la investigación forense; los pedidos de informes a las mismas compañías como Facebook y otras técnicas de investigación válidas dentro del marco de un proceso judicial.
Tanto Pallero como Leytón coinciden en que la actual coyuntura política y su repercusión en redes sociales como Facebook o Twitter ha incidido en que las autoridades busquen regular los contenidos que se circulan en estos espacios.
En un reciente foro debate realizado en La Paz sobre la posible regulación de redes sociales, Enrique Pomar, funcionario del ministerio de Comunicación, opinaba a título personal, que Facebook había perdido el sentido con el que había sido creado.
"Lamentablemente, por una serie de factores, se ha convertido en un espacio de odio, de racismo y donde se vulnera los derechos de las personas... Hay grupos en los que ponen información como el supuesto caso de una funcionaria que trabaja en el Gobierno y ponen información que no esta corroborada, y que se viraliza. Esto, sin hablar de los ataques al Presidente y al Vicepresidente”.
Ante esa observación, Pallero señaló que hay legislación internacional como el pacto de San José de Costa Rica, tratado que firmó Bolivia, "que dice que los funcionarios públicos tienen la obligación de tolerar más la difamación e inclusive las injurias y calumnias porque son parte de la crítica que el pueblo le hace a los gobernantes y eso es un derecho superior incluso al derecho al honor que pueda tener un funcionario público”.
Punto de vista
Mariana Leytón
Experta en tecnología y democracia
"Se debería invertir en capacitar a la Policía y Fiscalía ”
Para analizar si sería necesario que los Estados regulen las redes sociales, miremos las ideas propuestas por el diputado Víctor Borda y pensemos si estos temas deberían ser tocados por el Estado de alguna manera.
¿A qué se refiere Borda con "una violación de datos”? Si un Estado quiere proteger el uso de los datos personales de una persona mediante una norma, debe definir qué son datos personales y cuáles son las condiciones para usarlos. El consentimiento de una persona sobre sus datos personales, por ejemplo, debe ser reconocido como base para poder utilizar servicios como Facebook o Whatsapp.
Un segundo tema que propone Borda es el de penar la afectación de la honra en redes sociales. Hay que tomar en cuenta que la difamación está ya penada por ley, y que si de esto se trata, el Gobierno haría mejor en invertir recursos para capacitar a la Policía y a la Fiscalía, así como para concienciar a la ciudadanía, sobre cómo seguir procesos de difamación en internet.
De hecho, el Gobierno, a través de un equipo técnico de la Primera Vicepresidencia de la Cámara de Senadores, en colaboración con la Fundación REDES, ya está trabajando en un proceso que incorpora un diagnóstico sobre qué formas de violencia digital existen en el país, una capacitación institucional en el tema de enfrentar la violencia digital y recomendaciones, protocolos y estándares de prevención, atención y erradicación de la violencia digital”. En lugar de presentar propuestas aceleradas, el Gobierno podría promover este tipo de iniciativas.
