El caso de los niños fantasma, el último drama mexicano
El Gobierno de Morelos rescata a 61 jóvenes que vivían en un albergue privado. De acuerdo a sus números, faltan 12. Nadie sabe dónde están, nadie sabe siquiera si existen
Pablo Ferri
México, El País
Entre el 15 y el 24 de febrero, las autoridades del Gobierno de Morelos, estado aledaño a la Ciudad de México, asumieron la custodia de 61 jóvenes del albergue Amor para Compartir, un refugio privado que funcionaba en una zona boscosa de la entidad.
Ya en enero, después de visitar el centro, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Morelos, DIF, había concluido que el albergue no reunía las condiciones para hospedar a menores de edad. En la primera intervención, el 15 de febrero, el DIF se llevó a 19 menores. Para entonces ya sabía que el albergue hospedaba a 73 menores de edad. Como el centro era privado, el DIF ignoraba quienes eran los demás, no tenía registro de ellos. Sabía de los primeros 19 porque antes de llegar al albergue habían sufrido malos tratos o abandono. Su condición había generado registro en el DIF.
Después del rescate de los 19, un juez instó a las autoridades a que se hicieran con la custodia del resto. Funcionarios del DIF acudieron de nuevo al albergue. Era el 23 de febrero. De acuerdo a sus números, el DIF debería haberse llevado entonces a 54 jóvenes, pero solo encontraron a 37. Ayer, cinco más se presentaron en las oficinas de la fiscalía estatal. En este baile grotesco de números, que en realidad son niñas y niños desaparecidos, la fiscalía de Morelos busca ahora a 12 muchachos sin saber quiénes son, cómo son, siquiera si existen o no. El fiscal de Morelos, Javier Pérez Dubón, ha explicado a EL PAÍS, que los responsables del albergue no les dicen dónde podrían estar los demás. “No nos han dado explicaciones, de momento estamos verificando su existencia”.
Fuentes del Gobierno estatal sugieren además que el albergue podría haber llevado un registro falso de los muchachos, es decir, que podrían haber inflado el padrón de internos para mantener las subvenciones.
Este caso llama la atención por la falta absoluta de cuidado que han merecido los menores, algunos de ellos, como bien han explicado las autoridades, víctimas de malos tratos o abandono. Un vocero del Gobierno del estado, que comanda Graco Ramírez, del izquierdista PRD, justifica que hasta hace un año no existía una ley federal que exigiera a los estados un control sobre los centros de acogida infantil privados. Ha sido en los últimos meses cuando se han dado cuenta de la situación, explica el vocero, justo desde que el Gobierno estatal inició la regulación de los 17 centros que existen en el estado.
De cualquier manera, parece difícil creer que el DIF no atendiera el caso del Amor para Compartir, sabiendo las circunstancias de los 19 menores que habían ingresado allí. De hecho, no fue hasta el pasado 25 de enero cuando empezaron a actuar, después de que un muchacho denunciara al albergue ante la fiscalía por supuestos malos tratos recibidos en el centro.
De momento no han trascendido los motivos que alego la fiscalía para desalojar el albergue. Se ignora, por tanto, qué significa que el centro “no reunía las condiciones” o los detalles de los malos tratos denunciados por el menor, cuya identidad además se desconoce.
México, El País
Entre el 15 y el 24 de febrero, las autoridades del Gobierno de Morelos, estado aledaño a la Ciudad de México, asumieron la custodia de 61 jóvenes del albergue Amor para Compartir, un refugio privado que funcionaba en una zona boscosa de la entidad.
Ya en enero, después de visitar el centro, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Morelos, DIF, había concluido que el albergue no reunía las condiciones para hospedar a menores de edad. En la primera intervención, el 15 de febrero, el DIF se llevó a 19 menores. Para entonces ya sabía que el albergue hospedaba a 73 menores de edad. Como el centro era privado, el DIF ignoraba quienes eran los demás, no tenía registro de ellos. Sabía de los primeros 19 porque antes de llegar al albergue habían sufrido malos tratos o abandono. Su condición había generado registro en el DIF.
Después del rescate de los 19, un juez instó a las autoridades a que se hicieran con la custodia del resto. Funcionarios del DIF acudieron de nuevo al albergue. Era el 23 de febrero. De acuerdo a sus números, el DIF debería haberse llevado entonces a 54 jóvenes, pero solo encontraron a 37. Ayer, cinco más se presentaron en las oficinas de la fiscalía estatal. En este baile grotesco de números, que en realidad son niñas y niños desaparecidos, la fiscalía de Morelos busca ahora a 12 muchachos sin saber quiénes son, cómo son, siquiera si existen o no. El fiscal de Morelos, Javier Pérez Dubón, ha explicado a EL PAÍS, que los responsables del albergue no les dicen dónde podrían estar los demás. “No nos han dado explicaciones, de momento estamos verificando su existencia”.
Fuentes del Gobierno estatal sugieren además que el albergue podría haber llevado un registro falso de los muchachos, es decir, que podrían haber inflado el padrón de internos para mantener las subvenciones.
Este caso llama la atención por la falta absoluta de cuidado que han merecido los menores, algunos de ellos, como bien han explicado las autoridades, víctimas de malos tratos o abandono. Un vocero del Gobierno del estado, que comanda Graco Ramírez, del izquierdista PRD, justifica que hasta hace un año no existía una ley federal que exigiera a los estados un control sobre los centros de acogida infantil privados. Ha sido en los últimos meses cuando se han dado cuenta de la situación, explica el vocero, justo desde que el Gobierno estatal inició la regulación de los 17 centros que existen en el estado.
De cualquier manera, parece difícil creer que el DIF no atendiera el caso del Amor para Compartir, sabiendo las circunstancias de los 19 menores que habían ingresado allí. De hecho, no fue hasta el pasado 25 de enero cuando empezaron a actuar, después de que un muchacho denunciara al albergue ante la fiscalía por supuestos malos tratos recibidos en el centro.
De momento no han trascendido los motivos que alego la fiscalía para desalojar el albergue. Se ignora, por tanto, qué significa que el centro “no reunía las condiciones” o los detalles de los malos tratos denunciados por el menor, cuya identidad además se desconoce.
