Documento revela que Achacollo fraccionó proyectos del Fondioc
Ante la quiebra técnica del Fondo Indígena y la excesiva demanda de proyectos, la exministra Nemesia Achacollo autorizó el fraccionamiento, cambio de nombres y rubro de los proyectos de la entidad indígena en 2014, cuando se realizaron las elecciones presidenciales.
La denuncia fue realizada por el exdirector ejecutivo del Fondo Indígena Marco Antonio Aramayo, detenido preventivamente en el penal de San Pedro, respaldado en resoluciones ministeriales firmadas por la exministra y presidenta del directorio, Nemesia Achacollo.
"Fraccionaron (los proyectos) porque ya no podían aprobar más proyectos por la quiebra técnica en la que se encontraba el Fondo. Prueba de ello es que Achacollo firmó en 2014 resoluciones ministeriales de fraccionamiento de 405 proyectos por un monto de 380 millones de bolivianos”, explicó Aramayo.
Según el exdirector, Achacollo utilizó al Pacto de Unidad -conformado por las Bartolinas, Interculturales, CSUTCB, Conamaq y CIDOB- para que sus dirigentes se impongan por mayoría sobre la APG, CPEMB y CEPSC (también miembros del directorio) y de esa manera aprobó las resoluciones autorizando el fraccionamiento, cambio de nombres y rubros de los proyectos.
"Una vez que el directorio aprobó la resolución que autoriza el fraccionamiento, ella firmó las resoluciones ministeriales (…) con eso hacen una serie de promesas electorales a varias comunidades del país (en 2014)”, afirmó Aramayo y agregó que curiosamente en 2010 (año en que se registró elecciones municipales y departamentales) el directorio del Fondioc, presidido por Achacollo, también aprobó 3.462 proyectos a diferencia de otras gestiones como 2011, 2012 y 2013.
Un acta de 2014 reveló que el Fondo estaba en quiebra técnica y tenía una deuda de 400 millones de bolivianos.
Según la resolución 751 del 23 de julio de 2014, Achacollo autorizó el fraccionamiento de tres proyectos con un valor de 12,3 millones de bolivianos; adicionalmente autorizó el cambio de nombres de 10 proyectos y el ajuste de otros seis proyectos.
El documento, en el que se observa la firma de la exministra, señala que el fraccionamiento, cambio de nombre y ajuste se realiza "en aplicación de la Resolución de Directorio 006/2014 del 17 de febrero de 2014 o RD 015/07/2011”.
La resolución de directorio del 17 de febrero de 2014, aprobada en Huajchilla (La Paz), señala: "Aprobar el fraccionamiento del presupuesto de los proyectos de las gestiones 2010 y 2011, enmarcados en las directrices a solicitud expresa y con el correspondiente aval de su organización matriz, (que son) miembros del directorio”.
La resolución fue firmada por Hilarión Mamani, del Conamaq; Ever Choquehuanca, de los Interculturales, y Juanita Ancieta, de las Bartolinas, todos afines al MAS. También firmó el exdirigente campesino Damián Condori, quien entonces apoyaba al proceso de cambio. En el documento sólo se observa los sellos de la APG, CEPSC y CPEMB.
En el marco de la legalidad
Diego García, abogado defensor de Achacollo, afirmó que cualquier documento que haya suscrito su cliente en el Ministerio de Desarrollo Rural lo hizo porque "tenía las facultades prerrogativas de los reglamentos y normas” de la entidad indígena.
El jurista señaló que emitirá un criterio final una vez que revise y analice a detalle la resolución ministerial que firmó la exministra Achacollo. "Tengo que revisar los antecedentes; mi cliente firmó un sinfín de resoluciones en su calidad de ministra, por tanto debo revisar y ver el sentido de la resolución”, manifestó el jurista García a Página Siete.
"Se agravó la crisis de corrupción en el Fondo”
El fraccionamiento y cambio de rubro de los proyectos ahondó la crisis de corrupción porque los dirigentes, miembros del directorio del Fondo Indígena, aprovechaban para pedir diezmos a las comunidades beneficiarias, denunció Marco Antonio Aramayo, exdirector ejecutivo de la entidad indígena, ahora detenido en San Pedro.
Aramayo explicó que el fraccionamiento agravó la crisis de corrupción en el Fondo porque los dirigentes agarraban un proyecto de cinco o 10 millones de bolivianos, iban y ofrecían a las diferentes comunidades proyectos y a cambio pedían "diezmos”.
"Los beneficiarios de los fraccionamientos no sabían y los dirigentes ofrecían proyectos y decían: ‘tengo dos millones, un millón para un proyecto, te doy pero de ahí me das un porcentaje’; eso hacían los dirigentes miembros del directorio del Fondo Indígena”, sostuvo Aramayo.
En enero pasado, la defensa de Aramayo, Héctor Castellón, denunció que su cliente en 2013 y 2014 inició siete acciones judiciales, tres acusaciones por delitos de malversación de fondos, dos por discriminación y actos irregulares, uno por cobro irregular del 10% de los proyectos; además se inició una querella por nombramiento ilegal, ejercicio indebido de la profesión y daño económico al Estado.
Las irregularidades del Fondo fueron denunciadas por Aramayo desde diciembre de 2013, pero recién en febrero de 2015 la Contraloría confirmó un daño económico al Estado de 71 millones de bolivianos.
