Monterrey, último capítulo de una historia de horror
Las cárceles sufren problemas de hacinamiento, corrupción y atención médica, entre otros
Pablo Ferri
México, El País
El motín en el penal de Monterrey es el último capítulo de violencia en las cárceles del país. En los últimos años, centros de toda la república han sido escenario de peleas y disputas que algunas veces han terminado con víctimas mortales. La de Topo Chico es sin embargo la mayor masacre carcelaria de la historia de México.
En el cárcel de Apodaca, también en Nuevo León, 44 reos murieron durante una reyerta en 2012 y 30 aprovecharon para fugarse, entre ellos dos líderes del cartel de Los Zetas.
En julio de 2011, 17 presos murieron en el Centro de Reinserción Social de Ciudad Juárez. El motivo nunca se aclaró, aunque las autoridades apuntaron primero a un ajuste de cuentas entre bandas rivales, y luego a un intento de fuga, sofocado a tiempo.
Meses más tarde, en diciembre de 2012, un grupo de presos del área de alta peligrosidad se amotinaron en el penal de Gómez Palacios en Durango, al norte del país. Nueve guardias murieron después de ser torturados. Al menos 14 reos perdieron igualmente la vida. Días después del motín trascendió que los reos disponían de llaves de todo el penal antes de hacerse con el control. También en 2012, 31 reos perdieron la vida tras una pelea en el penal de Altamira, en Tamaulipas, en la frontera este de México con Estados Unidos.
En abril de 2013, internos del penal de La Pila, en el estado de San Luis Potosí, al norte de la capital, protagonizaron un enfrentamiento que acabó de 13 de ellos. Los medios locales publicaron entonces que se trató de una caza de zetas, reos que supuestamente simpatizaban con este grupo delictivo. En este caso apareció incluso un video en que podía observarse parte de la reyerta.
En septiembre de 2008, 22 presos murieron en la penitenciaria La Mesa, en Tijuana, en la frontera n Estados Unidos.
La situación de los centros penales en México no es ideal ni mucho menos, menos la de sus internos. El año pasado, el relator especial de Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los derechos de las personas privadas de libertad, James Cavallaro, elaboró un catálogo de las fallas del sistema penal mexicano. Cavallaro señaló que las cárceles sufrían problemas de hacinamiento, corrupción, atención médica insuficiente o falta de oportunidades de reinserción. En su visita al país, entre el 22 y el 24 de septiembre del año pasado, visitó varios centros y constató por ejemplo que el reclusorio Oriente, en la Ciudad de México, con capacidad para 5.604 internos, alojaba en aquel momento a 12.883, es decir, una sobrepoblación de más del 100%. El relator visitó otro penal de la capital, el centro femenino de Santa Martha Acatitla. Allí pudo hablar con una mujer que llevaba recluida tres meses en una celda de castigo.
También por entonces, la Comisión Nacional de Derechos Humanos divulgó su informe sobre la situación carcelaria en el país. La visitadora general de la entidad, Ruth Villanueva, informó de que México tiene una sobrepoblación carcelaria del 25%, situación que apenas ha cambiado en los últimos diez años. De los 388 centros penitenciarios que hay en México, 28 presentaban una sobrepoblación de más del 40%, y 20 más del 20%. Villanueva informó además de que la cuarta parte de los 254.000 prisioneros carece de un espacio óptimo para vivir y que al menos 76 centros viven bajo un régimen de autogobierno, es decir, que son los propios presos quienes se administran.
México, El País
El motín en el penal de Monterrey es el último capítulo de violencia en las cárceles del país. En los últimos años, centros de toda la república han sido escenario de peleas y disputas que algunas veces han terminado con víctimas mortales. La de Topo Chico es sin embargo la mayor masacre carcelaria de la historia de México.
En el cárcel de Apodaca, también en Nuevo León, 44 reos murieron durante una reyerta en 2012 y 30 aprovecharon para fugarse, entre ellos dos líderes del cartel de Los Zetas.
En julio de 2011, 17 presos murieron en el Centro de Reinserción Social de Ciudad Juárez. El motivo nunca se aclaró, aunque las autoridades apuntaron primero a un ajuste de cuentas entre bandas rivales, y luego a un intento de fuga, sofocado a tiempo.
Meses más tarde, en diciembre de 2012, un grupo de presos del área de alta peligrosidad se amotinaron en el penal de Gómez Palacios en Durango, al norte del país. Nueve guardias murieron después de ser torturados. Al menos 14 reos perdieron igualmente la vida. Días después del motín trascendió que los reos disponían de llaves de todo el penal antes de hacerse con el control. También en 2012, 31 reos perdieron la vida tras una pelea en el penal de Altamira, en Tamaulipas, en la frontera este de México con Estados Unidos.
En abril de 2013, internos del penal de La Pila, en el estado de San Luis Potosí, al norte de la capital, protagonizaron un enfrentamiento que acabó de 13 de ellos. Los medios locales publicaron entonces que se trató de una caza de zetas, reos que supuestamente simpatizaban con este grupo delictivo. En este caso apareció incluso un video en que podía observarse parte de la reyerta.
En septiembre de 2008, 22 presos murieron en la penitenciaria La Mesa, en Tijuana, en la frontera n Estados Unidos.
La situación de los centros penales en México no es ideal ni mucho menos, menos la de sus internos. El año pasado, el relator especial de Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los derechos de las personas privadas de libertad, James Cavallaro, elaboró un catálogo de las fallas del sistema penal mexicano. Cavallaro señaló que las cárceles sufrían problemas de hacinamiento, corrupción, atención médica insuficiente o falta de oportunidades de reinserción. En su visita al país, entre el 22 y el 24 de septiembre del año pasado, visitó varios centros y constató por ejemplo que el reclusorio Oriente, en la Ciudad de México, con capacidad para 5.604 internos, alojaba en aquel momento a 12.883, es decir, una sobrepoblación de más del 100%. El relator visitó otro penal de la capital, el centro femenino de Santa Martha Acatitla. Allí pudo hablar con una mujer que llevaba recluida tres meses en una celda de castigo.
También por entonces, la Comisión Nacional de Derechos Humanos divulgó su informe sobre la situación carcelaria en el país. La visitadora general de la entidad, Ruth Villanueva, informó de que México tiene una sobrepoblación carcelaria del 25%, situación que apenas ha cambiado en los últimos diez años. De los 388 centros penitenciarios que hay en México, 28 presentaban una sobrepoblación de más del 40%, y 20 más del 20%. Villanueva informó además de que la cuarta parte de los 254.000 prisioneros carece de un espacio óptimo para vivir y que al menos 76 centros viven bajo un régimen de autogobierno, es decir, que son los propios presos quienes se administran.
