Suiza rechaza la expulsión automática de extranjeros por delitos menores
Los votantes frenan en las urnas con un 58,9% la propuesta de la derecha populista
S. V.
Madrid, El País
Los suizos han acudido este domingo a las urnas para decidir si endurecen drásticamente su ley de extranjería y permiten la expulsión de extranjeros no solo por delitos graves, sino también por infracciones menores. Tras una intensa campaña en torno a la polémica propuesta, los votantes han rechazado con un 58,9% la iniciativa de la derecha populista.
El partido UDC-SVP llevó a las urnas una propuesta que insistía en la deportación por delitos graves como el homicidio o los abusos sexuales, que ya aprobó el pueblo suizo, y extendía la medida a extranjeros que acumulen dos faltas leves. Además, reclamaba que la expulsión se aplicara automáticamente, sin que pudieran intervenir los jueces. Una condena por insultos a un funcionario, sumada a una multa por una infracción de tráfico, hubieran sido suficientes para echar al afectado del país helvético.
La radicalidad de la propuesta ha provocado una inusual movilización en su contra, que al final ha sido decisiva para dar la vuelta a unas encuestas que a finales del año pasado cifraban en torno al 60% el apoyo a la iniciativa. La participación superó el 60%, claramente superior a la habitual en este tipo de consultas en Suiza. Varias comisiones ciudadanas lanzaron una intensa campaña por el no, apoyada por juristas, fiscales, organizaciones de derechos humanos y algunas patronales. A los opositores se sumaron también el Gobierno federal y el Parlamento, que advirtieron de que la aprobación rompía con principios básicos como la igualdad ante la ley y convertiría a los extranjeros, muchos de ellos asentados e integrados en el país desde hace décadas, en ciudadanos de segunda clase.
“Es una victoria para nuestros derechos y libertades”, celebraron tras conocerse el resultado desde una de las comisiones contrarias a la iniciativa. “La ciudadanía ha despertado” y ha antepuesto el Estado de derecho a las ansias de poder “totalitarias”, destacaron los socialdemócratas suizos en un comunicado. La UDC-SVP, por su parte, lamentó la desestimación de su planteamiento, al tiempo que intentó relativizar la contundencia del rechazo de los votantes resaltando el 41% de apoyo logrado “pese a la campaña masiva en contra”.
El Ejecutivo federal llegó a calificar la iniciativa de "inhumana" y alertó de que ignoraba "las reglas básicas de la democracia" al dejar sin margen de actuación a la justicia y al Parlamento. Además, resaltó que chocaba con la declaración europea de derechos humanos y hubiera complicado aún más la negociación con la UE para poner límites a la inmigración -como decidieron los suizos en otro plebiscito impulsado por la UDC-SVP en 2014-, algo que contraviene el acuerdo de libre circulación en territorio comunitario al que se sumó Suiza.
Con el resultado ya definido, la consejera de Justicia y Policía (equivalente a una ministra), Simonetta Sommaruga, destacó la implicación de la sociedad civil en el debate y reiteró que los "secondos", hijos de inmigrantes criados en Suiza, son parte de su sociedad "y deben ser tratados decentemente". "Ha sido un buen día para el Estado de derecho", afirmó Sommaruga, quien pidió diálogo para superar las diferencias en torno al debate migratorio.
Nuevo túnel en el San Gotardo
La atención de la jornada de votación de este domingo se ha centrado en la iniciativa sobre la expulsión de extranjeros criminales, pero esa no ha sido la única decisión tomada por la población suiza en las urnas. El 57% aprobó la decisión del Gobierno federal de construir una segunda galería en el túnel del San Gotardo, que atraviesa los Alpes y conecta la circulación viaria entre el norte y sur de Europa. El proyecto, que prevé también el saneamiento del actual túnel, supone una inversión total de 2,800 millones de francos (unos 2.570 millones de euros).
Los votantes, en cambio, rechazaron por un estrechísimo margen del 50,8% otra iniciativa polémica impulsada por los democristianos de la CVP. La propuesta pretendía en primer instancia eliminar una desigualdad fiscal que afecta a una parte de los matrimonios que realizan la declaración conjunta. Sin embargo, el texto introducía casi de pasada una definición del matrimonio como la unión de un hombre y una mujer, lo que levantó las protestas de las organizaciones LGTB, entre otros colectivos. La aprobación hubiera supuesto un importante obstáculo para el debate sobre la aprobación del matrimonio homosexual, ya avanzado en el Parlamento y que, según las encuestas, cuenta con la aceptación de la mayoría de la población.
La consulta ha puesto de manifiesto una vez más la división de la sociedad suiza en torno a la inmigración y la política de asilo. Una cuarta parte de la población, de un total de 8,3 millones de habitantes, no tiene pasaporte suizo y la UDC-SVP, partido mayoritario en el Parlamento con un 30%, ha convertido las propuestas de restricción a la entrada de más extranjeros en el país en su principal objetivo político.
En 2010, la formación ya logró en otra consulta el respaldo del 52,3% de los votantes para introducir la expulsión de criminales extranjeros por delitos graves como el homicidio, los abusos sexuales o robos con allanamiento. En la propuesta también se incluyó la deportación en casos de fraude en la percepción de ayudas sociales. El Parlamento cumplió con el mandato popular de reformar la ley, pero introdujo una cláusula que permite a los jueces aplicar excepciones. La UDC-SVP no esperó a la reforma legal para lanzar la iniciativa desechada este domingo, con la que pretendía que las expulsiones fueran automáticas y se ampliaran a infracciones menores.
La polarización en torno a la iniciativa ha llenado las calles de propaganda a favor y en contra. La UDC-SVP ha echado mano de unos carteles que ya fueron tachados de xenófobos en campañas anteriores y en los que una oveja blanca expulsa del país a otra negra de una patada. A esa identificación de los extranjeros como ovejas negras, los opositores han respondido con vídeos de casos ficticios de familias rotas por tropiezos menores con la justicia y anuncios en los que un bola de demolición destruye a Helvetia, el símbolo nacional femenino de Suiza. En la recta final de la campaña, algunos detractores han cosechado duras críticas por un cartel ya retirado en el que la cruz blanca de la bandera suiza se transformó en una esvástica.
Madrid, El País
Los suizos han acudido este domingo a las urnas para decidir si endurecen drásticamente su ley de extranjería y permiten la expulsión de extranjeros no solo por delitos graves, sino también por infracciones menores. Tras una intensa campaña en torno a la polémica propuesta, los votantes han rechazado con un 58,9% la iniciativa de la derecha populista.
El partido UDC-SVP llevó a las urnas una propuesta que insistía en la deportación por delitos graves como el homicidio o los abusos sexuales, que ya aprobó el pueblo suizo, y extendía la medida a extranjeros que acumulen dos faltas leves. Además, reclamaba que la expulsión se aplicara automáticamente, sin que pudieran intervenir los jueces. Una condena por insultos a un funcionario, sumada a una multa por una infracción de tráfico, hubieran sido suficientes para echar al afectado del país helvético.
La radicalidad de la propuesta ha provocado una inusual movilización en su contra, que al final ha sido decisiva para dar la vuelta a unas encuestas que a finales del año pasado cifraban en torno al 60% el apoyo a la iniciativa. La participación superó el 60%, claramente superior a la habitual en este tipo de consultas en Suiza. Varias comisiones ciudadanas lanzaron una intensa campaña por el no, apoyada por juristas, fiscales, organizaciones de derechos humanos y algunas patronales. A los opositores se sumaron también el Gobierno federal y el Parlamento, que advirtieron de que la aprobación rompía con principios básicos como la igualdad ante la ley y convertiría a los extranjeros, muchos de ellos asentados e integrados en el país desde hace décadas, en ciudadanos de segunda clase.
“Es una victoria para nuestros derechos y libertades”, celebraron tras conocerse el resultado desde una de las comisiones contrarias a la iniciativa. “La ciudadanía ha despertado” y ha antepuesto el Estado de derecho a las ansias de poder “totalitarias”, destacaron los socialdemócratas suizos en un comunicado. La UDC-SVP, por su parte, lamentó la desestimación de su planteamiento, al tiempo que intentó relativizar la contundencia del rechazo de los votantes resaltando el 41% de apoyo logrado “pese a la campaña masiva en contra”.
El Ejecutivo federal llegó a calificar la iniciativa de "inhumana" y alertó de que ignoraba "las reglas básicas de la democracia" al dejar sin margen de actuación a la justicia y al Parlamento. Además, resaltó que chocaba con la declaración europea de derechos humanos y hubiera complicado aún más la negociación con la UE para poner límites a la inmigración -como decidieron los suizos en otro plebiscito impulsado por la UDC-SVP en 2014-, algo que contraviene el acuerdo de libre circulación en territorio comunitario al que se sumó Suiza.
Con el resultado ya definido, la consejera de Justicia y Policía (equivalente a una ministra), Simonetta Sommaruga, destacó la implicación de la sociedad civil en el debate y reiteró que los "secondos", hijos de inmigrantes criados en Suiza, son parte de su sociedad "y deben ser tratados decentemente". "Ha sido un buen día para el Estado de derecho", afirmó Sommaruga, quien pidió diálogo para superar las diferencias en torno al debate migratorio.
Nuevo túnel en el San Gotardo
La atención de la jornada de votación de este domingo se ha centrado en la iniciativa sobre la expulsión de extranjeros criminales, pero esa no ha sido la única decisión tomada por la población suiza en las urnas. El 57% aprobó la decisión del Gobierno federal de construir una segunda galería en el túnel del San Gotardo, que atraviesa los Alpes y conecta la circulación viaria entre el norte y sur de Europa. El proyecto, que prevé también el saneamiento del actual túnel, supone una inversión total de 2,800 millones de francos (unos 2.570 millones de euros).
Los votantes, en cambio, rechazaron por un estrechísimo margen del 50,8% otra iniciativa polémica impulsada por los democristianos de la CVP. La propuesta pretendía en primer instancia eliminar una desigualdad fiscal que afecta a una parte de los matrimonios que realizan la declaración conjunta. Sin embargo, el texto introducía casi de pasada una definición del matrimonio como la unión de un hombre y una mujer, lo que levantó las protestas de las organizaciones LGTB, entre otros colectivos. La aprobación hubiera supuesto un importante obstáculo para el debate sobre la aprobación del matrimonio homosexual, ya avanzado en el Parlamento y que, según las encuestas, cuenta con la aceptación de la mayoría de la población.
La consulta ha puesto de manifiesto una vez más la división de la sociedad suiza en torno a la inmigración y la política de asilo. Una cuarta parte de la población, de un total de 8,3 millones de habitantes, no tiene pasaporte suizo y la UDC-SVP, partido mayoritario en el Parlamento con un 30%, ha convertido las propuestas de restricción a la entrada de más extranjeros en el país en su principal objetivo político.
En 2010, la formación ya logró en otra consulta el respaldo del 52,3% de los votantes para introducir la expulsión de criminales extranjeros por delitos graves como el homicidio, los abusos sexuales o robos con allanamiento. En la propuesta también se incluyó la deportación en casos de fraude en la percepción de ayudas sociales. El Parlamento cumplió con el mandato popular de reformar la ley, pero introdujo una cláusula que permite a los jueces aplicar excepciones. La UDC-SVP no esperó a la reforma legal para lanzar la iniciativa desechada este domingo, con la que pretendía que las expulsiones fueran automáticas y se ampliaran a infracciones menores.
La polarización en torno a la iniciativa ha llenado las calles de propaganda a favor y en contra. La UDC-SVP ha echado mano de unos carteles que ya fueron tachados de xenófobos en campañas anteriores y en los que una oveja blanca expulsa del país a otra negra de una patada. A esa identificación de los extranjeros como ovejas negras, los opositores han respondido con vídeos de casos ficticios de familias rotas por tropiezos menores con la justicia y anuncios en los que un bola de demolición destruye a Helvetia, el símbolo nacional femenino de Suiza. En la recta final de la campaña, algunos detractores han cosechado duras críticas por un cartel ya retirado en el que la cruz blanca de la bandera suiza se transformó en una esvástica.
